En el marco de una investigación desarrollada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Salta, Eduardo Villalba, por orden del juez federal N°1 de la jurisdicción, Julio Bavio, ayer se allanaron 47 locales de compra-venta y reparación de teléfonos celulares en la provincia de Salta, a fin de determinar la existencia de una organización criminal que sustrae equipos de telefonía celular y los reacondiciona para comercializarlos nuevamente en el mercado.

La investigación de Villalba se enmarca dentro del trabajo desplegado por la Comisión de fiscales para el robo de celulares, creada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a través de la Resolución PGN N° 898/15, de fecha 08 de abril de 2015. Dicha comisión tuvo como origen el Plan de Persecución Penal Estratégico que fuera desarrollado por la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC), a cargo de Diego García Yomha.

El equipo de trabajo está presidido por la fiscal Cristina Caamaño, e integrado por sus colegas Sebastián Basso, Jorge Di Lello, Martín Mainardi, María Fernanda Poggi, Daniel Togni, Adriana Saccone y los propios Diego García Yomha y Eduardo Villalba. En base a su labor, la Comisión emitió, en noviembre pasado, una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de modalidad delicitiva.

En ese escenario, meses atrás el fiscal Villaba comenzó una pesquisa con la intención de establecer si en la provincia norteña opera una banda delictiva que, a través de casas que compran, venden y reparan celulares usados, se hacen desbloqueos de banda negativa y “flasheos” de software, para volver a volcar en el mercado equipos de origen espurio.

El operativo realizado ayer, denominado “Banda Negativa Norte”, fue encomendado a la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta y a personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cerca de 400 efectivos se destinaron a los allanamientos de 37 locales comerciales del rubro, que funcionan en las calles Mendoza, Alvarado y Zuviria, y en el Mercado San Miguel, de la capital salteña. También se requisaron establecimientos en el Valle de Lerma y en las localidades de El Bordó, Joaquín V. González y Salvador Mazza. Como resultado de las tareas desplegadas, se secuestraron aproximadamente $100.000 y 4.000 equipos tecnológicos entre los que se incluían aparatos de telefonía celular, netbooks, notebook y equipos para desbloquear este tipo de dispositivos.

Según los últimos datos oficiales, cerca de 5.000 teléfonos celulares son robados diariamente en todo el país. Frente a esta realidad el Ministerio Público Fiscal conformó una mesa de trabajo, integrada por fiscales de distintas jurisdicciones que, tras una serie de encuentros con funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales y representantes de empresas prestatarias del servicio de telecomunicaciones, coordinaron las acciones tendientes para hacer frente a esta creciente problemática.