En el marco de las investigaciones desarrolladas por la titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, y por orden del juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella, anoche fue detenido el responsable de la delegación La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo “Pata” Medina, quien será indagado en las próximas horas por los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y extorsión.

Lavado de activos

En agosto pasado, la fiscal Cavallo impulsó la investigación por lavado de activos contra Medina, María Fabiola García, pareja del sindicalista; Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontán, en su carácter de presidente y directora, respectivamente, de la firma Abril Catering S.A.; y Gabriela Betsabe Masselos, esposa de Homs.

La causa se inició en virtud de una denuncia anónima recibida, a fines de julio pasado, en el Juzgado Federal de Quilmes, donde se indicaba que Homs y Frontán “habían incrementado desproporcionalmente su patrimonio en los últimos años, mediante la realización de actividades de intermediación financiera, de compra de cheques y descuento de cheques, por montos cercanos a los veinticuatro millones de pesos ($24.000.000), utilizando para ello la empresa denominada Abril Catering S.A.”.

Además, la denuncia señalaba que Homs y Frontán “habrían canalizado dinero ilícito proveniente de sus actividades financieras y de maniobras extorsivas llevadas a cabo por Juan Pablo Medina (…) a empresas constructoras”, al tiempo que se indicaba que la firma Abril Catering S.A. “sería titular de al menos cuarenta (40) vehículos de alta gama, camiones utilitarios, incluida una aeronave y un barco, que no se condicen con el giro de negocios declarados por la sociedad”.

La fiscal Cavallo consultó bases de datos y solicitó informes a distintas reparticiones gubernamentales, de las que se desprende la existencia real de las personas físicas y jurídicas denunciadas, su situación financiera y la titularidad de 39 vehículos, todo lo cual -concluyó- da sustento a los hechos denunciados.

Por esa razón, la representante del Ministerio Público Fiscal les imputó a Homs, Frontán y Masselos “el haber realizado actividades de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente, como así también la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran apariencia de origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($300.000)”, al tiempo que consignó que “no podrían ser ajenos a las maniobras denunciadas el delegado de La Plata de la UOCRA Juan Pablo Medina y su esposa María Fabiola García”.

Extorsión

Por otra parte, la Fiscalía Federal de Quilmes lleva adelante una investigación contra los directivos de la empresa Coninsa S.A., y los responsables, secretarios y personal jerárquico de las seccionales Quilmes y La Plata de la UOCRA.

Esa pesquisa tuvo origen en una audiencia por una acción de amparo colectivo, interpuesta por vecinos de la localidad bonaerense de Hudson, en la que se denunció la comisión de diversos hechos ilícitos en las inmediaciones de la Estación “Pereyra” de la línea ferroviaria Roca, donde debían construirse nuevos andenes. Los representantes del Estado Nacional manifestaron que las citadas obras “se encontraban paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) –Quilmes y La Plata- que se disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa constructora Coninsa S.A.”.

Además, se consignó que la empresa efectuó una denuncia penal por un tiroteo entre las dos facciones gremiales, que luego acordaron realizar las obras. Sin embargo, la UOCRA le informó a Coninsa S.A. el incremento de los costos previstos para la instalación de los andenes, “por lo que de ese traslado el Estado Nacional debía analizar la conveniencia de dicho gasto extraordinario ya que los costos que primigeniamente se encontraban pautados no fueron cumplidos por la UOCRA y no se encontraban previstos en la contratación”.

En razón de esa información, el 6 de septiembre pasado, la fiscal Cavallo consideró que debían investigarse el delito de extorsión por “las indebidas exigencias dinerarias reclamadas al Estado Nacional –Ministerio de Transporte- por parte de las sedes Quilmes y La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y eventualmente por la empresa constructora Coninsa S.A. (encargada de la construcción de los andenes de la Estación Pereyra) a fin de poder realizar los trabajos para los cuales se había obligado generando ello no sólo un retardo en su construcción, sino también un incumplimiento en la medida cautelar” dictada por el juez en el marco del expediente civil, ya que por el conflicto gremial se aplazaron y paralizaron las obras.

Detenciones

En base a las pruebas colectadas en ambas investigaciones, la representante del Ministerio Público Fiscal, le solicitó al responsable del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Armella, que ordene la detención de los imputados, a fin de que sean indagados por los hechos que se les imputan.

Tras pasar unas horas prófugo de la Justicia, Medina se entregó anoche en su vivienda de La Plata. Asimismo se detuvo a su hijo y a su cuñado, y a otras dos personas que estaban en el sindicato con bombas molotov. Todos ellos brindarán su declaración ante el juez.

Por otra parte, se solicitó la captura de los responsables de la empresa Abril Catering S.A., Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontán, quienes permanecen prófugos.