El Juzgado Federal N°1 de Tucumán elevó a juicio la causa seguida contra cuatro policías provinciales de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital acusados de haber secuestrado en 2024 a un joven, mantenerlo cautivo en la dependencia policial y cobrar una suma de dinero como rescate por su liberación. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, quien hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal federal Agustín Chit.

Los imputados serán juzgados por el delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por haberse concretado el cobro de rescate y por tratarse de funcionarios policiales.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, con la instrucción estuvo a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar.

El caso

De acuerdo con la investigación, el 23 de febrero de 2024 los policías provinciales Ángel Sebastián Gómez (Oficial Principal, 38 años), Sergio Daniel Díaz (Cabo Primero, 49 años) y Franco Javier Jiménez (Agente, 39 años), junto a un civil (actualmente identificado y en etapa de instrucción con procesamiento apelado) y bajo las órdenes del jefe de la Zona III de la Unidad Regional Norte, el comisario Gustavo Ezequiel Morales (51 años), irrumpieron en el domicilio de la víctima, de 28 años de edad al momento de los hechos, ubicado en el barrio privado “Portal del Parque” de la capital tucumana.

La fiscalía sostuvo que el joven fue obligado a subir a un automóvil Renault Megane perteneciente a Díaz y trasladado hasta la mencionada jefatura. Allí habría sido golpeado, obligado a desnudarse y fotografiado mientras era sometido a agresiones físicas y psicológicas.

Según la acusación, mientras parte del grupo permanecía en la dependencia policial, otros integrantes, entre ellos el civil, regresaron al barrio privado y tomaron contacto con un hermano de la víctima, a quien le pidieron su número telefónico para contactarlo con instrucciones.

A través de llamadas telefónicas, que fueron atendidas por la madre del cautivo, exigieron dinero a cambio de su liberación y afirmaron que tenían elementos para vincularlo con maniobras de narcotráfico, aunque aseguraban que lo dejarían en libertad si accedían al pago.

La madre del joven fue citada a la jefatura policial, donde pudo ver a su hijo retenido y dialogar con los captores. Finalmente, durante la madrugada del 24 de febrero, entregó la suma acordada de 240 mil pesos y se retiró junto con la víctima.

La investigación determinó que captaron a la víctima mediante engaño, la redujeron violentamente, la trasladaron a una dependencia policial y la mantuvieron cautiva bajo la apariencia de un procedimiento legal, mientras ejercían violencia física y psicológica y exigían dinero a sus familiares.

La investigación determinó que el ingreso del joven a la dependencia nunca fue asentado en libros oficiales y que no existía orden judicial de detención ni una causa penal abierta en su contra por infracción a la Ley N°23.737 de estupefacientes.

Los testimonios clave y la investigación

El 24 de febrero la víctima declaró ante la justicia y relató que había sido contactada a través de un grupo de Telegram denominado “Flores Tucumán” por una persona interesada en comprar 20 gramos de cannabis. Tras intercambiar mensajes y continuar la conversación por WhatsApp, acordaron concretar la operación en el domicilio del joven.

Según su testimonio, alrededor de las 22.30 llegaron cuatro hombres en un automóvil gris. Uno de ellos ingresó a la vivienda y, con la excusa de completar el pago afuera, lo llevó hasta el exterior, donde el resto intentó reducirlo invocando ser personal policial. La víctima intentó resistirse, perdió su celular en el forcejeo y finalmente fue forzado a subir al auto.

El joven indicó que luego fue trasladado a una dependencia policial, donde lo golpearon, lo desnudaron y le tomaron fotografías. También aseguró que uno de los captores afirmó dedicarse a extorsiones y robos, mientras que el conductor del automóvil dirigía el accionar del grupo.

La madre de la víctima también declaró y aportó precisiones sobre el hecho. Relató que los secuestradores le exhibieron imágenes de estupefacientes y fotografías tomadas en el domicilio familiar para intentar vincularla con actividades ilícitas que ella negó.

