El fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, promovió la investigación penal de los saqueos llevados a cabo en distintos puntos de esa ciudad entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre en el marco de "una situación policial de brazos caídos" y, en ese sentido, requirió al fiscal federal en turno, Pablo Larriera, que "recabe en forma urgente la información necesaria para identificar a los autores" y "los intime a hacer cesar las acciones ilegales".

"El autoacuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimida en la ley penal argentina", sostuvo el fiscal.

En ese sentido, calificó los hechos como constitutivos del "delito de asociación ilícita agravada y sedición en concurso real".

En diálogo con Fiscales, Adler puso énfasis en la importancia de "los valores que hay en juego: el orden, la tranquilidad pública, la seguridad pública. Quienes tienen la defensa y su custodia se alzan contra eso, es insólito".

En ese sentido, el fiscal general puso de relieve la necesidad de utilizar las herramientas legales para hacer frente a este tipo de actos, como la prevista en el artículo 231 del Código Penal, que prevé la doble advertencia a los sediciosos antes del uso de la fuerza para disolverlos y que los avisos "no serán necesarios" si los sublevados "hicieren uso de las armas". En efecto, la disposición para que el fiscal Larriera actúe frente a estos hechos contiene la cita de este artículo.

El fiscal informó que por el momento no se pueden dar a publicidad datos sobre la identificación de las personas que actuaron en los hechos y que actualmente la fiscalía federal de primera instancia se encuentra intercambiando información con sus pares de la provincia de Buenos Aires.

"Connivencia con agitadores civiles"

En su resolución, Adler refirió que "en distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales exigiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires una mejora en sus sueldos y beneficios, a sabiendas que esas acciones implicarían la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharían esa situación policial de brazos caídos".

El fiscal general sostuvo que la ciudad se vio "mermada de seguridad, dando lugar al saqueo de varios comercios" y destacó que "esas acciones y omisiones de quienes tenían el deber de actuar no sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público".

En esa línea, agregó que las acciones descriptas "constituyen delito de asociación ilícita agravada y sedición en concurso real".

Los policías son garantes de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos y han vulnerado ese mandato con un reclamo que puede tener sus razones, pero no a costa de sacrificar el sentido de su misión. El no actuar en forma debida cuando ello les es exigido por ley, ha contribuido a la producción de los robos, motivo por el cual cabe imputarles su comisión a título de partícipes necesarios. Los hechos constituyen robo en poblado y en banda".

Adler solicitó en este marco que el fiscal federal tome contacto con sus colegas del Ministerio Público bonaerense para la "determinación de los hechos y de los autores de estos delitos contra la propiedad, a los efectos de las respectivas imputaciones".