El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó esta semana el juicio oral contra el empresario Alberto Rocchia Ferro, presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, acusado en dos causas donde se investigan contaminación del medio ambiente y del agua. En el debate, interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, representada por Indiana Garzón y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez.

Tanto Rocchia Ferro como José Ramón Coronel -gerente general de la compañía- fueron procesados de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos donde se establece una pena de tres a diez años de prisión para la persona que utilizando alguno de los residuos referidos en la normativa “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Los hechos

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, se acusó a Rocchia Ferro de haber tenido intervención -desde su rol de presidente de la compañía- en la contaminación del aire y del medio ambiente “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industria del Ingenio La Florida”.

Concretamente, tal como se detalla en la causa, esa situación se habría producido en agosto de 2011 cuando el ingenio vertió efluentes industriales hacia un canal de riego denominado “Este” y que en su recorrido final traspasa hacia la provincia de Santiago del Estero. “Dichos efluentes contenían valores superiores a los permitidos produciendo una contaminación ambiental que implica un riesgo para la salud humana”, según surge de la pieza acusatoria.

Por otra parte, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal de Santiago del Estero Pedro Eugenio Simón, Rocchia Ferro junto con Coronel fueron responsables del derrame en el canal de drenaje conocido como “Canal del Este” de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro proveniente del mencionado ingenio La Florida, en octubre de 2012.

“Ese curso de agua contaminado con desecho industrial ingresó a la provincia de Santiago del Estero por la localidad del Palomar produciendo la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”, sostuvo. Además, incluyó un nuevo derrame de vinaza en enero de 2013, que llegó a afectar un canal pluvial denominado Interprovincial del Este que atraviesa la localidad del Arenal, en el Departamento de Jiménez, también en la provincia de Santiago del Estero, lo que afectó “el curso de agua” y provocó “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”.

El debate oral

Ante los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martinez, la fiscala Garzón realizó su alegato de apertura donde repasó los hechos por los cuales llegaron a juicio los dos implicados. En esa línea, sostuvo que la teoría del MPF consistirá en presentar las pruebas que sustenten el hecho de que los acusados volcaron vinaza, una sustancia que posee características que permiten considerarla un residuo peligroso.

A ello, la fiscala agregó que esos vuelcos tienen “efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente” y que constituyen un peligro potencial para la salud. Explicó entonces que los derrames que se juzgarán durante el debate no constituyeron eventos aislados, accidentales o inocuos sino que fueron “intencionales y reiterados” y que se constató que tenían valores de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) superiores a los permitidos por la regulación administrativa ambiental. 

La fiscala Garzón manifestó que los acusados “omitieron controlar, disminuir o administrar el riesgo que generaba su actividad mediante la acumulación de vinaza, que luego volcaron intencionalmente en canales de riego de la provincias de Tucumán y Santiago del Estero, pese a la existencia prohibiciones administrativas y de una expresa orden judicial”. 

La representante del MPF, consideró entonces que se expondrá el material probatorio necesario para sostener que los acusados no cumplieron con un plan o programa de tratamiento y eliminación de vinaza a pesar de estar obligados. Sostuvo que las instancias administrativas -que se llevaron adelante antes que la judicial- y donde fueron sancionados, dieron a ambos involucrados un conocimiento sobre los hechos y sus consecuencias. “No obstante las distintas multas aplicadas y las prohibiciones dictadas y legalmente notificadas, con total desidia y falta de compromiso, persistieron en su ilícito accionar”, puntualizó.

La fiscala Garzón marcó entonces que los dos tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. “Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados que logre finalmente romper el principio: ‘Too big to fail, too big to jail’ , que significa: demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado”, consideró.

“Para que se mida con la misma vara a todos quienes formamos parte de la comunidad nacional. Para que no haya ‘poderes salvajes’ o poderes por fuera de la ley. Para que la justicia se saque la venda de los ojos respecto de los delitos cometidos por grandes empresarios, acostumbrados a la impunidad de sus acciones. En definitiva, para vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales ante la ley, la respetemos y sancionemos a quienes no la respetan. De lo contrario, no habrá un futuro viable para nuestra comunidad”, concluyó.

Durante la primera audiencia realizada ayer, ambos imputados declararon en indagatoria. También expuso la Fiscalía de Estado de la provincia en su rol de querella, representada por los abogados Ricardo Pérez Neme y Marcelo Acuña. luego comenzaron las declaraciones testimoniales, que se extenderán durante la jornada de hoy. El debate continuará la próxima semana.