El fiscal Federal Mario Gambacorta desestimó una denuncia penal de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA contra los habitantes de un asentamiento ubicado al costado de las vías.

El apoderado de la compañía ferroviaria, Manuel Bosch, sostenía que la empresa había sido despojada total o parcialmente de la posesión y tenencia de terrenos o espacios vinculados y afectados a su actividad. En ese sentido, individualizaba como responsables del delito a los habitantes de los asentamientos ubicados al costado de las vías.

Y agregaba que “el despojo consistió en la invasión ilegítima del inmueble propiedad del Estado Nacional cuya guarda y custodia ha sido confiada a la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A, y su posterior ocupación definitiva, incluyendo la construcción de viviendas precarias conformando en conjunto lo que se han dado en llamar barrios o villa de emergencia”.

Según un informe adjuntado por el denunciante, fueron constatados diecisiete asentamientos precarios en distintas zonas de la ciudad de Rosario y alrededores. De esos, doce están al costado de la traza de la línea General Belgrano mientras que cinco se ubican de igual manera sobre las vías de la línea General San Martín.

El desconocimiento de una realidad social

En tanto, la fiscalía federal N° 3 de Rosario, a cargo de Mario Gambacorta, señaló que “no puede desconocerse la realidad social que constituye cada uno de los asentamientos, que son los factores socioeconómicos, políticos, culturales e históricos, tanto nacionales como internacionales, que lamentablemente dieron lugar al nacimiento del fenómeno denominado como villas miserias, villas de emergencia o asentamientos precarios".

Al mismo tiempo, Gambacorta tuvo en cuenta que “un eventual descarrilamiento en el ámbito de uno de esos asentamientos, tal como ocurrió el pasado jueves 14 de noviembre, podría generar graves e irreparables daños a los bienes materiales y especialmente a las personas que los habitan".

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “sin desconocer obviamente la magnitud y complejidad del fenómeno, el Estado argentino en sus tres niveles, Nación, Provincia y Municipios, debieran del modo más rápido, eficiente y razonable posible, atender el problema que se enuncia para evitar, entre otros muchos males y sufrimientos no expresados, las consecuencias presagiadas en la denuncia y aludidas en el punto anterior”.

El rol del derecho penal ante una problemática social

De esta manera, el fiscal concluyó el desestimiento de la denuncia señalando que “el derecho penal, en un estado constitucional y democrático de derecho, debe ser considerado siempre como la última instancia del ordenamiento jurídico y no a la inversa, ya que el monopolio de la fuerza física estatal, característica esta que impregna todo el sistema penal, debe ser utilizado lo menos irracionalmente posible por las agencias del estado, tratando de contrarrestar el alto grado de selectividad que posee y la estigmatización que sin dudas produce, operando generalmente sobre los más vulnerables".

Por estos motivos, el representante del Ministerio Público envió las copias de las actuaciones pertinentes a los respectivos organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal para que tomen conocimiento del asunto. También elevó la denuncia y su desestimación al Juzgado Federal en turno.

La audiencia que no fue

En dialogo con Fiscales, Gambacorta informó que los abogados de la empresa le habían solicitado una audiencia a fines de octubre. Por cuestiones de agenda, el fiscal indicó que la reunión podía concretarse durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, a diferencia de lo que señalaron en distintos medios, los abogados nunca se presentaron.

En ese encuentro que no se produjo, Gambacorta señaló que pretendía explicar su punto de vista sobre el tema, que, como queda reflejado en la desestimación de la denuncia, es que la problemática social en la que se insertan los asentamientos precarios no debe ser abordada desde el derecho penal. Por el contrario, "la respuesta implica un tratamiento integral desde los distintos Estados sobre un problema que lejos está de ser clandestino, y que se encuentra visible desde hace décadas en Rosario”, agregó.