El Tribunal Oral en lo Criminal Oral Federal de Santa Fe condenó a penas de entre dos y doce años de prisión a diez policías y dos civiles por el transporte y posterior encubrimiento de un container con 1662 kilos de marihuana secuestrados en noviembre de 2014 en un basural de la comuna santafesina de Arroyo Leyes. En su alegato de clausura realizado el pasado viernes 9, el fiscal general Martín Suárez Faisal hizo una exposición en la que ubicó en tiempo y lugar a cada uno de los imputados y su inserción en la cadena de responsabilidades y solicitó penas de hasta quince años.

La sentencia del tribunal está sintonía con lo solicitado por la Fiscalía General durante los alegatos. Más allá de las condenas, se pudo comprobar en el juicio la hipótesis de encubrimiento del narcotráfico por parte de los propios policías encargados de perseguir ese delito, que durante la instrucción había planteada el fiscal federal Walter Rodríguez.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de noviembre de 2014, cuando en un operativo fueron detenidos Alberto Daniel “Aguja” Agüero, integrante de la 8ª Zona de Inspección de la policía local, junto a su padrastro, Juan Carlos Chueco Villalba, con un camión cargado con más de 1600 kilos de marihuana en un basural cercano a la ruta provincial 1.

Los vecinos notaron maniobras sospechosas en el terreno y dieron aviso a la policía.  A pesar de haber sido detenidos mientras trasladaban parte de la mercadería a otro vehículo en un operativo policial a cargo de Cristian Fabio Hang, por entonces jefe de Orden Público de la Unidad Regional I, y Martín Ángel Díaz, jefe a cargo de la 8va. Zona de Inspección, Agüero y Villalba fueron liberados. El operativo culminó con un acta falsa, rubricada por siete agentes. Para Suárez Faisal, los oficiales “sabían perfectamente las irregularidades que contenía el acta”, y ninguno fue coaccionado a firmarla y tuvieron la oportunidad de decir lo que pasó judicialmente y no lo hicieron.

Durante el debate se pudo probar la hipótesis de encubrimiento del narcotráfico por parte de los propios policías encargados de perseguir ese delito.

Para la Fiscalía, Agüero fue el encargado de guiar el camión hasta el terreno, del cual Villalba tenía conocimiento. Suárez Faisal se refirió al “increíble nivel de vida” que ostentaba Agüero, quien con su trabajo de agente policial en los últimos tres años había adquirido cuatro vehículos, un inmueble en la localidad de Santo Tomé e importantes obras de refacción en otro ubicado en Rincón, del cual ya era propietario.

Respecto a Hang, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que el encubrimiento se configuró desde el momento en que tomó contacto con la investigación, ya que “desde el principio sabía que personal policial tenía responsabilidad con la droga”. Hang fue además el responsable del traslado del operativo a la jefatura, y la redacción del acta fraudulenta estuvo a su cargo.

Por ello, el tribunal confirmó una pena de 12 años y una multa de 20 mil pesos para Agüero por considerarlo autor del delito de “transporte de estupefaciente doblemente agravado, por la participación de tres o más personas organizadas y por su calidad de funcionario policial encargado de la persecución del delito”, mientras que Villalba recibió una condena de siete años por “transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas”, como partícipe principal; en concurso real con “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, ya que tenía en su poder 846 gramos de marihuana cuando lo detuvieron.

En tanto, para Luis Gabriel Cantero, un hombre que fue detenido en uno de los allanamientos realizados para localizar a Villalba, la pena fue de cuatro años de prisión y una multa de cuatro mil pesos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el caso de Hang y Díaz sus penas responden a la figura de “encubrimiento doblemente agravado, por ser el delito especialmente grave (transporte de estupefacientes), así como su calidad de funcionarios policiales encargados de la persecución del mismo; en concurso real con “falsificación ideológica de documento público”, a las que corresponden seis años de cárcel y 25 mil pesos de multa para cada uno, así como la inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.

En tanto, los agentes que firmaron el acta apócrifa (Iván Duilio Papini, Matías Ezequiel Zoratti y Claudia Rosana Moreira, pertenecientes a la subcomisaría 20 de Arroyo Leyes; Mauro Dionisio Ruoppulo, chofer de la Comisaría 14 de Rincón; Fabián Ricardo Manjka y Luciano Andrés Astrain, Comando Radioléctrico de la Costa; y José María Murguia, chofer del comisario Díaz), los jueces confirmaron penas de dos años de prisión en suspenso por considerarlos coautores del delito de “falsedad ideológica de documento público”.