El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán procesó con prisión preventiva al delegado comunal en funciones del departamento de Chicligasta por secuestro extorsivo agravado. Diego Víctor Figueroa está acusado junto a otras cuatro personas por haber retenido a los dos hijos de un empresario y al chofer del remis en el que se trasladaban, para luego reclamar 7 millones de pesos a cambio de su liberación.

El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2022 en la localidad de Santa Ana. Las víctimas fueron dos jóvenes hermanos, identificados como VHG y FLL, y el chofer del remise en el que se trasladaban, JRO. De acuerdo con su posterior declaración judicial, fueron raptados para luego ser obligados a subir a otro auto donde les vendaron los ojos y los trasladaron hacia un galpón. Desde ese lugar, uno de sus secuestradores hizo una llamada a través del teléfono celular de uno de los hermanos al padre de las víctimas (quien reconoció por su voz al captor) para reclamarle 7 millones de pesos a cambio de la liberación, que incluyó la amenaza de dar muerte a los jóvenes en caso de no hacerlo. Luego de unas horas sin haberse concretado el pago del rescate, las tres víctimas fueron liberadas en Gastona Sur.

A partir de la denuncia del caso, el fiscal federal Agustín Chit solicitó una serie de medidas que incluyeron el levantamiento de evidencias en el auto en que se trasladaban las víctimas, como también la averiguación de la titularidad de las líneas utilizadas y el impacto de las llamadas en las celdas de telefonía celular y ángulo de cobertura, además de su intervención, con modalidad de escucha directa. Todas las medidas estuvieron a cargo del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina, que ya tuvo intervención en otros casos exitosos en esa jurisdicción, con el apoyo de la Unidad Regional Tucumán de la Policía Federal Argentina.

En abril de este año, las víctimas fueron citadas a prestar declaración testimonial y todas realizaron de manera coincidente un relato de los hechos que habían sufrido. Aseguraron que, al ser llevadas al galpón donde las mantuvieron cautivas, sus captores esperaban la llegada de un sujeto al que llamaban “el patrón” o “el jefe”, identificado luego como Diego Víctor Figueroa.

Con las declaraciones se supo que, cuando el padre de los jóvenes secuestrados recibió la llamada extorsiva, contestó al captor: “Yo te conozco, no te metas en cagadas”. Ante este escenario, el sujeto guardó silencio unos segundos y luego cortó la comunicación. A los pocos minutos, el empresario recibió otro llamado, esa vez de un número no identificado, donde otra persona -que resultó ser Figueroa- le preguntó si iba a pagar el rescate y lo amenazó diciéndole: “No te hagas el malo porque nosotros tenemos a tus hijos”.

En la llamada, el secuestrador indicó que para el pago del rescate se debía transferir el dinero a un CBU, pero luego indicó que debía hacerlo en una bolsa de color negra al costado de la ruta nacional 38, antes de llegar a la ciudad de Concepción. El padre de los jóvenes pudo escuchar en la llamada cómo golpeaban a uno de sus hijo, que gritó: “Conseguí la plata que me van a matar”.

Las tres víctimas fueron subidas a dos vehículos distintos con los ojos vendados y recorrieron caminos de tierra durante treinta o cuarenta minutos, en los cuales sus captores pararon para comprar una gaseosa y cambiar una rueda pinchada. Al llegar al final del recorrido, les fue ordenado bajar de los vehículos en un camino de ripio, donde tuvieron que caminar hasta que fueron obligadas a sentarse en el pasto. Al no escuchar más voces, se quitaron los vendajes de los ojos y verificaron que estaban solos, con el remis en el lugar y con las llaves puestas.

De los peritajes realizados en los teléfonos de las víctimas y los de las personas señaladas como sus secuestradores se tuvo por resultado que todos los dispositivos impactaron en las mismas celdas en el día y horas de los hechos. Las tareas de investigación también evidenciaron que los secuestradores mantuvieron múltiples comunicaciones entre ellos durante el transcurso del ilícito y en días posteriores. Entre otras conversaciones, se advirtieron que el empresario había realizado la denuncia en la Policía Federal. En cumplimiento de las medidas de detención y allanamiento dispuestas, en la casa de uno de los acusados se secuestró el teléfono perteneciente a la víctima VHG, que le había sido sustraído al momento del hecho.

De acuerdo con los elementos recabados en la pesquisa, el juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, consideró verificado con el grado de probabilidad suficiente el hecho delictivo y la participación de los acusados, todos ellos en calidad de coautores. Concluyó que la conducta desplegada por los cinco imputados requirió de una organización propia de una empresa criminal, donde cada uno de ellos actuó y realizó su aporte acorde a un plan para alcanzar un objetivo común.

En esa línea, los procesó con prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo agravado por haber participado más de tres personas y embargó a cada uno por un monto de 3 millones. La calificación de los hechos tiene una escala penal de entre 10 y 25 años de prisión.