28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal Pablo Camuña representará al MPF en el debate oral
Tucumán: comienza el juicio a un ex juez federal por enriquecimiento ilícito
El ex magistrado Felipe Terán se encuentra acusado de un incremento injustificado de su patrimonio entre 1999 y 2005, cuando estaba al frente del Juzgado Federal n°2 de esa jurisdicción.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Casas, María Noli y Juan Reynaga, dará inicio el próximo 15 de noviembre al juicio que tiene como imputado al ex juez federal de esa jurisdicción Felipe Federico Terán por el delito de enriquecimiento ilícito. El ex magistrado se encuentra acusado de haber registrado un incremento patrimonial injustificado entre 1999 y 2005, período durante el cual se encontraba al frente del Juzgado Federal n°2 de Tucumán.  En la etapa de instrucción  intervino el fiscal federal Carlos Brito, y ya en la etapa de juicio, el fiscal federal Pablo Camuña.

La pena que prevé el Código Penal en este caso es de dos a seis años de prisión y una multa de entre el 50 y el 100% del monto del incremento patrimonial injustificado.

En la preparación del juicio el representante del MPF contó con el aporte técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.  La dependencia a cargo de Judith König realizó un análisis contable sobre la situación patrimonial del imputado, además de actuar como perito de parte del MPF ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los análisis contables realizados en el expediente señalan que en 1999 el patrimonio de Terán estaba compuesto por 101. 297 pesos en concepto de ingresos, $193.552 como la suma de bienes -dos departamentos, una casa, dos automotores y dos créditos del Banco Hipotecario-. Seis años más tarde, la cantidad de inmuebles ascendía a seis, y poseía entre sus bienes dos autos de alta gama y un patrimonio neto de 1.384.930 pesos.

Se advierte que de la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1.999 a 2.005, ascienden a Pesos Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 83/100 ($ 444.881,83.-), mientras que el incremento patrimonial determinado es de Pesos Un Millón Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 29/100 ($1.319.642,29.-), es decir que Felipe Federico Terán cuando se desempeñaba como Juez Federal obtuvo un incremento patrimonial apreciable, consistente en la suma de pesos ochocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta con 46/100 ($874.760,46), no justificado al ser debidamente requerido en la audiencia instrumentada en fecha 04/05/2.010”, consigna el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Brito.

El 22 de marzo de 2010, la justicia citó a Terán para que, en una audiencia pautada para el 5 de mayo de ese mismo año, justificara la discordancia existente entre sus recursos anuales y su incremento patrimonial. El propio ex magistrado recibió la notificación en su domicilio, pero en el día de la audiencia presentó un pedido que fue rechazado y no se presentó a la justicia. En una posterior declaración indagatoria, Terán sólo agregó que “no estando dadas las garantías necesarias para la declaración y negando a la vez todos los hechos que se me imputan y no estando los elementos total y absolutamente discriminatorios para efectuar una declaración acorde, me abstengo de continuar declarando”.

Por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, se dispuso confirmar el procesamiento de Felipe Terán por resultar presunto autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito con posterioridad a la asunción de su cargo como funcionario público.

En julio de 2010, un jury de enjuiciamiento destituyó al magistrado por mal desempeño de sus funciones, al considerar acreditadas las acusaciones en su contra relacionadas al pago indebido de títulos en default a través del dictado de medidas cautelares (en las causas por el llamado "corralito").

En octubre de 2014, el TOCF de Tucumán condenó a Terán –y a dos abogados- a tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, en el marco de una causa por maniobras con títulos públicos mediante las que se habrían buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares.