El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a dos hombres acusados del secuestro extorsivo seguido de muerte de una adolescente, ocurrido el pasado 20 de noviembre, en el barrio porteño de Flores. Además, dispuso trabar embargos sobre los bienes de los imputados por la suma de 4,5 millones de pesos. La Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, tuvo delegada la investigación y contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En línea con el requerimiento de la Fiscalía, el magistrado procesó a los imputados por secuestro extorsivo agravado por haber obtenido el pago del rescate, por ser la víctima menor de edad, por la existencia de un vínculo, por el número de intervinientes y por haberle provocado intencionalmente la muerte. También fueron acusados de resistencia a la autoridad por cometerse mediante el uso de un arma de fuego y portación de arma de guerra.

En la primera parte del fallo, el juzgado centró su análisis en la privación ilegítima de la libertad padecida por la menor, la exigencia del rescate, el pago y la muerte de la joven. En este sentido, tuvo por acreditado que existía un vínculo de confianza y cercanía entre la víctima y uno de los imputados, del cual éste se valió, para que junto al otro acusado cometieran el hecho. Además, el magistrado refirió que uno de los imputados era un “tío de afecto” de la menor de edad, por lo que no podía ser desconocido el estado de vulnerabilidad de la víctima, ya sea por su inmadurez y/o desarrollo físico, y en ese sentido tenían “pleno conocimiento” de la persona que estaban secuestrando.

Asimismo, el juez Bonadío refirió que “el modo y la fuerza con el que fue atada (la víctima) demuestra una clara intención de provocarle la muerte (…) la niña no presentaba un gran porte ni es posible apreciarla como una amenaza para contención de los captores. Entonces no se explica sino a través de la intencionalidad que haya sido atada del modo en que fue hallada”.

“El objeto de los imputados excedía el ocultar, tapar o sujetar a la menor de edad para no ser descubiertos, la ubicación de los elementos y la fuerza con la que fueron atados demuestran  que la muerte de la menor fue provocada intencionalmente. El actuar de los imputados no se explica sino a través de una plena convergencia entre su voluntad y conocimiento del resultado que provocarían”, afirmó en la resolución.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 también se expidió sobre la acusación de resistencia a la autoridad y concluyó que conforme surge de las declaraciones del personal policial de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina, los imputados se resistieron a la autoridad cuando intentaron evadir el control policial de rutina y luego con la posterior persecución vehicular. Finalmente, el juzgado se pronunció sobre la acusación de portación de arma de guerra.

Además del procesamiento el magistrado ordenó la prisión preventiva de los imputados por la gravedad de los hechos investigados y, en efecto, el peligro de fuga., al tiempo que dispuso trabar embargos sobre sus bienes por la suma de 4,5 millones de pesos.

La investigación

La joven fue secuestrada el pasado 20 de noviembre cerca de las 17:30 hs, cuando salía del colegio al que asistía en el barrio de Flores. La fiscalía tomó conocimiento de los hechos pasadas las 20 horas, luego que la madre de la víctima se presentara en sede policial a realizar la denuncia por haber recibido llamados extorsivos.

Posteriormente, se acordó el pago del rescate en las inmediaciones de Chiclana y la Avenida Boedo, el que se produjo pasada la medianoche. La División Operativa Central de la PFA llevó adelante el seguimiento del vehículo y, luego de una persecución, logró la detención de los dos imputados que iban a bordo y el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 15 años, secuestrada horas antes.

La fiscal federal Alejandra Mángano llevó adelante la investigación del caso y, entre las medidas de prueba oportunamente requeridas, solicitó que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realice la autopsia de la víctima teniendo en cuenta el Protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres elaborado por  la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).