La titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Cavallo, impulsó la acción penal y, por tanto, solicitó que se investigue a la intendenta del Municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos. La representante del MPF solicitó la producción de una serie de medidas probatorias y anticipó en su escrito que convocará a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que la asista en la investigación.

La presentación de la fiscalía fue formulada ayer ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula el necesario impulso de la acción penal por parte del MPF para iniciar una investigación. En la pieza, la fiscal Cavallo repasó las publicaciones periodísticas de los portales El Disenso y Clarin.com que dan cuenta de una serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado.

La denuncia que dio origen a las actuaciones fue formulada ante el Juzgado Federal por el apoderado del Municipio, quien en su presentación del 25 de abril pasado detalló los términos de la publicación realizada por El Disenso y aseguró que el personal de la Municipalidad obró dentro del marco legal y cumpliendo cada paso del proceso administrativo, y negó cualquier relación con un hecho ilícito. El apoderado justificó la presentación formulada en el fuero federal en que el origen del 12,13 por ciento de los fondos cuyo destino fue puesto en cuestión es del Estado federal. Dos días después, la fiscalía contestó el traslado conferido por el juez ante la denuncia y solicitó una serie de medidas de prueba.

Sin embargo, la fiscal Cavallo formuló ayer el requerimiento de instrucción, teniendo en cuenta una publicación del portal Clarin.com del 4 de mayo pasado sobre la presunta destrucción de elementos probatorios relacionados con la causa. “Frente a la posible destrucción de medios de prueba que se estaría llevando a cabo en la Municipalidad de Quilmes, sin perjuicio de la competencia definitiva para entender en la investigación en función de la ubicación y actividad de las cooperativas involucradas, vengo a formular el presente requerimiento de instrucción”, indicó la fiscal.

En el escrito, de siete páginas, Cavallo analizó las publicaciones periodísticas y anticipó al juez que había podido constatar relaciones de funcionarios y empresas a través de bases de datos públicas. En función de ello, delimitó provisoriamente el objeto del proceso: “Constituye material de investigación en autos la comisión de presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios de la Municipalidad de Quilmes en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA durante el periodo 2020 y hasta la actualidad, que tendrían como finalidad el desvió de fondos -en beneficio de funcionarios públicos- a diversas sociedades constituidas en el extranjero entre las cuales se encontrarían Borda Investments LLC, SCO Investments LLC y Raspa Investments LLC, asociadas a Mayra Soledad Mendoza, Sebastián Roberto Raspa” y a un abogado y un empresario (ambos debidamente identificados en la presentación), según indicó la fiscal en la pieza por la que impulsó la acción penal.