El Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a Marcos Di Palma por el delito de interrupción del transporte de energía eléctrica, que en diciembre de 2017 afectó a la localidad de Capitán Sarmiento, y ordenó el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 400 mil pesos. El magistrado, en línea con el titular de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, Matías Di Lello, explicó que al momento de los hechos el imputado carecía de licencia actualizada y de apto psicofísico para manejar la aeronave. Asimismo, consideró que la avioneta tampoco contaba con el mantenimiento legalmente establecido, por lo que no se encontraba apta para volar.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado, oportunamente, la indagatoria del ex corredor de Turismo Carretera. En ese documento indicó que se encontraba “comprobada la interrupción del transporte de energía eléctrica, que ello fue causa del corte de un cable de alta tensión colisionado por el avión que conducía Di Palma y que ello acaeció por volar por debajo de la altura de vuelo reglamentaria”.
De la cantidad de prueba reunida, el MPF destacó varios testimonios de quienes presenciaron el hecho cuando trabajaban en una obra a pocos metros de donde ocurrió el accidente. Además, hizo hincapié en la declaración brindada por el mecánico de mantenimiento de aeronaves y empleado de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, Ezeguiel Haag, quien en el marco de sus funciones, se presentó en el lugar del hecho a fin de recabar la mayor cantidad de elementos que le permitieron determinar las causas de lo ocurrido. En ese marco, el especialista relató: “el piloto no sólo sobrevolaba a una altura reglamentaria no permitida, sino que además no poseía su licencia de piloto actualizada, la aeronave piloteada no se encontraba en condiciones para volar y la misma era piloteada sin la debida autorización de su verdadero propietario”.
La Fiscalía explicó que el actual legislador provincial, según los antecedentes remitidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no es la primera vez que efectúa maniobras imprudentes a bordo de la avioneta en cuestión -carente de habilitación- o efectúa viajes sin poseer la autorización para manejarla.
La causa se inició a raíz de la denuncia que formuló un empleado de la empresa de Transporte de Energías de Buenos Aires ante la Comisaría de la localidad de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires. El denunciante reseñó que el 4 de diciembre de 2017 recibió un llamado telefónico del Centro Operativo con base en Ezeiza haciéndole saber que toda la localidad de Capitán Sarmiento se había quedado sin suministro eléctrico debido a una falla en el kilómetro 178.5 de la Ruta 8. Personal especializado de la Policía de la provincia de Buenos Aires constató que una avioneta que volaba de la localidad de Arrecifes a Sarmiento pasó por arriba del puente del Río Arrecifes y colisionó con uno de los tres cables de alta tensión, lo que produjo su rotura y la caída al piso de parte de la aeronave.