El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía General n° 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, solicitó ayer 8 años de prisión para Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón, principales responsables de los talleres clandestinos, por considerarlos "coautores de reducción a la servidumbre en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objetivo de obtener un beneficio, agravada por hacer de ello una actividad habitual". Los dos están detenidos actualmente por pedido del fiscal, debido a las amenazas que hicieron durante el juicio a las victimas.

Para Amalia Cancari Nina, Julio Parisaca Cocarico, Sung Ho Han, Han Ki Gone y Kim Ki Ja el fiscal solicitó la pena de 3 años de prisión en suspenso por considerarlos "coautores de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objetivo de obtener un beneficio".

Azzolín explicó durante el alegato que los acusados permitieron que las víctimas residieran en el país porque les convenía económicamente, ya que no pagaban ni cargas sociales ni seguros por emplearlos.

Además, pidió dos años de prisión en suspenso para Esteban Mario Lucana Choque, Martín Fernández Llanos y Lucio Huaca Calisya por ser "autores de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objetivo de obtener un beneficio".

Por último, para Andrea Reparaz Fiori, la intermediaria entre los talleres clandestinos y las casas centrales, el fiscal solicitó 1 año y 10 meses de prisión en suspenso por considerarla "autora de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objetivo de obtener un beneficio".

Azzolin requirió el decomiso de los inmuebles de Laguna 940 y Portela 1251 (donde funcionaban algunos de los talleres clandestinos) y también de las maquinarias incautadas en los allanamientos realizados en el marco de la causa.

El representante del Ministerio Público solicitó, además, que se envíen copias de las actas del juicio y de las declaraciones testimoniales donde se detalla el rol de Federico Bonomi, responsable de la marca Kosiuko, quién actualmente se encuentra con falta de mérito en primera instancia, para lograr destrabar esa investigación.

El fiscal sostuvo durante su alegato que tanto Bonomi como el gerente general de la firma, Marcelo Gallardo, y Aníbal Terra, presidente de Kowseff S.A, una empresa que se encuentra a cargo de la parte comercial de Kosiuko, estaban al tanto de la situación de explotación.

Azzolin explicó la relación entre la empresa Kosiuko y el taller Miyagawa S.A., responsable de uno de los lugares clandestinos de costura y donde Kowseff S.A tercerizaba parte de su producción. Además sostuvo que las declaraciones tanto de la responsable del taller clandestino como de las víctimas son verosímiles en comparación a las contradicciones en las que entraron los encargados de la marca de ropa.

En el inicio de su alegato, el fiscal relató que los hechos que fueron objeto del debate se enmarcan en un contexto mucho más amplio. Explicó que la utilización de migrantes ilegales para la explotación laboral "es un fenómeno mundial y que ha concitado el interés de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Esto ha generado la sanción de instrumentos internacionales tales como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional".

Luego expresó que las modalidades de la explotación son a nivel mundial y consisten en la utilización de esos migrantes para la confección de prendas para abaratar costos de producción pero que no se trasladan a precio final.

"Es la cara oscura de mucha de la ropa que tal vez usemos, de la que se vende en los grandes centros comerciales y de la que se pretende que compremos con las promociones bancarias que estamos acostumbrados a ver, escuchar y leer" denunció Azzolin.

El fiscal detalló hechos ocurridos en los diferentes talleres clandestinos, donde -indicó- los acusados tenían a las víctimas trabajando en condiciones insalubres. Explicó que la mayoría de las víctimas contaban que sus jornadas laborales comenzaban a las 7 de la mañana y que se extendían hasta las 8 de la noche y los sábados hasta el mediodía, que comían dentro del taller clandestino y algunos alquilaban piezas dentro del taller, donde estaban hacinados y en malas condiciones higiénicas.

Azzolin aclaró que, si bien los testimonios de las víctimas eran muy importantes para la causa, "la fiscalía no se basará sólo en ello para sostener la acusación sino que servirán de marco respaldatorio a los allanamientos y demás pruebas, como fotos, filmaciones e informes de la Oficina de Migraciones".

Ahora el tribunal que lleva adelante el proceso, integrado por la jueza María del Carmen Roqueta y los jueces José V. Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo, deberá escuchar los alegatos de las defensas, por lo que se espera la sentencia para el año que viene.

La causa

En los requerimientos de elevación los fiscales Federico Delgado y Jorge Di Lello hicieron una descripción de las condiciones en las cuales se encontraban las víctimas, la mayoría de ellos extranjeros, reclutados por los dueños de los talleres, quienes les habían prometido trabajo, vivienda, comida y sueldo. Pero cuando las víctimas llegaban al país, previa aclaración de que el viaje iba a ser descontado de su primer salario, se encontraban con una situación que no era la prometida.

Las jornadas laborales a las que eran sometidas las víctimas comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las diez o doce de la noche. Solamente paraban de trabajar para comer y en reiteradas ocasiones se alojaban en el mismo taller, donde permanecían hacinados. De lunes a sábado no podían salir del lugar, ya que la puerta estaba cerrada con llave.

La investigación se inició a través la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,  en virtud de la presentación que hiciera ante ese organismo Gustavo Vera, dirigente del comedor comunitario "La Alameda", quien advirtió sobre las irregularidades en los talleres textiles del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Vera y el abogado de la Defensoría del Pueblo declararon como testigos en una parte del proceso, iniciado en septiembre.

La causa está caratulada como reducción a la servidumbre y delito migratorio, ya que al momento de los hechos aún no se había sancionado la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas