La fiscal Alejandra Mángano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, solicitó que vayan a juicio dos médicos que trabajaban en el laboratorio del Hospital César Milstein de PAMI y están acusados de utilizar los insumos del lugar para realizar análisis de su laboratorio privado. El perjuicio aproximado se calcula en 2.777.791 pesos, un monto que deberá ser actualizado al momento del debate ya que el precio de referencia de los insumos suele ser en dólares. Las maniobras se llevaron adelante entre enero de 2017 y abril de 2019.

El requerimiento de elevación a juicio incluye, además, a otros tres empleados del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital César Milstein. Los cinco imputados fueron acusados por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”. La investigación comenzó por una denuncia realizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo.

De acuerdo a la acusación, se utilizaba el laboratorio privado de la médica involucrada para captar clientes del ámbito privado que les encomendaban estudios patológicos y que luego llevaban adelante con insumos públicos. De esa forma, las muestras de biopsias y tejidos eran llevados al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital César Milstein, perteneciente al INSSJP-PAMI, donde ambos trabajaban. Allí, utilizaban los diferentes recursos que tenía el instituto -desde tecnología e insumos hasta los recursos humanos- para realizar los análisis, trasladándose los costos al PAMI.

De acuerdo a la acusación, se utilizaban los recursos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital César Milstein para realizar los análisis requeridos a una institución privada, trasladándose los costos al PAMI.

Los empleados del Servicio colaboraban con los dos médicos: los tres imputados se encargaban de procesar las muestras para que los profesionales se encargaran luego del diagnóstico. Una de las empleadas era quien se encargaba de solicitar, a través del sistema electrónico de PAMI, los insumos necesarios. Todo el mecanismo terminó luego de los allanamientos realizados en abril de 2019 en los domicilios de los médicos, en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Cesar Milstein y el laboratorio particular involucrado.

Las maniobras

El encargado de la Dirección Médica de la Unidad Asistencial César Milstein denunció en 2019 que personal del Servicio de Anatomía Patológica ingresaba en horarios inusuales y después solicitaban insumos y productos que no se correspondían con un incremento en la demanda de los servicios. Relató, además, que se detectaron muestras de pacientes de otras instituciones de salud. A partir de eso, intervino la UFI-PAMI que presentó ante la Cámara Federal una denuncia el 9 de abril de ese año.

En la presentación se sugirieron diversas medidas probatorias: de la consulta del sistema NOSIS surgió que la médica involucrada registraba a su cargo un Instituto dedicado a la patología general oncológica en Pilar. Con el avance de la investigación, lo denunciado por el encargado de Dirección Médica fue corroborándose, a lo que se sumaron las declaraciones testimoniales de distintos empleados del lugar, que relataron las maniobras llevadas adelante por los imputados. “Todos coincidieron cuanto menos en observar a los diferentes imputados manipular muestras biológicas correspondientes a instituciones ajenas al Hospital Cesar Milstein dentro del Servicio de Anatomía Patológica y en el horario en que supuestamente deberían haber estado prestando las funciones para las que el INSSJP-PAMI les pagaba”, marcó la fiscalía federal.

En el requerimiento se señaló que dentro de la oficina de la médica imputada encontraron distintas cajas, sobres y bolsas de plástico que tenían vidrios donde se almacenaba la muestra analizada junto con las respectivas órdenes médicas emitidas por una clínica. Junto con eso estaban las constancias de material enviado y retiros de tacos o preparados, todas ellas de diferentes años. Además, en la sala de Diagnósticos Médicos del Servicio de Anatomía se halló documentación de esa misma clínica. Por otro lado, en la Sala de Macroscopía del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Cesar Milstein se encontraron 289 muestras orgánicas: 181 eran ajenas al PAMI. 

Según lo estimado en la investigación, el perjuicio económico sería de por lo menos 2.777.791,11 de pesos, un valor que deberá ser actualizado durante el juicio

A pedido de la fiscal Mángano, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizó la documentación secuestrada durante los allanamientos -ajena al PAMI -y los documentos encontrados en las computadoras, todo dentro del período de enero de 2017 hasta el 14 de abril de 2019.

En base a ese trabajo, se pudieron encontrar dentro de la computadora que utilizaba una de las médicas en el Servicio de Anatomía unos 1740 estudios realizados a pacientes ajenos al Hospital Milstein. Entre estudios y biopsias se detectaron 2121 trámites analizados allí que eran completamente ajenos a la institución. A su vez, debe tomarse en cuenta la documentación física secuestrada que da cuenta de otros estudios de clínicas privadas realizados dentro del Hospital: 2777 comprobantes que se suman a los registros anteriores.

Para la fiscalía era una práctica habitual, que consistía en utilizar recursos públicos para anular los costos económicos de su actividad privada. “Todo esto indica que prácticamente dentro del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital César Milstein se encontraba montado un laboratorio paralelo”, explicó. De acuerdo a lo estimado durante la investigación, el perjuicio económico sería de por lo menos 2.777.791,11 de pesos, un valor que deberá ser actualizado durante el juicio debido a que los insumos tienen un costo en dólares.

Incrementos patrimoniales y defraudación

En el marco de la instrucción intervino también el equipo de contadores de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, que realizó un informe sobre la situación patrimonial de los implicados. Allí quedó evidenciado el incremento de la médica que tenía el laboratorio: entre 2015 y 2017, la acusada prácticamente triplicó sus ingresos registrados, además de adquirir distintos autos y propiedades. El otro médico, por su parte, no tenía demasiados registros, pero sí se encontraron distintas acreditaciones de dinero en el banco. Los indicios demuestran que obtenía una “rentabilidad extraordinaria” que no podía declarar ante el fisco: su sueldo de 60 mil pesos -declarado en su indagatoria- no se condice con su nivel de vida. 

"Este perjuicio patrimonial se produjo en desmedro de un servicio público destinado a un sector especialmente vulnerable de la sociedad, como son los jubilados y pensionados”, resaltó la fiscalía federal

La fiscalía encuadró el caso como defraudación a la administración pública, en particular al patrimonio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). “La gravedad del caso no solo reside en la afectación a las arcas estatales, sino que también este perjuicio patrimonial se produjo en desmedro de un servicio público destinado a un sector especialmente vulnerable de la sociedad, como son los jubilados y pensionados” remarcó, y agregó: “Es muy simple observar que las prestaciones que brinda dicho instituto público a este sector de la sociedad resultan indispensables para su subsistencia, para el pleno goce de su derecho a la salud y muchas veces incluye otro tipo de prestaciones vitales para los adultos mayores y las personas con discapacidades”.

Por ello, Mángano consideró especialmente grave la conducta de los imputados. Señaló que todos se valieron de los diferentes puestos que ocupaban para utilizar los recursos del estado en el análisis de muestras de laboratorios privados ajenas a la institución. “El Estado Nacional abonó al menos durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 16 de abril del año 2019 grandes sumas de dinero, bajo la creencia de estar destinando fondos para analizar muestras biológicas relativas a los afiliados del INSSJP-PAMI, cuando en realidad se utilizaban para pacientes de otras instituciones privadas y producto del interés de obtener un rédito económico adicional, ilegal, por parte de los imputados”, concluyó la fiscal .