Luego de desbaratada una organización con rasgos de secta religiosa, que sometía a sus víctimas a la servidumbre, la explotación laboral y abusos sexuales, el juez Santiago Inchausti -en línea con la investigación en la que intervino la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizik- resolvió el procesamiento con prisión preventiva de los cinco acusados, a quienes se les trabó embargo por 10 millones de pesos. Si bien son cinco las víctimas por las que se dictaron los procesamientos, serían más de 30.-

La causa tiene su inicio en la justicia provincial, a partir de una denuncia efectuada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación: allí había llegado una denuncia anónima sobre situaciones de explotación y abusos sexuales de una secta que actuaba desde el Hotel City, situado en pleno centro marplatense, en Diagonal Alberdi al 2500. Esto fue ratificado y detallado por cinco de las víctimas de la secta donde se encontraban inmersas por circunstancias ajenas a su voluntad, y donde permanecían cautivos a través de la imposición de temor, violencia, encierro, exhibición de armas o golpizas. Reunidos distintos elementos, y en base a las declaraciones recibidas, la jueza de Garantías N°6 declinó la competencia al fuero federal y en el mismo sentido se expresó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, aceptando la competencia la justicia federal.-

El avance de la investigación permitió determinar que las cinco personas procesadas formaron parte -al menos desde principios de la década del 70 y hasta el día del allanamiento, el pasado 3 de julio- de una organización delictiva con rasgos de secta religiosa. Bajo la apariencia de un ministerio o grupo de yoga con influencias de la filosofía hindú, alumnos y alumnas convivían bajo el mismo techo que su maestro en el Hotel City desde el 2005, y anteriormente en una casa del conurbano bonaerense e incluso en Venezuela.

La intención de la congregación era captar y acoger a personas en situaciones de vulnerabilidad -marcada por su escasa edad, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y de educación-, convencerlas de hacer aportes económicos a las arcas de la organización, y reducirlas a la servidumbre con el objeto de explotarlas económica y laboralmente y someterlas sexualmente.

Entre las víctimas no distinguía entre sus propios hijos  y los de personas ajenas a su grupo familiar. El líder de la organización sometía a las víctimas al aislamiento social -no asistían a  la escuela, no se relacionaban con el exterior, se movían en grupo, no podían comunicarse con los miembros que habían decidido irse y eran vigiladas por cámaras de seguridad-,  tenía hijos con las mujeres que captaba; los obligaba a mantener relaciones sexuales entre quien él elegía bajo la excusa de ser un “aprendizaje sexual”, no le importaba que se tratara de menores de edad y los filmaba mientras lo hacían.

Además, se apropiaba de los bienes de las nuevas víctimas que captaba y quienes trabajaban en el hotel lo hacían a cambio de un valor simbólico de dinero, el alojamiento y la comida, o les hacía creer que era comunitario el trabajo, cuando sólo él se beneficiaba. Las torturas físicas y psicológicas también eran parte de la vida cotidiana en el lugar, tanto a menores como a los adultos. De modo coincidente, los testigos/víctimas relataron haber sufrido o visto palizas, golpes, estar colgados de una soga por una largo rato, asfixias con agua, simulacros de fusilamientos, picana eléctrica, entre otros tormentos.

Quien estaba al frente de la organización cumplía el rol de “guía espiritual” en la congregación que él mismo había fundado, daba las directivas en el hotel y tendría un completo control sobre las vidas y acciones de las víctimas. En su accionar también colaboraron su pareja, quien estuviera al frente de la “cooperativa” administradora del emprendimiento hotelero; y tres sujetos que eran de confianza del líder y desempeñaban distintas tareas en la organización.

“Estamos básicamente en situaciones de esclavitud o análogas que quedan atrapadas por los delitos de reducción a servidumbre o trata de personas, prohibido por nuestra Constitución Nacional y sancionado penalmente por el artículo 140 del Código Penal, desde su sanción en 1921, y por el artículo 145 bis y ter del mismo Código Penal, desde el año 2008”, sostuvo el juez Santiago Inchausti al fundamentar los procesamientos.

