Al formalizar la investigación ante el juez federal de Garantías, Julio Bavio, el fiscal federal Eduardo Villalba señaló que la detención de J.B., un mozo de 61 años, y su pareja, R.L., de 62, fue producto de un minucioso trabajo que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal desde el 30 de octubre y que ya suma en total cinco detenidos.

El pasado 3 de diciembre y ante el mismo juez , Villalba había formalizado la investigación en torno a tres mujeres por el delito de trata de personas. Las acusadas fueron detenidas en el marco de una serie de procedimientos realizados el 29 de noviembre en la zona del Bajo, a 7 minutos del casco céntrico de la ciudad de Salta.

En esa audiencia, asimismo, el fiscal indicó que si bien las tres detenidas incurrieron en el delito de trata, no eran el eslabón final de la cadena, por lo que Villalba adelantó que la fiscalía “irá por estas personas, que son las que están por encima de las acusadas y se llevan la mayor parte del botín”. Ello finalmente sucedió el jueves pasado con la detención de B. y L., los dueños del inmueble de calle Astigueta y Damián Torino, una de las dos casas donde se realizaron allanamientos, detenciones y el secuestro de numerosos elementos probatorios por parte de la fiscalía.

Al otro día -viernes al mediodía- fueron acusados por el fiscal por el delito de trata de personas, establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión para aquel que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Esta es la primera vez que, en materia de trata de personas, en Salta la justicia federal logró avanzar hasta los sindicados como principales beneficiarios de la actividad, en este caso a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal.

En la audiencia, Villalba relató detalles de la investigación, como así también nombró las pruebas que llevaron a la detención de esta pareja, a quien sindicó como los receptores principales de las ganancias que surgían de la explotación sexual detectada en la vivienda de calle Astigueta, de su propiedad, la cual y pese a los procedimientos, seguía con la misma actividad. Allí explicó que de la declaración de las víctimas, como así también lo referido por las tres imputadas, les exigían el pago de 6 mil pesos semanales, los que eran cobrado a la vuelta de esa vivienda por “la señora ”, quien solía concurrir en distintos vehículos.

Indicadores

La Fiscalía sostuvo que cuando no se llegaba a esa suma se generaba un endeudamiento en las mujeres dedicadas a la prostitución, siendo éste uno de los tantos “indicadores” que el delito de trata señala como requisito para su comisión. Algunas de las víctimas se vieron obligadas, incluso, a buscar préstamos para intentar afrontar esa situación.

Villalba explicó que otra imputada, en tanto, señaló que debía pagar 100 pesos por día, mientras que respecto a las víctimas que fueron rescatadas de la vivienda, señaló que el número giraba entre 15 y 18 mujeres, quienes declararon que eran explotadas por 500 pesos, como así también que algunas de ellas provenían de la provincia de Jujuy o de localidades vecinas, como General Güemes.

Estimó que las pruebas reunidas evidencian claramente la comisión del delito imputado, como así también resaltó las consecuencias y daño de esta conducta. “El bien protegido es la dignidad de las víctimas, la que se vio reducida, perdida por la explotación a que estaban sometidas”, afirmó.

Recordó que la Ley de Trata establece como uno de los requisitos el aprovechamiento del comercio sexual, la cosificación del ser humano. “No se trataba de un medio de vida, pues surge de las declaraciones de las víctimas que eran obligadas a reunir el dinero exigido por los acusados en concepto de alquiler de vivienda que, claramente, ellos conocían muy bien que el inmueble no era utilizado para ese fin, sabían lo que allí sucedía y ellos se llevaban la mayor ganancia de esa actividad”, aseguró el fiscal.

Para sustentar su acusación, Villalba señaló distintas pruebas, entre ellas la declaración de las víctimas, los dichos de las otras tres imputadas, prueba documental, elementos secuestrados, como así también solicitó al juez la producción de otras medidas probatorias.

Preventiva

El MPF también requirió la prisión preventiva de la pareja, en especial por la posibilidad de que, en libertad, se entorpezca el proceso penal a través de amenazas y otras maniobras de hostigamiento. Cabe señalar que una de las víctimas sostuvo que la acusada la habría golpeado tras los procedimientos, señalándola como la “buchona”.

La defensa, en tanto, pidió el sobreseimiento y se opuso a la prisión. Por estos planteos, el fiscal pidió que no se haga lugar al sobreseimiento, pues existen pruebas para avanzar con la investigación, a la vez que indicó que la denuncia por usurpación postulada por la defensa es una maniobra defensiva previa, lo que deja en dudas el ánimo de colaboración con la justicia.

La decisión fue confirmada esta mañana, tras una audiencia de revisión de esa medida.

Clausura

Por último, y a partir de nuevos informes, el fiscal federal Villalba solicitó la clausura de la vivienda, pues se pudo establecer que tras los procedimientos, la actividad de explotación sexual en el domicilio de calle Astigueta siguió adelante, por lo que indicó que es necesario, desde la justicia, instar una fuerte medida a fin de hacer cesar este flagelo.

Ante todo lo expuesto, Bavio consideró las posturas de las partes, destacó el esfuerzo de la defensa, pero dio por formalizada la investigación, ordenó la prisión preventiva de los acusados -en principio por 30 días- como así también dispuso la clausura del domicilio; en ese sentido, ordenó que la medida se diligencie a través de la municipalidad de la ciudad.

Bavio valoró la grave afectación de las víctimas por este delito y, aunque la defensa aseguró que sus clientes desconocían de la actividad que se desarrollaba en su casa, indicó que las pruebas presentadas por la fiscalía exigen que se siga adelante con el caso y dejaron en claro que los dueños no eran ajenos a la explotación sexual, como así también que el mayor porcentaje de las ganancias era percibido por ellos.