La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún recurrió hoy en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Sala II, con voto en disidencia por parte de la jueza Liliana Catucci, rechazara por mayoría el recurso extraordinario contra la prescripción de la causa en la que se investiga el intento de Guido Antonini Wilson de ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares.

La queja por la cual hoy la representante del Ministerio Público recurrió a la Corte es en relación al Claudio Uberti. En marzo, había hecho la misma presentación por los imputados Diego Bautista Uzcátegui Matheus y Daniel David Matheus.

Baigún consideró: “Como se había demostrado al momento de interponer el recurso extraordinario y a través del presente escrito, estaban dadas válidamente las condiciones para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien decida definitivamente el caso. Sin embargo la casación nuevamente alega impedimentos netamente  formales para que ello no ocurra (…)  no se explican  los motivos por los cuales ello sucede”.

Y continuó: “El resultado de esta actitud es que se dilata el expediente facilitando su prescripción. De esta forma no se ingresa a resolver lo que realmente importa, esto es, si el hecho de ingresar al país con cerca de 800.000 dólares sin declarar, constituye el delito de contrabando agravado (…) existen argumentos en pos de esa figura y esta fiscalía los ha dado.”

Entre los argumentos que la fiscal expuso para sostener su posición resaltó que los recursos extraordinarios cumplen con lo exigido por los artículos 14 y 15 de la ley 48 y la acordada 4/2007 de la CSJN, “ya que se relató el hecho, se estableció cuáles eran las razones por la cuales el suceso investigado encuadra en el delito de contrabando agravado, se señaló que la casación no tuvo en cuenta dichos fundamentos y omitió tratar un tema de su competencia exclusiva y excluyente y que se falló en contra de lo dispuesto en la norma aduanera, además de fundarse un claro caso de arbitrariedad al resolver en momentos en que se encontraba precluída la instancia y sólo podía decidir si efectivamente estábamos en presencia de un contrabando agravado”.

Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Guido Alejandro Antonini Wilson, a bordo del avión de la empresa Royal Classs proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela y contratado por la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), intentó ingresar 790.550 dólares sin realizar la correspondiente declaración aduanera. Claudio Uberti, entonces a cargo del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), fue quien habría autorizado al empresario venezolano a abordar el vuelo.