El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de una causa que tiene a Bernardo Luis Castaño, de 54 años, acusado de disponer ilegalmente de sustancias químicas utilizables como materias primas en la elaboración de estupefacientes. Entre ellas, se cuentan ácido clorhídrico, xileno, tolueno, ácido acético, acetato de etilo, acetona, sodio carbonato anhidro, ácido muriático, ácido sulfúrico y éter sulfúrico, que fueron secuestradas en tres allanamientos realizados en  2013 en domicilios ubicados en avenida Independencia al 2800, Suárez al 1100 (ambos en la Ciudad de Buenos Aires) y Urano al 1800 (en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría).

En la solicitud presentada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Sergio Torres, el fiscal consideró “debidamente probado para esta etapa del proceso” el delito imputado al hombre: tenencia de materias primas destinadas a la producción o fabricación de sustancias estupefacientes,  que se encuentra previsto y reprimido por el artículo 5, inciso c, de la ley 23737.

Origen de la investigación

Gómez Barbella recordó que el sumario se inició a raíz de una denuncia anónima realizada el 14 de septiembre de 2012 ante la Seccional de Radiocomunicaciones de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que se manifestaba que Delfín David Zacarías estaba vinculado con la barra brava del Club Atlético Newell´s Old Boys y con la producción y comercialización de estupefacientes en Rosario, provincia de Santa Fe y que compraba los insumos químicos a una persona llamada Bernardo Castaño. La banda liderada por Zacarías fue desbaratada en 2013.

“Hasta el día de los allanamientos -es decir, hasta el 06 de agosto 2013- el imputado Castaño mantenía a su disposición de manera irregular una importante cantidad de sustancias químicas controladas y contaba a la vez con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la distribución onerosa de tales productos a terceros, dándole apariencia lícita al movimiento cotidiano de precursores químicos que, en realidad, no se hallaba autorizado a manipular”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Asimismo, todas o parte de las sustancias incautadas tenían como destino específico favorecer actividades de tráfico ilícito de narcóticos, conforme se desprende de la información remitida por las autoridades del Registro Nacional de Precursores Químicos de la SEDRONAR, la que documentó respecto de la coincidencia en cuanto a la aparición en otros expedientes judiciales en los que se investigan actividades vinculadas con el narcotráfico de productos químicos de idénticas características a los que tenía Castaño -en especial por la identidad de envases y etiquetas falsas advertidas, que registraban el mismo número lote en ambos casos”, continuó Gómez Barbella.

Durante la declaración indagatoria, según el fiscal, el imputado no pudo desvirtuar la acusación, más allá de tratar de justificar la irregular detentación de los productos químicos. Allí, había dicho que se dedicaba a elaborar “productos de laboratorio, fundamentalmente histopatología, papiloscopía y criminalística”. Por otra parte, también reconoció poseer “conocimientos acabados en química” por haber estudiado en la Universidad de Morón, donde además fue profesor.

Pruebas

Los precursores químicos son sustancias indispensables para la generación de otras mediante una reacción química. El Registro Nacional de Precursores Químicos ordena el mercado legal para evitar que se comercialicen hacia la producción de drogas ilegales. La SEDRONAR informó que había intimado a Castaño a regularizar la presentación de informes trimestrales, rectificaciones y reempadronamiento ante el mencionado Registro, pero la orden no fue acatada y quedó inhabilitado para realizar cualquier tipo de actividad relacionada. En esa línea, se constató que la firma BCL SRL -en la que figuraba como socio gerente- tampoco estaba inscripta y que estaba vinculado a Química Córdoba S.A. a través de su padre. Esta última compañía sí contaba con habilitación, pero fue apercibida por comercializar con personas no inscriptas.

Entre el casi medio centenar de pruebas incorporadas a la causa se destacan además las escuchas telefónicas y el resultado de los allanamientos, a las que se suman las pericias posteriormente realizadas en el material incautado. En el caso, la fiscalía contó  la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó el 17 de marzo pasado el procesamiento del imputado. Ahora, Gómez Barbella le solicitó al juez que eleve la causa para la realización del debate oral y público.