En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo, el responsable del Juzgado Federal N°4 de esa jurisdicción, Marcelo Bailaque, procesó con prisión preventiva al hombre acusado de disparar dos veces contra la sede de los tribunales federales rosarinos, en la madrugada del pasado 28 de septiembre. Además, el juez dictó un embargo de 200 mil pesos sobre los bienes del imputado y dispuso su alojamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

La investigación se inició el 28 de septiembre luego de que se detectara la existencia de un impacto de bala en la garita de seguridad de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en el predio de los tribunales federales rosarino, ubicados en la calle Boulevard Oroño 940, en la ciudad de Rosario. Ante esa situación, el fiscal federal Arzubi Calvo dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y se le encomendó al Gabinete Científico Rosario de esa fuerza la realización de una serie de peritajes. También, se solicitaron las cámaras de seguridad del edificio y las zonas aledañas así como el análisis de los teléfonos celulares que hubiesen registrado actividad en las inmediaciones.

De este modo, se pudo reconstruir la secuencia del ataque y se determinó que el imputado salió de su vivienda, en la calle San Lorenzo al 2200 -en pleno centro de la ciudad-, y caminó las pocas cuadras de distancia hasta el edificio de los tribunales. Una vez allí, efectuó dos disparos contra la garita de la Prefectura, tras lo cual se retiró a pie del lugar hacia su casa.

El 12 de octubre pasado se detuvo al hombre y se le imputó haber disparado con un arma de fuego en dos oportunidades contra la garita de seguridad perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, “con la finalidad de aterrorizar e intimidar a la población y amedrentar al personal policial, magistrada/os, funcionarios/as y/o empleada/os judiciales que allí prestan servicios, provocando además daños materiales en la garita aludida al impactar uno de los proyectiles contra el vidrio de la estructura”. Al prestar declaración indagatoria, dos días después de su detención, el imputado negó los hechos atribuidos.

Además, se estableció que el hombre contaba con una condena previa por el delito de robo calificado por la utilización de arma de fuego no apta para el disparo, agravado por la participación de menor de edad para cometerlo. Por ese hecho, ocurrido el 29 de octubre de 2011, recibió una pena unificada de siete años y diez meses de prisión y su declaración de reincidencia.

Ahora, en línea con lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que continua la investigación para determinar el móvil de los disparos, el juez Bailaque procesó con prisión preventiva al hombre como autor de los delitos de "intimidación pública, tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y anonimato, agravadas por haberse cometido con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

En su resolución, el magistrado consideró probado que el hombre “se encontraba en poder de un arma de fuego, en la vía pública, el día del hecho imputado; y que además no contaba con la debida autorización legal para dicha portación”. "Esto es así, independientemente de que no se haya, hasta el momento, hallado el arma utilizada, porque con las filmaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal, sumadas al informe balístico, peritaje final, e informe de la ANMAC, nos permite sostener el encuadre de la conducta en este tipo”, consideró.