La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún recurrió hoy en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Sala II del máximo tribunal penal rechazara dos recursos extraordinarios contra la prescripción de la causa en la que se investiga el intento de Guido Antonini Wilson de ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares.

Las quejas por las que Baigún recurrió a la CSJN atañen a los imputados Diego Bautista Uzcátegui Matheus y Daniel David Uzcátegui Stecht. Hay un tercer recurso que todavía no fue resuelto por la Casación, que es el que respecta a Claudio Uberti. Los planteos llegaron a esta instancia luego de que la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico dictara el sobreseimiento por prescripción, decisión que fue apelada por el fiscal Ramiro Rodríguez Bosch. Sin embargo, los camaristas rechazaran ese escrito y también declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de Baigún.

En los recursos presentados hoy, la Fiscalía sostuvo: “Como se había demostrado al momento de interponer el recurso extraordinario y a través  del presente escrito, estaban dadas válidamente las condiciones  para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quien decida en definitiva el caso (…) Sin embargo, la casación nuevamente alega impedimentos netamente  formales para que ello no ocurra. Realmente no se explican  los motivos por los cuales ello sucede, porque jurídicamente los actos de este Ministerio Público Fiscal están correctamente direccionados y fundamentados”.

“El resultado de esta actitud es que se dilata el expediente facilitando su prescripción. De esta forma  no se  ingresa  a resolver lo que realmente importa, esto es, si el hecho de ingresar al país con cerca de 800.000 dólares sin declarar, constituye el delito de contrabando agravado”, señala el documento. Es que los tribunales consideraron que se trata del delito de lavado de dinero y, teniendo en cuenta su penalidad, se encontraba prescripto. Para la Fiscalía, el hecho constituía el delito de contrabando agravado, con lo cual no había transcurrido el plazo de prescripción.

Para sostener esa posición, la representante del Ministerio Público indicó que los recursos extraordinarios oportunamente interpuestos cumplen con lo exigido por los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y la Acordada 4/2007 de la CSJN, “ya que se relató el hecho, se estableció cuáles eran las razones por la cuales el suceso investigado encuadra en el delito de contrabando agravado, se señaló que la casación no tuvo en cuenta dichos fundamentos y omitió tratar un tema de su competencia exclusiva y excluyente y que se falló en contra de lo dispuesto en la norma aduanera, además de fundarse un claro caso de arbitrariedad al resolver en momentos en que se encontraba precluída la instancia y sólo podía decidir si efectivamente estábamos en presencia de un contrabando agravado”.

Los hechos investigados habrían ocurrido en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Guido Alejandro Antonini Wilson -a bordo del avión de la empresa Royal Classs proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela, contratado por la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)- intentó ingresar 790.550 dólares sin realizar la correspondiente declaración aduanera. Claudio Uberti, entonces a cargo del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), fue quien habría autorizado al empresario venezolano a abordar el vuelo.