El fiscal Sandro Abraldes denunció a la ex secretaria de Comercio Exterior Beatriz Paglieri por “cohecho pasivo”. La presentación se basa en lo expuesto durante un juicio realizado este año ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9, donde Abraldes era el representante del Ministerio Público Fiscal. Según la denuncia, dos hombres “vendían” su influencia sobre la entonces funcionaria a otras personas para agilizar trámites relacionados con declaraciones juradas de importaciones.

La denuncia fue presentada ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y por sorteo recayó en el juzgado de María Romilda Servini, con intervención de la fiscalía Nº12, a cargo de Patricio Evers. La presentación abarca a otras ocho personas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y defraudación por remuneración pretextada.

Abraldes señaló que debía darse inicio a una investigación penal para dilucidar “el entramado de negocios” donde diversas personas “accedieron al pedido de dinero de terceros influyentes para hacer valer indebidamente influencia ante un funcionario de gobierno”. Y agregó: “deberá investigarse el comportamiento del funcionatio y explorarse la posibilidad de un acuerdo venal que involucrase la promesa de hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

El origen de la denuncia

A principios de agosto del corriente año comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 un juicio contra cuatro personas acusadas de extorsionar a dos hombres. A medida que pasaron las audiencias quedó verificado que se trataba de otro tipo de maniobra y que los posibles damnificados no eran tales.

Rodolfo Trebino, Jorge Zovich, Javier Buontempo y María de los Ángeles López estaban acusados de obligar a David Héctor Setton y Gustavo Nisim Muhafra mediante intimidación a que suscribieran documentos de deuda contra su voluntad. También, se les imputaba haber obligado a los supuestos damnificados a transferir un auto y darles dinero en efectivo.

Para Abraldes, esta secuencia de hechos no pudo ser comprobada durante el debate pero sí se generó prueba que evidenciaba el funcionamiento de una “gestoría de negocios ilegales”, a cargo del supuesto damnificado Setton y su socio Roberto Bello. Éste último declaró como testigo en el juicio. Fue por eso que, al momento de alegar, el fiscal pidió la absolución por duda de los cuatro acusados mientras que le reclamó a los jueces Jorge Gettas, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez que extraigan testimonios para que se investiguen posibles delitos. El Tribunal no hizo lugar a la petición porque consideró que el Ministerio Público podía promover la acción penal aunque sí ordenó que se investigue a Bello por falso testimonio.

Los hechos

En la denuncia, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 sostiene que, durante 2013, Setton y Bello tenían una oficina en Puerto Madero cuya actividad principal consistía en “operaciones dinerarias” en las cuales se vendía “una influencia” sobre la entonces Secretaria de Comercio Exterior, que estuvo en el cargo entre 2011 y 2013.

La influencia que vendían consistía en la agilización de los trámites relacionados con las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) y las DJAS (Declaración Jurada Anticipada de Servicios). Para esto, Bello invocaba el vínculo que mantenía con Paglieri. La secretaria era la encargada, junto con otras personas, de suscribir las declaraciones juradas que constituían “un núcleo central del modelo económico diseñado de ese momento”.

Para Abraldes, quedó demostrado que Setton y Bello recibieron dinero de diferentes personas, entre los que se encontraban los imputados en el debate Trebino y Zovich, Javier Chemea, Joel Freue y Clara Mollo para “activar los trámites” sobre las DJAI y DJAS. Por esto, percibieron una comisión total de entre el 12% y el 15%. Para llevar adelante este operatoria, contaron con el apoyo del otro supuesto damnificado en el juicio: Muhafra era amigo de Setton y hacía las veces de “corredor” bajo sus órdenes.

 Para Abraldes, quedó demostrado que Setton y Bello recibieron dinero de diferentes personas, entre los que se encontraban los imputados en el debate Trebino y Zovich, Javier Chemea, Joel Freue y Clara Mollo, para “activar los trámites” sobre las DJAI y DJAS.

Los interesados en “agilizar” los trámites provenían del mundo comercial, en su mayoría del rubro textil. La influencia prometida consistía en sortear la restricción a las importaciones que había en ese momento “sobre la base de la relación personal” y no a través del canal legalmente impuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante un expediente electrónico que se activaba para ello.

Según la denuncia, se habrían “agilizado” por gestión de Setton y Bello, “un número indeterminado de trámites, así como también se habría logrado la “autorización” de varias operaciones rechazadas anteriormente. “Se observa la afectación de valores esenciales reconocidos por el orden jurídico a través de conductas que comprometen la irreprochabilidad, transparencia, objetividad e insospechabilidad exigidas por el sistema republicano de gobierno a sus funcionarios y reclamada por la sociedad que debe confiar en sus gobernantes”, sostuvo Abraldes.

La renuncia de Paglieri el 7 de diciembre de 2013 habría sido el punto de quiebre en la operatoria señalada. En el juicio, surgió que ambos habían recaudado una suma cercana a los dos millones de dólares, cuya recepción coincidió temporariamente con el alejamiento de la funcionaria. Esto derivó en la “imposibilidad de obtener un resultado favorable en las operaciones encomendadas”.

Los importes percibidos nunca fueron devueltos a las personas que se los habían dado y a raíz de ellos, se acrecentaron los reclamos. El fiscal afirmó que durante el juicio quedó demostrado que el dinero en concepto de “adelantamiento de trámites” era entregado a “título de pago por servicios” a Setton o a Bello y nunca se documentó, por lo que consideró que se trataban de “transacciones informales propias de un mercado ilegal”.

Medidas y delitos

Abraldes pidió en su denuncia que se solicite a la AFIP todas las constancias de las DJAI presentadas a nombre de Setton, Muhafra, Zovich, Bello, Trebino Mollo, Freue y Chemea. Además, solicitó que se requiera al organismo información sobre si alguna de las ocho personas se encuentra relacionadas a las empresas denunciadas ante la justicia en lo penal económico por maniobras ilegales entre el 2012 y finales de 2015 con relación a las DJAI.

Solicitó que la Secretaria de Comercio Exterior de la Nación envíe todos los registros de operaciones y respaldo documental de las operaciones de importación donde figuren los ocho denunciados. También, requirió que se convoque a declarar como testigo a Augusto Costa, ex secretario de Comercio.

Para el fiscal, Setton y Bello deben ser investigados por el delito de tráfico de influencias pasivo. En cuanto al resto de los imputados, se trataría de tráfico de influencias activo aunque su conducta encuadra además en el delito de dádivas.

Con respecto a Paglieri, consideró que debe investigársela por “cohecho pasivo”, para determinar si pudo haber percibido dinero o aceptado “una promesa directa o indirecta de pago” en concepto de retribución en el marco de un acuerdo en el que se comprometiera a “la realización u omisión de un acto relativo a su función, en particular a la firma de DJAI y DJAS”.