“Las órdenes bajaban por la cadena de autoridad”, explicó el testigo Roberto Tolosa en el juicio que se lleva a cabo en los Tribunales Federales de Retiro por el presunto pago de sobresueldos durante las presidencias de Carlos Saúl Menem. Se refería así al frustrado decreto 1014 de 1998, que sirvió como ejemplo de la maniobra imputada por el Ministerio Público Fiscal a los acusados: a través de ese documento, se buscó transferir un millón de pesos-dólares del Ministerio de Justicia a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), eslabón necesario para sacar los fondos de la órbita de control del Estado y transformarlos en “reservados”, cuyo régimen especial permitía disponer del dinero en efectivo.

Ese documento fue anulado por tratarse de fondos provenientes de una fuente de financiamiento 13, que por su naturaleza sólo pueden ser aplicados a actividades afines al organismo que los percibe. Sin embargo, la transferencias se realizaron luego a la Jefatura de Gabinete a través de las decisiones administrativas 545 de 1998 y 81 y 402 de 1999, que llevan la firma del hoy acusado ex ministro de justicia Raúl Granillo Ocampo. Consultado por los representantes del MPF Stella Maris Scandura y Juan Manuel Gaset, Tolosa -quien se desempeña en la Oficina Nacional de Presupuesto- señaló que no había un mecanismo previsto para operaciones como la que finalmente fue cancelada. “Nunca supimos cómo llegaba la instrucción”, continuó. Y agregó: “No había un pedido escrito, la orden era oral”.

En otro tramo del interrogatorio, reiteró que se trataba de fondos públicos. Por otra parte, expresó que si bien no se incrementaba el presupuesto por ley, “se notaban reasignaciones” y grandes sumas transferidas. Al respecto, dijo que era necesario el consentimiento del ministro que cedía los fondos: tenía que estar la firma en la decisión administrativa y en el decreto.

Antes, había declarado Susana Vega, también integrante de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuya elaboración explicó paso a paso.  En la misma línea que su colega, indicó que el pase de fondos de una dependencia a otra corresponde a “decisiones del nivel político”.

Además de Menem y Granillo Ocampo, también llegaron acusados al debate oral y público los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Defensa, Oscar Camilión; la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray; los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia). Ante el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo- interviene un equipo del Ministerio Público conformado por los fiscales Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio, Diego Velasco y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Gaset.

El juicio continuará el martes próximo, desde las 9:30.