Tras la investigación y el pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Jorge Gustavo Onel, el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción procesó con prisión preventiva a un hombre que trabaja como personal administrativo dentro del Ejército Argentino por el secuestro de un joven ocurrido en la ciudad de santafesina de Gálvez en abril pasado. Además, le fijó un embargo de un millón de pesos.

El juez federal Reinaldo Rodríguez consideró al agente como responsable de “secuestro extorsivo, agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por ser el nombrado agente de una fuerza de seguridad y por la cantidad de intervinientes (tres personas); y por ser partícipe necesario en los delitos de “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y lesiones leves”.

En la misma resolución, el Juzgado decidió ampliar los procesamientos de los otros dos involucrados en el caso. Los dos hermanos habían sido señalados directamente como los responsables del secuestro y de las lesiones sufridas por la víctima. Tras la solicitud de la fiscalía, fueron indagados y procesados por el robo de una mochila, un celular y dinero en efectivo, que estaban en poder del joven al momento del hecho y que no fueron hallados. Además, se incluyó en su situación procesal la agravante de la participación de tres o más personas en relación al secuestro.

Dentro del fallo se mencionó que el agente civil habría estado presente, por lo menos por el plazo de dos horas, en las inmediaciones de la casa donde estaba cautiva la víctima en momentos en los cuales aún estaba secuestrada. En la causa, colaboró la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que encabeza Santiago Marquevich.

El caso

Cerca de la medianoche del 14 de abril pasado, un joven de 27 años fue interceptado cuando salía de su trabajo. Alrededor de las 6 de la mañana, los captores se comunicaron con la familia de la víctima, desde su celular, y le solicitaron, primero, un pago de 200 mil dólares a cambio de la liberación. Ante esta situación, los familiares presentaron la denuncia en la Comisaría Segunda de Gálvez. En ese momento, se activó un operativo que incluyó escuchas directas mientras el fiscal y el personal de la delegación Santa Fe de la Policía Federal se trasladó hacia esa ciudad.

El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado en San Lorenzo, a unos 20 kilómetros de Rosario y a casi 150 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Durante esas horas, los hombres se mantuvieron en contacto con la familia y le pidieron después 5 millones de pesos a modo de rescate, el cual no fue abonado. Tras una serie de operativos, en los que se secuestró un auto marca Ford Focus color gris que se presume fue el utilizado durante el secuestro, se detuvo también a los dos hermanos, que luego fueron procesados por haber “sustraído, retenido y ocultado” al joven para cobrar el rescate. 

El rol del tercer involucrado en la maniobra

La investigación continuó y, a pedido de la fiscalía, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina pudo establecer que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los teléfonos de los dos procesados en la causa y que pertenecía al hombre que trabaja en el Ejército Argentino.

Tanto del análisis de los registros telefónicos como de las filmaciones de una cámara de seguridad y de la investigación llevada adelante por la PFA, se pudo corroborar ese hombre está casado con la hermana de los dos señalados por el secuestro. La mujer poseía una vivienda en la localidad de Andino, provincia de Santa Fe, cuyas características coincidían con las relatadas por la víctima en el expediente.

En base a las evidencias recolectadas, la fiscalía había solicitado una serie de medidas que incluían la detención e indagatoria del hombre, al considerar que probablemente puso a disposición el inmueble para que se pueda mantener oculta y retenida a la víctima mientras los otros dos implicados exigían el pago de un rescate para su liberación. 

Cabe resaltar que el joven damnificado estuvo presente en el allanamiento realizado en el lugar y reconoció una serie de objetos y sectores. A ello se le sumó el hallazgo en el lugar de cautiverio de un portaequipajes que pertenecería al vehículo Ford Focus utilizado por los hermanos para trasladar a la víctima hasta ese inmueble.

Tras esto, el juez federal consideró que existían evidencias suficientes como para sostener que el hombre habría participado activamente del secuestro. Primero, recordó en su fallo el informe de compatibilidad que solicitó la Fiscalía Federal entre el portaequipaje secuestrado y el Ford Focus que se encuentra secuestrado en la causa. Allí, la Policía Federal determinó: “se observa que sobre el techo del vehículo hay rastros de que sobre el mismo habría estado colocado una especie de soporte, mismas marcas que dejan los portaequipajes en los techos de los vehículos”. En las filmaciones obtenidas del auto, se ve que al momento de los hechos tenía un elemento similar, “el cual fue luego removido y resguardo en el lugar de cautiverio, habiendo permanecido en dicha propiedad hasta su hallazgo”.