En este sentido, planteó que las conductas delictivas respecto de las cinco víctimas comenzaron en antigua data, pero que nunca cesaron a lo largo de tres o cuatro décadas, por lo que debe ser tratado como “un delito permanente”, y en consecuencia, se le van aplicando la sucesión de leyes penales que se han ido sancionando en su transcurso. En efecto, la reducción a la servidumbre que comenzó con la hija menor de edad y las otras cuatro víctimas captadas se fue extendiendo en el tiempo y, en el año 2008, con la sanción del delito de trata de persona, continuó como este delito bajo la modalidad del acogimiento hasta que cesó el delito recientemente.

Por otro lado, la resolución repara, para dimensionar la capacidad de acción de los acusados en relación a la eliminación de aquellas personas a las que consideraban adversarias a sus fines, en los  testimonios que los vincula con delitos de suma gravedad, que por cuestiones temporales y/o territoriales no resultan objeto de la presente causa: hubo quienes hablaron de desaparición de personas, torturas y homicidios contra personas que intentaron escapar de la red de trata en la que estaban sometidos.

REDUCCIÓN  A LA SERVIDUMBRE Y TRATA

Los hechos reseñados, de acuerdo a la resolución del juez Inchausti, tienen en principio su encuadre legal en el delito de reducción a la servidumbre, que concurre de forma ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de intimidación y coerción, abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de personas sobre las que se tuvo autoridad, por la cantidad de víctimas, la cantidad de victimarios, por ser ministro o autoridad de culto, y por la consumación de la explotación.

ABUSOS SEXUALES Y TORTURAS

Además de la reducción a la servidumbre y la explotación laboral, el líder de la organización sometió -con la participación necesaria de su pareja- a algunas de las víctimas a diferentes delitos contra la integridad sexual: les efectuó personalmente tocamientos, abusos sexuales con acceso carnal y, a su vez, obligó a contraer relaciones sexuales a los fieles y a los integrantes de su familia entre sí, de acuerdo consta en la resolución judicial.

Una de las víctimas relató que el principal de los investigados abusó de ella desde los seis años, con la complicidad de su madre. Los abusos con acceso carnal comenzaron a los 13 años y recibía castigos si se negaba. Como consecuencia de los sometimientos, relató que a los 28 años tuvo una hija, de quien también intentó abusar cuando la niña cumplió 13. Constan en la causa otros testimonios que dan cuenta de las situaciones de abuso que se repetían por parte del principal acusado.

Otra de las víctimas relató también que tenía el recuerdo de las palizas que le propinaba, por lo que le tenían terror: les pegaba con un cinturón, las quemaba con un encendedor. Dijo que  “a lo último ya ni me dolía”; y que quedaba paralizada cada vez que sabía que venía una paliza.

Fruto de los abusos, el principal imputado habría tenido, según relato de las víctimas, quince hijos, trece de ellos con seis madres diferentes y los restantes con dos de sus hijas biológicas. A excepción de uno -e instigados por el responsable de la secta-, habrían sido inscriptos como hijos biológicos de otros miembros de la congregación, lo que configuraría falsedades documentales y/o declarativas. También es materia de investigación, ante los indicios recolectados, que el líder -con la complicidad de los coimputados- habría obligado a fieles de la organización a contraer matrimonios forzados. En relación a estos delitos, como a la situación de 30 posibles nuevas víctimas, el juez instructor ordenó nuevas medidas de prueba.

NUEVE ARMAS Y OBSTRUCCIÓN DEL ALLANAMIENTO

Al realizarse el allanamiento se encontraron nueve armas entre escopetas, carabinas, una pistola, revólveres y un fusil, junto a importante cantidad de municiones. Si bien dos de los imputados tenían autorización para poseer parte del armamento, lo cierto es que la mayoría de las armas estaban registradas a nombre de una de las víctimas y que la ubicación en la que estratégicamente se encontraban dispuestas -en la habitación principal, contigua y antebaño-, da cuenta de la posibilidad de su utilización, indistintamente, por cualquiera de los imputados, circunstancia que no escapaba del conocimiento de las víctimas a quienes el mensaje estaba dirigido.

Otro de los delitos imputados a tres miembros de la organización es la resistencia a la autoridad, dado que intentaron impedir el accionar policial al momento del allanamiento. Quien estaba como conserje se negó a abrir la puerta y dijo desconocer al principal imputadocuando el personal policial logró ingresar al hotel; mientras que otros dos imputados agredieron a viva voz a los uniformados.

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

A los fines de brindar asistencia a las víctimas, se ha dado intervención al Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y a la Oficina de Atención de Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mar del Plata.