La sentencia, dictada a poco más de un mes de la formalización de la acusación, recayó en contra de una pareja (R.L y J.B.), dueños de un prostíbulo en el que más de una decena de mujeres eran explotadas sexualmente a fin de reunir una determinada suma de dinero que, cada semana, era retirada por los ahora condenados. El 9 de diciembre pasado el fiscal federal Eduardo Villalba había formalizado la acusación respecto de los acusados, detenidos en el marco de una investigación por el delito de trata de personas, que además tiene a otras tres mujeres imputadas.

Ayer, en tanto, la fiscalía ratificó la acusación y posteriormente se arribó a un acuerdo pleno entre las partes que derivó en las condenas, la imposición de multas y el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo.

Mediante un juicio abreviado y a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó esta mañana a R.L. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras su pareja deberá cumplir 3 años de prisión de ejecución condicional. Asimismo, se impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente.

El fiscal, conforme lo establece el artículo 23 del Código Penal (según ley 26.842) y el 310 del Código Procesal Penal Federal, y la Resolución PGN N° 99/09 que instruye la solicitud -como medida cautelar- de la afectación del o los inmuebles donde se ejercieren actividades ilícitas, requirió al magistrado el decomiso del inmueble utilizado para la explotación, lo que fue concedido por el juez. Se trata de una casa ubicada en la calle Astigueta 612, en la zona de El Bajo. Respecto al destino de esta vivienda se evalúa la posibilidad de que quede bajo el ámbito de la Provincia, para ser utilizada como base de una dependencia policial.

Villalba destacó el breve lapso en que se resolvió el caso, como así también el decomiso de la vivienda. “Estamos muy satisfechos, pues el nuevo código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos. Además, con esta condena hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos”, indicó el fiscal al término del proceso.

"Hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos”, destacó Villalba.

La acusación

La investigación de la fiscalía se inició el 30 de octubre de 2019 e incluyó diversas tareas de inteligencia a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, como así también intervenciones telefónicas. Todo ello derivó en una serie de allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado, oportunidad en la que fueron detenidas tres mujeres y se secuestraron numerosos elementos de prueba.

Villalba también destacó la ayuda de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de  Marcelo Colombo y Alejandra Mángano y de las profesionales del Ministerio Público Fiscal que acompañaron al equipo de la fiscalía en los allanamientos realizados, ya que su tarea fue clave para brindarles asistencia psicológica a las víctimas.

Las diligencias posteriores llevaron a la fiscalía a avanzar contra los propietarios del prostíbulo, ahora decomisado. “La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito”, había sostenido Villalba al formalizar la investigación en contra de los dueños del inmueble.

“Tengo por probado con el grado de certeza que los acusados acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble de su propiedad, con la finalidad de explotar sexualmente a seres humanos, y procurarse sumas de dinero que eran recaudadas por ellos mismos, al menos una vez por semana”, sostuvo ayer el fiscal al ratificar la acusación.

Entre las pruebas mencionadas en su exposición, Villalba resaltó lo declarado por las tres acusadas detenidas en los allanamientos, quienes indicaron que todas las semanas debían reunir una determinada suma de dinero -6.000 pesos aproximadamente-, exigida por los dueños del inmueble de calle Astigueta.

En una de las escuchas telefónicas, una encargada de la entrega del dinero a los acusados se comunicó con R.L. a fin de disculparse porque no habían podido reunir la cantidad exigida.

Asimismo, señaló otras pruebas que lo llevaron a mantener la imputación, entre ellas secuestros de documentación, teléfonos celulares y otros elementos.  En el caso de J.B., de 61 años, el fiscal mantuvo la acusación como partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, previsto y reprimido en el art. 145 bis del Código Penal, mientras que a R.L., de 62, la consideró autora del mismo ilícito.

Para Villalba “los acusados acogían en su vivienda víctimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales rentadas con hombres que se acercaban a la vivienda, de las que los nombrados tenían conocimiento, control y percibían por ello un beneficio económico”.

Las multas impuestas serán destinadas al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata

Fondo de víctimas

Frente a la acusación sostenida por el MPF y las pruebas presentadas antes el juez, la defensa accedió a una resolución de conflicto mediante la aplicación de una condena por juicio abreviado. Con el acuerdo pleno de las partes, el juez Medina homologó la sentencia.

Cabe señalar que R.L. cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Por otra parte, se dispuso que las multas que ambos deberán pagar por un monto total de 70.000 pesos serán destinadas al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, tal como lo establece la ley.