Tuvo en cuenta también lo expresado por la víctima en el allanamiento y lo informado por el Departamento Antisecuestro, que marcó que el inmueble propiedad de la hermana y esposa respectivamente de los tres involucrados “reuniría las características del lugar de cautiverio”.

Se indicó luego que el teléfono del hombre que trabaja en el Ejército había interactuado el día del hecho en varias ocasiones con los dos celulares de los presuntos secuestradores. Además, se tomó en cuenta que durante la mañana del 14 de abril el celular del hombre se ubicó entre las 09:27 y hasta las 11:23 en la localidad de Andino, en la provincia de Santa Fe. En ese mismo lugar estuvo posicionado el celular entre la 01:38 y las 11:29 el abonado de uno de los hermanos procesados. A ello se le sumó que, al estudiar los listados de comunicaciones de teléfono del agente civil, se advirtió que también había estado en esa localidad días previos al hecho investigado.

Por otro parte, se obtuvieron los registros de las cámaras de seguridad del municipio de Andino: allí, un dispositivo detectó que a la 01:05:19, un vehículo de similares características al utilizado por los captores ingresó a la vivienda. Luego, durante la mañana, un auto marca Renault, modelo Sandero Stepway, realizó el mismo recorrido que el otro vehículo. El Sandero es propiedad de la esposa del empleado del Ejército, que figura como autorizado a conducirlo. 

“En definitiva, la presencia de P. durante el lapso de dos horas aproximadamente —corroborado por los reportes de su línea móvil y la filmación del rodado que se encuentra autorizado a conducir— en inmediaciones de la vivienda que se encuentra registrada a nombre de su pareja, donde se presume que N.P.M estuvo cautivo, sumado a los llamados convencionales que registró el mismo día del hecho con F.L.Q y M.U.Q, autores materiales del secuestro extorsivo, permite concluir que el nombrado, cuanto menos, puso a disposición el inmueble en cuestión como lugar en dónde poder mantener oculta y retenida a la víctima mientras exigían el pago de un rescate para su liberación”, se especificó en la resolución.

Agravantes y prisión preventiva

Para el juez federal, quedó debidamente acreditado que todos los involucrados en el secuestro conocían que la víctima tiene una discapacidad, ya que conocían a su entorno familiar por residir en la ciudad de Gálvez. Además, en el transcurso del suceso, le manifestaron al joven que lo conocían del bar en el que trabajaba y que habían comido allí. “Además, la propia madre de la víctima reconoció tener un vínculo laboral con la esposa de uno de los presuntos secuestradores”, se puntualizó en la resolución.

“Lo expuesto, permite considerar que la víctima fue seleccionada por sus autores, a sabiendas de su discapacidad en forma previa a la ejecución del hecho, por lo que procede la agravante seleccionada, pues entiendo que no solo tuvieron en miras la posibilidad de facilitar el momento de la sustracción y posterior retención, sino que además pudieron considerar que su estado de vulnerabilidad podría hacer más efectiva la posibilidad de cobrar el rescate por ellos pretendido, atento a que su familia procuraría –como al fin y al cabo sucedió- su liberación de la forma más pronta posible teniendo en cuenta además su estado de salud, puesto a que además es insulino- dependiente, por lo que no podía permanecer muchas horas sin aplicarse su medicación”, se detalló.

Con respecto a la prisión preventiva, hizo foco en que aún se encuentran pendientes una serie de medidas, entre ellas el resultado de los peritajes sobre los teléfonos. “Por otra parte, aún no se lograron hallar elementos que le fueron sustraídos al secuestrado, entre ellos su aparato de telefonía celular, desde donde los captores se contactaron con sus progenitores con fines de cobrar rescate. Tales elementos resultan de suma importancia probatoria, y no puede garantizarse en este estadio, que el imputado en caso de obtener la libertad, no realice conductas tendientes a ocultar o hacer desaparecer elementos de prueba que ayuden a clarificar la veracidad de los hechos”, marcó el juez federal.