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La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que la integran.

Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.

Resaltó la necesidad de consolidar el uso de las plataformas desarrolladas a fin de optimizar tiempo, recursos y evitar demoras innecesarias en el avance de las investigaciones criminales.