29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Requerimiento de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal n°2 de Morón a cargo de Carlos Hernán García
Solicitaron enjuiciar a una organización que montó una usina de facturas "truchas"
Para el representante del MPF, los siete acusados conformaron una asociación criminal dedicada a inscribir en la AFIP sociedades ficticias que luego vendían su facturación a otras, las cuales lograban así disminuir o disimular su real capacidad contributiva; pidió que sean juzgados por asociación ilícita tributaria y, algunos de ellos, por falsificación de documentación pública y privada.

El fiscal federal Carlos Hernán García, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal n°2 de Morón, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra siete personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y, en el caso de tres de sus miembros, de llevar a cabo la falsificación de documentación pública y privada.

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la investigación logró acreditar que, bajo el rol organizador del imputado Alejandro Ruffa, la asociación ilícita funcionó cuanto menos entre el 3 de agosto de 2005 y el 20 de noviembre de 2014. Durante ese período, el propio Ruffa y el resto de los acusados -junto a personas que no han sido aún identificadas- se presentaron ante distintas agencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, mediante la exhibición de actas de constitución de sociedades y/o modificación de autoridades de una sociedad existente falsificadas, la exhibición de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas -en algunos casos- , y de documentos privados (contratos de locación y facturas de servicios), todos ellos falsificados, lograron registrar 37 sociedades comerciales. Tales sociedades funcionaban posteriormente como "contribuyentes usinas", es decir, imprimían facturas que vendían a distintas sociedades "usuarias", la cuales mediante su asiento en los registros contables, generaban créditos fiscales y/o gastos inexistentes", logrando de este modo disminuir su real capacidad contributiva.

Además, en el caso de algunas de las sociedades denominadas "usinas", mediante la utilización de documentos falsificados e incluso con sus nombres genuinos, los imputados obtuvieron cuentas corrientes en distintas entidades bancarias, necesarias para la operatoria desplegada. Los montos evadidos superaron las condiciones objetivas de punibilidad establecidas en la ley 24.769.

La causa tuvo su origen a raíz de una denuncia formulada por la División Jurídica de la Dirección Regional Oeste de la AFIP, a través de la cual puso en conocimiento la detección de un grupo de empresas -mayoritariamente inscriptas en esa Regional-, que se encontraban vinculadas entre sí y funcionaban como contribuyentes "usinas".

Tras enumerar el abundante material probatorio recolectado en la investigación, entre el que se destaca una gran cantidad de documentación obtenida en los allanamientos e intercepciones telefónicas, García indicó que las empresas ficticias fueron constituidas de un modo sistemático y organizado por Ruffa, quien actualmente enfrente otros procesos judiciales por hechos similares. De las conversaciones registradas se desprende no sólo la intervención de los imputados en el accionar ilícito, sino también la utilización por parte de éstos de personas desconocidas, presumiblemente en situación de vulnerabilidad económica y social, a las que usaban para presentarse ante la oficina de la AFIP, a cambio, posiblemente, de una mínima contraprestación económica.

Asociación ilícita tributaria y falsificación

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal García solicitó que el imputado Alejandro Ruffa responda en debate oral y público como autor penalmente responsable del delito de organización de una asociación ilícita tributaria (art.45 del Código Penal y art. 15 "in fine" de la ley 24.769), mientras que los acusados José Luis Tur, Ysela Verónica Velasco Almendras, Juan Domingo Muñoz, Hugo Luis Rojas, Mario Alberto Wainerman y Clemente Santin, deberán hacerlo en calidad de coautores de asociación ilícita tributaria.

Al señalar el rol de Alejandro Ruffa, el representante del MPF precisó que los elementos de prueba lo colocan claramente en un rol o eslabón superior al del resto de sus consortes de causa, en tanto era el encargado de decidir "qué se hacía, cómo se hacía y qué empresas iban a ser utilizadas para tal o cual maniobra". Adicionalmente, era la persona que proveyó al resto de los procesados y a personas aún no individualizadas los documentos que fueron utilizados para inscribir a la mayoría de las sociedades; ello, amén de que "per se" se presentara con nombres falsos ante la AFIP a inscribir él mismo distintas sociedades.

Respecto a Ruffa, el fiscal requirió además que sea juzgado por  falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, y por el uso de documentos públicos y privados falsificados. Los imputados José Luis Tur e Ysela Velazco Almendras también deberán responder por su presunta responsabilidad en este tipo de delitos. Sobre este último punto, el fiscal García resaltó que la falsificación de documentos públicos y privados constituyó un acto "indispensable para llevar adelante el fin último de la sociedad criminal; es decir, que terceros infrinjan el régimen penal tributario".

En la mayoría de los casos la Fiscalía no reprochó el uso de documentación falsa ya que entre la fecha de inscripción y el desbaratamiento de la organización transcurrió el plazo máximo de la pena prevista para esos ilícitos. No obstante, “tales inscripciones resultan reveladoras de la existencia de esa sociedad criminal y sus alcances”, concluyó el fiscal.

Solicitó, además, la formación de causa por separado para investigar la posible participación en estos hechos de personas que aún no fueron certeramente individualizadas.