Durante la instrucción también declaró un agente que prestaba funciones en la Jefatura de Zona III al momento de los hechos. El testigo identificó a Díaz y Gómez como dos de los oficiales que ese día ingresaron a la dependencia junto a otro efectivo no individualizado y recordó que realizaron llamadas telefónicas dirigidas a familiares del joven retenido, aunque no pudo escuchar el contenido porque hablaban en voz baja. También recordó que Díaz utilizaba habitualmente un automóvil Renault Megane de color claro, que compartía con Gómez para realizar tareas investigativas.

Asimismo, el sereno del barrio privado confirmó movimientos compatibles con el ingreso y egreso de un vehículo en el horario investigado. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron posteriormente analizadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que corroboró la secuencia denunciada.

La fiscalía también verificó, a través de la Unidad Fiscal especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público Fiscal provincial, que no existía ninguna investigación ni orden judicial contra la víctima o su familia.

La fiscalía sostuvo que el joven fue obligado a subir a un automóvil Renault Megane y trasladado hasta la mencionada jefatura. Allí habría sido golpeado, obligado a desnudarse y fotografiado mientras era sometido a agresiones físicas y psicológicas.

Las medidas posteriores derivaron en allanamientos y detenciones de Díaz, Gómez y Jiménez, con el secuestro de teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. El análisis pericial realizado sobre los dispositivos permitió recuperar fotografías de la víctima tomadas el día del hecho y conversaciones de WhatsApp entre los imputados que evidenciaban coordinación operativa y pedidos de dinero vinculados al cautiverio.

A partir de esos elementos, la fiscalía avanzó también sobre el comisario Morales. Según la acusación, las comunicaciones mantenidas con los demás imputados antes, durante y después del secuestro, sumadas al uso de la dependencia policial bajo su mando, contradijeron su descargo. El jefe policial fue detenido en septiembre de 2024 y procesado con prisión preventiva.

Las calificaciones legales

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Chit consideró a Díaz, Gómez y Jiménez coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por haberse obtenido el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales. Respecto de Morales, solicitó que fuera juzgado como partícipe necesario.

Para la fiscalía, los imputados actuaron de manera coordinada y con funciones distribuidas para privar ilegítimamente de la libertad a la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico. La investigación determinó que captaron a la víctima mediante engaño, la redujeron violentamente, la trasladaron a una dependencia policial y la mantuvieron cautiva bajo la apariencia de un procedimiento legal, mientras ejercían violencia física y psicológica y exigían dinero a sus familiares.

En relación con Morales, sostuvo que su aporte resultó esencial al permitir el uso de la dependencia policial, coordinar comunicaciones y avalar el accionar del grupo.

La elevación a juicio

Al resolver la elevación a juicio, el juez Díaz Vélez destacó que los procesamientos con prisión preventiva de Díaz, Gómez y Jiménez como coautores y de Morales como partícipe secundario ya habían sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones.

El juez rechazó los planteos defensivos que intentaban presentar el hecho no como un secuestro extorsivo, sino como un procedimiento policial irregular que debía ser reencuadrado como incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo en concurso ideal.

En ese sentido, remarcó que la víctima fue retenida sin orden judicial ni registro oficial y que los imputados buscaron infundir temor para obtener dinero a cambio de su liberación.

Respecto de Morales, cuya defensa negó una intervención directa, el magistrado valoró las conversaciones mantenidas con los otros acusados, entre ellas mensajes donde autorizaba el uso de la dependencia policial con expresiones como “Meta” y “Dale pa adelante”. También ponderó un mensaje enviado por Díaz durante la noche del hecho que decía: “Tenemos otro en la zona”, posteriormente eliminado del teléfono del comisario.

No obstante, el juez mantuvo el criterio adoptado en el procesamiento y resolvió que Morales deberá responder como partícipe secundario, al considerar que su aporte, aunque relevante, no resultó indispensable para la concreción del secuestro extorsivo.