El titular del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, ordenó el procesamiento del basquetbolista Carlos Delfino por el delito de lavado de activos, luego de que titular de la Fiscalía Federal N° 2, Walter Rodríguez, lo solicitara. El juez procesó por el mismo delito al padre del deportista y a otras dos personas, que son investigadas por lavado de dinero y comercialización de estupefacientes y respecto de quienes la resolución les impuso su detención preventiva y embargos por más de cinco millones de pesos.

En la causa se investiga la cesión de un inmueble a nombre de la sociedad offshore Parmery Trading S.A, que había sido parte de la publicación periodística conocida como Panamá Papers, en la cual se revelaron sociedades fantasmas radicadas en paraísos fiscales. La propiedad ubicada en el Club de Campo “El Paso”, en la autopista Rosario-Santa Fe, había sido cedida en comodato gratuito por 95 años a Delfino hijo. Según detalló la investigación, el basquetbolista había notificado que ya no viviría en el lugar y que sería ocupada por otras de las personas procesadas, que también están siendo investigadas por actividades ligadas al narcotráfico. De esta manera, la causa intenta establecer si a partir de esa cesión inmobiliaria se produjo el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.

Previamente, en la solicitud de indagatoria la Fiscalía había detallado que si bien Delfino y su padre “no tenían una vinculación con la maniobra previa de narcotráfico, tendrían conciencia de que el dinero utilizado en la adquisición del inmueble sería de origen ilegal”, ya que habrían propiciado una estructura jurídica para no revelar a los verdaderos dueños de la propiedad, que se mantuvo de forma simbólica a nombre del padre del jugador de básquet.

En este sentido, el fallo coincidió con la imputación del Ministerio Público Fiscal y sostuvo la responsabilidad de los Delfino “para introducir en el mercado dinero proveniente del narcotráfico bajo una apariencia de licitud, facilitando un andamiaje jurídico diseñado con anterioridad y en provecho propio, para ocultar los verdaderos titulares” de la propiedad señalada. Por su parte, tanto el jugador como su padre desconocieron las imputaciones y negaron haber formado parte de las acciones delictivas que se les imputan.

Asimismo, en la resolución el juez consideró que “la extensión temporal supuestamente no onerosa resulta ser un indicio sustancial” cuyo fin sería el de esconder “el verdadero rol de los ocupantes del inmueble” y consideró que hasta el momento es posible “sostener -con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal- la responsabilidad de los imputados” en la investigación.