La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal imputó el delito de transporte de estupefacientes a un conductor oriundo de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal celebrada este lunes.

La acusación, presentada por el auxiliar fiscal José Rafael Lamas, fue receptada por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien de conformidad con la postura del MPF también dispuso la prisión preventiva del imputado.

Al referirse al caso, el auxiliar fiscal explicó que las actuaciones se iniciaron en la mañana del 26 de junio pasado, cuando personal de la Sección Senda Hachada de la Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Chevrolet Montana en el cruce de las rutas 34 y 81 de esa localidad, ubicada en el departamento General San Martín.

Añadió que, como parte de un control preventivo de rutina, los gendarmes procedieron a revisar la documentación del rodado. El conductor reveló que había salido de Salvador Mazza y se dirigía a la localidad de Embarcación, como así también dijo no poseer la cédula del vehículo.

En vista de ello, explicó el representante del MPF, los gendarmes verificaron la información del rodado y pudieron conocer que registraba prohibición de circulación. Paralelamente, al revisar el vehículo detectaron elementos extraños en los paneles laterales y en la compuerta trasera.

Ante ello, prosiguió el auxiliar fiscal, procedieron a una requisa más profunda con personal especializado y un can entrenado en detección de estupefacientes, que marcó las mismas zonas ya advertidas por los gendarmes. Al abrir el plástico de los paneles, se observaron paquetes con droga.

Lamas sostuvo que ante este descubrimiento se dispusieron las medidas de rigor, con la presencia de testigos y otras previsiones legales, entre ellas la constatación de los paquetes y de su peso y la detención del conductor.

En total se incautaron 72,620 kilogramos de cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular, la suma de 40 mil pesos y otros elementos de interés para el caso, que, ahora, son motivo de investigación por parte de la fiscalía.

De esta manera, el auxiliar fiscal dio por probada la materialidad del hecho, la cual sustentó en las pruebas aludidas, entre ellas informes, declaraciones de testigos civiles y otras entrevistas realizadas por el personal de la Gendarmería Nacional.

Tras calificar e imputar el hecho como transporte de estupefacientes, Lamas solicitó un plazo de investigación de 60 días y autorización para avanzar con una serie de peritajes pendientes, entre ellos el del teléfono celular incautado.

Asimismo, planteó ante el juez Montoya la prisión preventiva del conductor por el mismo plazo de 60 días, para lo cual aludió como razones de su pedido la gravedad del hecho, el daño en abstracto a la salud pública, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación que podría causar el acusado, en caso de quedar en libertad provisoria.

El juez valoró los argumentos y concedió, tanto la formalización de la investigación penal como la prisión preventiva y autorizó los peritajes pendientes.