El fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Sebastián Casanello que procese por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a personal de la prefectura Naval Argentina y de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, requirió la detención del prefecto David Alarcón Torres con el objetivo de tomarle declaración indagatoria.

Para la Fiscalía, el prefecto Alberto Gabriel Pandiani y los funcionarios porteños Claudio Alberto Lacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas deben ser procesados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por considerar que la intervención no fue la misma que el de los organizadores del evento musical.

Delgado afirmó que los hechos ocurridos en Costa Salguero sucedieron debido a “la complicidad estatal”.

“Básicamente, como lo afirmó el señor juez instructor el 24 de mayo de 2016, la tragedia de la 'Time Warp' alojó la creación de un espacio social, excluido de toda acción estatal, a través del que se permitió y facilitó la tenencia y venta de drogas por parte de numerosos dealers que concurrieron libremente a ese fin", subrayó el representante del MPF en su dictamen.

El fiscal señaló que “nadie hizo su trabajo”.

En el pedido de procesamiento, Federico Delgado afirmó que los hechos ocurridos en el predio Costa Salguero sucedieron debido a “la complicidad estatal” por parte de Prefectura Naval Argentina, por un lado, y la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según Delgado, el imputado Alarcón Torres “subordinó los objetivos generales de la Prefectura Naval Argentina a los de los organizadores de la rave que necesitaban. Ellos necesitaban, ya explicamos por qué,  que en la 'Time' funcionase un mercado al que libremente podían concurrir quienes vendían y quienes compraban drogas prohibidas para, entre otras cosas, vender bebidas”.

Sobre la responsabilidad de las autoridades de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la AGC porteña, el fiscal señaló que “nadie hizo su trabajo” y en ese sentido, trabajan de forma tal que sólo generan “irresponsabilidad”.