El Juzgado Federal de Santa Rosa procesó sin prisión preventiva a un albañil acusado de intimidación pública al presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El juez Juan José Baric hizo lugar al pedido realizado por Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de esa ciudad, quien había solicitado el procesamiento luego de que el acusado publicase una foto en Facebook de un arma de fuego con amenazas a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

La causa tuvo su origen luego de que la División Investigaciones de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal Argentina tomase registro de que en la red social Facebook un usuario había publicado una imagen de un fusil, solicitando uno de ellos para “bajar” -según sus palabras- al presidente Macri y la gobernadora Vidal. Tras dar intervención al Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dio aviso a la División Custodia Presidencial y a la Custodia de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

Finalmente, al tomar registro de que el usuario de la red social provenía de La Pampa, se dio competencia a la justicia y la fiscalía federales, y se realizaron diversas diligencias, que incluyeron el allanamiento del domicilio del imputado y su posterior detención. Al momento de brindar declaración indagatoria, el hombre aseguró que se hallaba molesto por la situación económica que estaban pasando tanto él como su familia, y que eso lo llevó a hacer la publicación, de la que se mostró arrepentido y se ofreció a pedir las disculpas del caso a los amenazados. Al ser interrogado sobre si entendía que ese posteo podía ser considerado como una intimidación, contestó que no, que caso contrario no lo hubiera hecho, y que pensó que era “un comentario más de los tantos que había visto”.

La resolución del juez

Para el juez Baric, dado el tenor de la fotografía y la frase que la acompañaba “no se trató de meras comunicaciones sin repercusión de ningún tipo ni resultaron inconsistentes o burdas; por el contrario, el mensaje fue claramente intimidatorio, logró el resultado querido y queda demostrada la idoneidad que tuvieron para infringir la conducta que se le reprocha”. El magistrado valoró también los antecedentes penales del imputado, entre los que se encuentran la autoría penal de un robo calificado por el uso de arma y un juicio abreviado por encubrimiento, lo que lleva a inferir “que mal podría el imputado afirmar que desconoce que su accionar provocaría consecuencias de índole penal, ya que en otras oportunidades las ha sufrido”. 

Si bien la defensa del acusado solicitó la figura de amenazas agravadas por el uso de arma y por ser anónimas, Baric desestimó este pedido dado que las frases fueron dirigidas al presidente de la República y a la gobernadora de la provincia más densamente poblada del país, y que “hubo además que reforzar tanto la custodia presidencial como la de la gobernadora ante el peligro que pudo resultar de la frase unida a la imagen ubicada por el imputado en su red social". 

Por este motivo, la justicia federal decidió procesar al imputado y trabar también un embargo de $70.000 por el delito de intimidación pública. Dado que esta figura prevé una pena de dos a seis años de reclusión, y al no advertirse existencia alguna de riesgo procesal, se dictó la medida sin prisión preventiva.