El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, condenó a cuatro años de prisión y una multa de $2.253.000 a Alejandro Daniel "Aguja" Agüero, un ex integrante de la Policía de Santa Fe, al considerarlo responsable del delito de lavado de activos de origen ilícito, figura que también atribuyó a su esposa y su padre, a quienes impuso una pena de tres años (y multa similar) y un año de ejecución en suspenso, respectivamente. Agüero había sido condenado en 2017 a doce años de prisión por transporte de estupefacientes doblemente agravado, razón por la cual el tribunal dispuso unificar la pena en catorce años. La lectura de los fundamentos tendrá lugar el próximo 21 de junio. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino en el debate el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien había requerido cinco años de prisión y multa de 4 millones de pesos para el principal acusado.

Dinero del narcotráfico

En junio de 2017, el TOF de Santa Fe condenó a penas de entre dos y doce años de prisión a diez policías y dos civiles por el transporte y posterior encubrimiento de un container con 1662 kilos de marihuana secuestrados en noviembre de 2014 en un basural de la comuna santafesina de Arroyo Leyes, cercano a la ruta provincial 1. Agüero -quien al momento de los hechos revistaba en la 8ª Zona de Inspección de la policía local con el grado de sargento- recibió la pena más alta, doce años de prisión como autor del delito de transporte de estupefaciente doblemente agravado, por la participación de tres o más personas organizadas y por su calidad de funcionario policial encargado de la persecución del delito.  Durante el debate se pudo probar la hipótesis de encubrimiento del narcotráfico por parte de los propios policías encargados de perseguir ese delito. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Durante el presente debate se acreditó la incongruencia entre los ingresos percibidos durante el período bajo análisis y la situación patrimonial del imputado y su grupo familiar.

Ahora bien, durante el presente debate se acreditó la incongruencia entre los ingresos percibidos durante el período bajo análisis y la situación patrimonial del imputado y su grupo familiar. En efecto, el ahora condenado percibía como sargento de policía un sueldo de $8.400 en 2014, mientras que su esposa percibía $ 10.000 como enfermera del Hospital de Niños. En tanto, su padre trabajaba como portero de escuela, actividad por la que cobraba $6.600 que le pagaba el Ministerio de Educación provincial. Entre los gastos más sobresalientes de los tres imputados figura la refacción de la casa familiar en la que vivían todos ellos, que según los profesionales contratados para la tarea, costó alrededor de $ 2,5 millones en 2014. Además, entre ese año y el siguiente, adquirieron tres automóviles, una moto y una segunda vivienda ubicada en la localidad de Santo Tomé, por un monto estimado en un millón trescientos ochenta mil pesos aproximadamente.

Decomisos

El TOF de Santa Fe ordenó el decomiso del mencionado inmueble de la localidad de Santo Tomé, la motocicleta y dos vehículos, bienes que consideró adquiridos con el producto del ilícito.