Entre 2015 y 2023 se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 187 homicidios dolosos con víctimas femeninas, de los cuales 115 corresponden a casos de femicidio de acuerdo a la clasificación por indicadores que elabora la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. De esta forma, la violencia con motivos de género explica el 61% de las muertes violentas intencionales de mujeres cis, mujeres trans y travestis del período.
La estadística, elaborada por la UFEM, se encuentra actualizada en su sitio web, donde aborda los femicidios, travesticidios y transfemicidios, ocurridos durante los últimos nueve años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información recupera y sistematiza los principales resultados de las publicaciones anuales del informe Femicidios y homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elabora desde 2015.
A través de recursos gráficos, la publicación permite una aproximación ágil a la información anual y a su evolución histórica en el período, y brinda elementos relevantes sobre las características de las víctimas, los agresores, los vínculos y las modalidades de despliegue de la violencia letal. La publicación consolida información sobre el desarrollo de las investigaciones judiciales, con datos actualizados sobre la evolución procesal, incluyendo cantidad de sentencias condenatorias con agravantes de género, entre otros indicadores.
Por caso, el 85% de los femicidios fueron cometidos por una persona conocida por la víctima y entre las causales de muerte se destacan los casos de apuñalamiento, golpes y estrangulamiento.
La actualización del estado de las causas judiciales muestra que, ante hechos clasificados por la UFEM como femicidios, se dictaron 58 sentencias condenatorias, de las cuales 30 incluyeron el agravante de género, previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, y otras 11 fueron agravadas por el vínculo, de acuerdo con el artículo 80, inciso 1, del mismo ordenamiento.
La sistematización de la información y su presentación integrada aporta un nuevo elemento de consulta y seguimiento sobre la evolución del fenómeno criminal, para contribuir a la planificación de políticas públicas orientadas a su prevención y sanción.
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