El fiscal Leonel Gómez Barbella presentó un recurso de queja contra la decisión del Juzgado Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadío, de no hacer lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal, en el cual solicitaba el sobreseimiento de una mujer acusada de haber cometido infracciones a las leyes de propiedad intelectual y de marcas, por vender películas en la línea B de subtes, aparentemente ilegales. El juez no sólo rechazó la apelación sino que  citó a la imputada para tomarle declaración indagatoria.

Gómez Barbella fundó su presentación, entre otras cosas, en que el juez Bonadío no trató el pedido de sobreseimiento de la imputada, “ni explicó los motivos de su improcedencia”. Además, el fiscal volvió a explicar que el procedimiento que llevó adelante personal policial “fue irregular y defectuoso (…) se secuestraron 438 películas sin el más mínimo detalle de sus características materiales ni de sus títulos, y sin haberse tomado fotografía de dicho material, como para cotejarlo posteriormente con las extraídas en el gabinete pericial”. El representante del MPF consideró que aquella falta de instrumentación tenía que ver con una ausencia de requisitos formales y eso impidió verificar la identidad de lo secuestrado y lo peritado.

Gómez Barbella también se refirió a la figura del fiscal en el actual sistema procesal penal y destacó que se estructura como “instrumento necesario para la oficialización de la acción penal, en tanto garantiza que la función acusadora no se identifique con la juzgadora, lo cual es condición esencial para la plena vigencia del principio de imparcialidad”.

A fines de marzo Gómez Barbella había solicitado, por medio de un recurso de reposición con el de apelación en subsidio, que se revocara la citación a prestar declaración indagatoria y se dispusiera el sobreseimiento de la imputada. El fiscal, en aquella presentación, manifestó que la imputación se originó con un procedimiento policial irregular, y destacó que llamar a indagatoria sin el acuerdo del MPF “vulnera la autonomía funcional”.

El expediente se inició en agosto de 2013 cuando personal de la Policía Metropolitana, perteneciente a la Comisaría 12, llevó adelante un procedimiento en el pasillo de la Estación Carlos Gardel de la Línea  B de Subtes de Buenos Aires, y detectó a una mujer que ofrecía a la venta películas en formato CD y DVD, aparentemente ilegales.  Finalmente,  personal policial  procedió al secuestro de “cuatrocientos  treinta y ocho dc´s y dvd ´s”.