Tres casos por infracción al aislamiento preventivo, social y obligatorio fueron resueltos en las últimas horas de manera ágil mediante la suspensión del juicio a prueba, utilizando medios tecnológicos, y sobre todo, incluyendo el aporte de dinero a hospitales y entidades con fines sociales abocadas a hacer frente a la pandemia de Coronavirus. En dos de los procesos tuvo intervención la fiscal federal Josefina Minatta, en Concepción del Uruguay, y en el tercero hizo lo propio su colega Miguel Palazzani, en Neuquén.

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay coincidió con el planteo realizado por Minatta y las defensas, y dictó la suspensión del juicio a prueba de dos personas que incumplieron con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida se instrumentó junto con el dictado de reglas de conducta y la donación de 100 mil y 30 mil pesos, según el caso, al Hospital Urquiza de esa ciudad. Para la fiscal, el ofrecimiento del dinero resultaba "de gran utilidad para la institución médica a fin de hacer frente a la grave pandemia".

En ambas situaciones, la resolución incluyó la prohibición de consumición de “bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes, no cometer delitos y fijar domicilio”.

La representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación fundamentó el pedido de la probation en función de la Resolución PGN 86/04 que instruye a los fiscales a inclinarse por “la denominada tesis amplia” que “en materia de aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba se ha constituido en una respuesta racional frente al grave congestionamiento de expedientes que sobrellevan los órganos jurisdiccionales que celebran juicios orales y, además, ha coadyuvado a evitar la estigmatización del delincuente primario no reiterante, favoreciendo en forma notoria el acercamiento de la víctima a la resolución del conflicto y conformando una salida de mayor calidad del sistema", entre otros aspectos.

En ese sentido, también se tuvieron en cuenta las Resoluciones PGN 6/2011 y 97/2009; de acuerdo a la última de ellas, “lejos de prestar un consentimiento automático, el fiscal deberá tener en cuenta a la hora de expedirse el sentido del instituto como solución alternativa de conflictos y contemplar los intereses de las partes involucradas, a cuyo efecto deberá considerar particularmente las características del caso".

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales del artículo 76 del Código Penal, las partes pidieron la suspensión del juicio a prueba, a lo que se hizo lugar. 

Neuquén

El tercer episodio ocurrió en la noche del sábado 11 de abril: tres personas fueron imputadas luego de haber sido interceptadas en un control vehicular de Gendarmería, en el que no acreditaron estar exceptuadas para circular; una de ellas, incluso, fue descubierta escondida en el baúl del auto. Tras la consulta a la Fiscalía, a cargo de Palazzani -con la asistencia de la fiscal auxiliar Mariana Querejeta-, se le dio trámite de flagrancia con la intervención del juez federal Nº1 de Neuquén, Gustavo Villanueva.

La imputación fue por el artículo 205 del Código Penal. En la audiencia -celebrada hoy por Skype-, la defensa de los tres acusados ofreció la probation, con la que el MPF estuvo de acuerdo. A cambio, se acordó la entrega de 15 mil pesos cada uno: la mitad destinada al Hospital Castro Rendon, y la otra a una pastoral social que trabaja con gente en situación de calle. Además, el vehículo utilizado en el hecho quedó secuestrado.