La causa en la que se investiga a Jorge Enrique Fuhr, su esposa Silvina Pinto Romero y su hijo Alejandro Enrique Fuhr fue iniciada de oficio en el mes de julio de 2012 por el representante del Ministerio Público Fiscal, Pedro Eugenio Simón. Lo hizo ante la noticia aparecida en medios periodísticos en las que se daba cuenta de la existencia de varios procesos judiciales promovidos por Jorge Enrique Fuhr en los cuales reclamaba sumas millonarias. Las defensas de las personas a las que Fuhr demandaba aducían que se trataban de operaciones con un origen ilícito de los fondos, y a préstamos usureros.

El fiscal dispuso el inicio de una investigación con el objetivo de averiguar los ilícitos que podrían surgir de los hechos denunciados. Entre otras cosas, consideró que el hecho podría afectar el orden público económico financiero y la hacienda pública federal por falta de la consiguiente tributación que correspondería por la actividad que Fuhr realizaba. De los propios informes de la AFIP surgía que el presunto acreedor revistaba en una categoría tributaria incompatible con los montos que se manejaban. Asimismo, Simón solicitó la colaboración de la Procelac, quien orientó las medidas de prueba a solicitar y realizó aportes en el análisis sobre la documentación aportada por los bancos. Además, pidió el allanamiento de las oficinas y los domicilios de los imputados, hechos que recién se concretaron el 15 de agosto pasado.

También en el marco de la investigación, el magistrado del MPF requirió ante el juez una serie de informes a entidades bancarias, a registros públicos de la provincia, al Banco Central, a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera. Como consecuencia de ello, pudo constatar que los acusados no se encontraban inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, mientras que el movimiento de fondos en las cuentas bancarias de Jorge Enrique Fuhr desde el 2010 hasta julio del 2012 fue de más de 31 millones de pesos, y que en ese mismo periodo compró 7 millones de dólares. También comprobó que Silvina Pinto Romero y Alejandro Enrique Fuhr eran titulares de cuentas corrientes en entidades bancarias locales en las cuales se depositaban y extraían importantes sumas de dinero.

En cuanto a las posibles actividades que desarrollaría Jorge Enrique Fuhr, se verificó que si bien figura como proveedor o contratista del Estado Provincial, según la Contaduría General de la Provincia de Santiago del Estero, se resalta que un informe suscripto por el Secretario Técnico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia indica que no se encuentra inscripto en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. Asimismo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago de Estero informó que Fuhr tiene suspendida la matrícula de Contador Público por falta de pago de derecho de ejercicio profesional.

A los tres imputados se les recibió declaración indagatoria y en base a los datos y documentación aportada por Jorge Enrique Fuhr se dispuso citar a declaración testimonial a un grupo de personas, entre los que se encuentran deudores y acreedores del contador. Esta serie de audiencias se llevarán a cabo a lo largo de esta semana. Una vez finalizadas, el fiscal Simón solicitará al juez Guillermo Daniel Molinari resolver la situación procesal de los acusados.