03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el marco de la causas en la que se investiga a la banda de “Los Sampedranos”
Villa 31: el juez federal Ariel Lijo ordenó que las viviendas allanadas sean recuperadas para darles un fin social
El fiscal Jorge Di Lello había realizado el pedido al magistrado semanas atrás. Uno de los domicilios será otorgado a la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración para la creación de una “Biblioteca popular de Derecho”.

En el marco de la causa en la que se investiga a la banda de “Los Sampedranos” por la posible comercialización de estupefacientes, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4, ordenó la entrega de tres domicilios allanados, ubicados en el interior de la villa 31. Uno de ellos será otorgado a la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, a cargo de Julián Axat, para la creación de una “Biblioteca popular de Derecho”, y a las autoridades de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la construcción de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral y un Centro Educativo para Adultos. El fiscal federal Jorge Di Lello, semanas atrás, había solicitado al magistrado recuperar las viviendas para darles un fin social.

En la resolución, Lijo señaló que en los domicilios se verificó “fehacientemente que han servido para el tráfico de estupefacientes”. En este sentido, explicó que “la adopción de las medidas, vale destacar de carácter provisional, aparecen como razonables como vías hábiles para evitar que los domicilios en cuestión sean nuevamente utilizados para actividades ilícitas -al menos hasta tanto persona y/o entidad alguna invoque un mejor derecho sobre las mismas-, con el objetivo pretendido por los organismos antes citados, los cuales en definitiva atienden a la prevención social de adicciones y a la inclusión social de las personas”.

El fiscal federal Jorge Di Lello, había resaltado la importancia de recuperar esos espacios “para luchar" contra las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. El representante del MPF afirmó que “más allá de la incursión judicial tendiente a secuestrar la sustancia prohibida y comercializada, y detener a los responsables de su almacenamiento, fraccionamiento, custodia y/o venta, el Estado y sus operadores –de los cuales este Ministerio Público es parte según mandato constitucional-, debe posicionarse en el asentamiento, recuperar el territorio ocupado por organizaciones criminales para el ejercicio de sus actividades, evitar que vuelvan a desarrollarse, cumpliendo con su función de seguridad y asistencia social allí donde más se la necesita”.

“Biblioteca popular de Derecho”

La propuesta de la Biblioteca, en el marco de la recuperación comunitaria de espacios ganados al las organizaciones narcocriminales, estará orientada asimismo como espacio de encuentro, referencia, recreación (actividades de lectura y proyecciones de películas) y atención cotidiano, a la vez que se dictarán talleres sobre aspectos vinculados a los derechos de las personas que viven en la Villa. Se hará especial hincapié en campañas de prevención en temas vinculados a la recuperación de personas que padecen todo tipo de adicciones, salud mental, trata de personas, violencia de género, ciberdelito, usuarios y consumidores, violencia institucional, etc.-

Por otra parte, la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, a cargo de Julián Axat, buscará convocar a todos los actores sociales comunitarios del lugar, a  reparticiones públicas, para que colaboren con libros, folletos, manuales, cuadernos, cuadernillos para la enseñanza de derechos. Todos y todas podrán retirar el material de consulta asociándose a la Biblioteca.

En el escrito presentado al fiscal federal con la propuesta, Axat hizo referencia a la experiencia de la ciudad de Medellín, a partir de la instalación de bibliotecas populares y espacios culturales de difusión de los derechos ciudadanos en zonas de precariedad-vulnerabilidad. Para el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia, la creación de un espacio cultural de estas características “permite generar herramientas de auto-valimiento y alfabetización ciudadana, proclives a la larga a alejar el aprovechamiento del delito como economía anterior de esos espacios”.