El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 comunicó que la fiscal Dafne Palópoli alegará este martes en el juicio por el femicidio de Micaela Gaona, ocurrido en julio de 2015. La semana pasada, la querella pidió prisión perpetua para el que fuera pareja de la víctima, Alexis Arzamendia. La Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (Dovic) colabora desde el inicio del proceso asistiendo a familiares de la víctima. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres participa de las audiencias de debate.
Los abogados de la querella Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier comenzaron su alegato con la descripción de los hechos. Consideraron que entre la madrugada y la mañana del jueves 23 de julio en el interior de la casa donde ambos convivían, Arzamendia le disparó a Micaela mientras ella se encontraba acostada y en un estado “de absoluta indefensión”. El disparo, realizado a una distancia superior a los 50 centímetros, le provocó una grave lesión en el cráneo y en el cerebro que le generaron la muerte.
Según planteó Berguier, el 22 de julio de 2015 Micaela estuvo hasta las 23 en la casa de una amiga y le contó las circunstancias “difíciles y violentas” que sufría por parte de su pareja, además de la decisión de cortar el vínculo que había tomado. Desde allí, fue a encontrarse con unos amigos. A partir de ese momento, nadie supo más que pasó con ella. Arzamendia, por su parte, dejó al hijo que tenían en común en la casa de la madre de su pareja cerca de las 8.30 y le dijo a la hermana de Micaela que la joven había ido a la obra social.
Señaló la querella que el acusado huyó luego de esto hacia Entre Ríos. El 27 de julio su padre se presentó en una comisaría de Paraná y dijo que su hijo había llegado a la provincia “escapando de la Policía Federal”. “Está claro que Arzamendia huye porque había asesinado a su pareja”, concluyó el abogado.
La Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (Dovic) colabora desde el inicio del proceso asistiendo a familiares de la víctima.
A su turno, la abogada Carpineti relató el circuito de violencia previa en el que estaba inmerso Micaela. Explicó que varios testigos (la madre, una tía, la amiga) dieron cuenta de episodios violentos que sufrió la joven y de cómo ella “aguantaba” la situación. Explicó el compromiso del Estado Argentino frente a la violación de los derechos humanos que implica un femicidio y el deber de juzgar esta clase de delitos. Citó no sólo la ley 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” sino también la que incluyó al femicidio como agravante del homicidio y a la Convención de Belem Do Pará.
Sostuvo que Arzamendia se aprovechó del vínculo de confianza que había entre ellos y utilizó ese conocimiento para cometer el crimen de manera eficaz. Manifestó, también, que el femicidio fue algo “absolutamente premeditado”. Destacó la declaración de la madre de Micaela, quien contó que la joven estaba amenazada por su pareja: “Micaela no era libre en esa relación, no tenía donde ir; muchas mujeres toleran vivir con el violento porque no pueden sostener su situación habitacional”.
Solicitó, entonces, la pena la prisión perpetua por homicidio cuádruplemente calificado por haber sido cometido por un hombre mediando violencia de género, por haberse cometido contra su pareja; por ensañamiento y por haber utilizado un arma de fuego. Además, le requirió al Tribunal una serie de medidas: que se oficie al Poder Ejecutivo una copia de la sentencia por la responsabilidad que tiene el Estado y que se deje en claro la necesidad de contar con oficinas descentralizadas y que sean accesibles a todas las mujeres.
También reclamó que se presupueste la Educación Sexual Integral que permita dar una formación adecuada para docentes, niños, niñas y adolescentes. Le pidió a los jueces Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Gustavo Goerner que envíen una nota al Poder Legislativo para que sancionen la ley que obliga a otorgarle una reparación económica para los hijos de las víctimas de femicidios. Por último, solicitó que se resuelva la privación de la responsabilidad parental de Arzamendia en relación al hijo que tuvo con Micaela.