En el marco del nuevo sistema acusatorio implementado por el Código Procesal Penal Federal, se realizaron diez allanamientos en distintas remiserías de la ciudad de Salta que operaban con equipos que podían interferir en la frecuencia radioeléctrica del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. La medida fue ordenada por Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción.

Los allanamientos, autorizados por el juez Miguel Medina y ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dejaron fuera de funcionamiento distintos equipos de radios utilizados por las empresas para la comunicación entre la base operativa y los móviles que recorren la ciudad. La medida se realizó en base a las actividades de control desarrolladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), desde el 2008 a la fecha.

A pesar de haber realizado intimaciones previas, se comprobó que en estas agencias existían equipos y estaciones radioeléctricas fuera de la norma con tecnología que transgredía a la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el reglamento de Radiocomunicaciones y la ley 27078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los equipos ocupaban una banda no autorizada del espectro radioeléctrico que puede producir interferencias graves, en particular en el sistema de balizas del aeropuerto de Salta en aterrizajes y despegues.

A la fecha, la causa se encuentra en instancia de investigación preliminar, para determinar si la usurpación de la frecuencia fue intencional o eventual.

El operativo se realizó en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Este nuevo escenario implica que son los fiscales federales quienes asumen la responsabilidad de investigar delitos, como ya ocurre en la justicia provincial, agilizando los procesos y la resolución de las causas. A la fecha, la causa se encuentra en instancia de investigación preliminar, para determinar si la usurpación de la frecuencia fue intencional o eventual.

Al ser un organismo creado con facultades de fiscalización por ley, el ENACOM cuenta con el poder para secuestrar equipos sospechados de infracción, y los allanamientos fueron solicitados luego de que sus titulares ofrecieran resistencia tras ser intimados. Una vez realizado el sumario administrativo, restará comprobar si se trató de una interferencia dolosa o, en caso de que fuese eventual, una infracción administrativa.