La VI Reunión Plenaria de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que tuvo lugar del 18 al 21 de noviembre pasado en Cartagena, Colombia, tuvo como hito central la aprobación por unanimidad del Protocolo Modelo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual, en el marco de una amplia agenda que incluyó la renovación de la coordinación argentina al frente de esa red y que culminó con una serie de acuerdos en las líneas de acción a seguir. Las delegadas también votaron por unanimidad que la coordinación argentina al frente de esa red continúe por un período más.

La actividad, de la que participaron representantes de 15 ministerios públicos de Latinoamérica, de España y Portugal, se desarrolló en la sede del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los principales acuerdos alcanzados fueron los siguientes:

• Continuar apoyando los procesos nacionales para lograr que los ministerios públicos fiscales cuenten con protocolos o guías de investigación de femicidios, de acuerdo al Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios)” de ONU Mujeres y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
• La aprobación por unanimidad del Protocolo Modelo Iberoamericano para la investigación de casos de violencia sexual presentado en este encuentro plenario y su elevación a la Asamblea General de AIAMP, a través de la Presidencia, para su consideración y posterior aprobación. para que, en caso de así considerarlo, se proceda a su divulgación hacia el interior de los ministerios públicos.
• La aprobación de la labor interredes de la AIAMP que se viene realizando entre la REG, la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM) y la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI) para la identificación de las dimensiones del fenómeno criminal que involucra la participación de mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata de personas que se ven involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas.
• La validación de los documentos elaborados por el Programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe (COPOLAD) denominados La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Diagnóstico regional sobre criminalidad organizada o compleja y género centrada en la trata de personas asociada al narcotráfico y Propuesta de Lineamientos para la Articulación de la Red Iberoamericana de, la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG) para abordar conjuntamente situaciones en las que mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata de personas se ven involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas, y el compromiso de hacer llegar a las autoridades de la Asamblea General de la AIAMP, de manera conjunta con la REDTRAM y la RFAI y a través de la Presidencia, ambos documentos para su consideración y, en su caso, su divulgación al interior de los Ministerios Públicos.
• La validación del informe diagnóstico sobre representación igualitaria, titulado Mapa de género de los Ministerios Públicos de Iberoamérica, como documento reservado de trabajo para análisis de cada organismo y a efectos de incorporar los datos de los países faltantes, con miras a profundizar el análisis cualitativo en correspondencia con los lineamientos de la Recomendación N°40 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
• El inicio de un proceso de construcción de un proyecto de Modelo iberoamericano de Plan de Igualdad para los Ministerios Públicos tomando como referencia los documentos y experiencias ya existentes.

La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, junto a la especialista regional en Erradicación de la Violencia Basada en Género de ONU Mujeres, Leah Tandeter. Foto AECID

Líneas de acción

La actividad desarrollada durante cuatro días en Cartagena incluyó el abordaje de diferentes temáticas. Entre ellas, se abordó la línea de acción referida a la violencia contra personas LGBTIQ+, iniciada a partir de la creación del subgrupo de trabajo específico en la plenaria de 2022. El panel estuvo moderado por la coordinadora de litigio estratégico de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Agustina Calabró, quien resumió el recorrido de la REG hasta incorporar la temática dentro de la AIAMP y destacó el documento diagnóstico, presentado en la reunión plenaria de la red desarrollada en 2023 en Buenos Aires, sobre los recursos institucionales de los Ministerios Públicos para el abordaje de las violencias contra la población LGBTIQ. A continuación, el asesor regional de Derechos de las Mujeres y Cuestiones de Género de la OACNUDH América Central, Pedro Vera Pineda, realizó una presentación protocolar y manifestó el interés del Alto Comisionado en promover esta temática en el ámbito de la REG.

Seguidamente expusieron de manera virtual la especialista líder en Seguridad y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Norma Pena Arango y la consultora del BID Denise Wolfenson acerca del proceso de elaboración de la Guía para la atención e igualdad de trato ante la ley por las instituciones de seguridad y justicia, con enfoque por orientación sexual e identidad de género (OSIEG), en la que colaboró el subgrupo de trabajo de la REG como asistencia técnica.

Por su parte, el consultor de la Red Sin Violencia, Mauricio Noguera, quien también forma parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, compartió los detalles del proceso de construcción del documento Lineamiento Regional para la Investigación y Judicialización Penal de Muertes Violentas de Personas en Razón a su orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, que se está desarrollando bajo el liderazgo de la OACNUDH América Central a partir del caso “Vicky Hernández vs Honduras”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el proceso de construcción de este documento también el subgrupo de trabajo de la REG está brindando asistencia técnica y acompañamiento. 

A modo de cierre del panel, Calabró realizó un resumen de aquel caso, en el que finalmente el Estado hondureño resultó condenado. Asimismo, detalló el caso de Diana Sacayán en Argentina, en el que se logró la condena de los agresores en virtud del trabajo realizado por los operadores del sistema de justicia que tomaron en cuenta el marco jurídico que reconoce la identidad y expresión de género que contempla a las mujeres trans, lo que posibilitó conseguir la primera condena por travesticidio de Argentina.

En segundo lugar, se abordó la temática de violencia digital, en un panel que estuvo al frente de la titular de la UFEM y coordinadora de la REG, Mariela Labozzetta, e integrado también por las especialistas en género del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Eva Villarreal Pascual y Sara Brochet; la representante de ONU Mujeres, Florencia Sotelo; y la Representante Regional para América Latina y el Caribe de Equality Now, Bárbara Jiménez-Santiago.

Villarreal expuso acerca del proceso de trabajo que está desarrollando ese mecanismo de control para la elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia de Género contra las Mujeres Facilitada por las Tecnologías, con el propósito de recibir la opinión de las representantes de la REG acerca de la definición conceptual que propone la ley, así como de sus distintos capítulos y cláusulas en particular. Durante el encuentro, las delegadas formularon observaciones y aportes, que las representantes del MESECVI tomaron como insumo de trabajo.

Por su parte, Sotelo expuso sobre el contexto de violencia digital actual y las consecuencias que se han propagado en los últimos cuatro años. Mencionó la necesidad de darle a esta temática un contexto histórico, considerando que la explosión del fenómeno ocurrió en 2020 producto de la pandemia y de las medidas de encierro obligatorio, lo que facilitó la expansión de la vida social a través de entornos digitales y particularmente de las redes sociales y, por esa vía, la difusión de mensajes y discursos de odio o antiderechos que, si bien ya existían, no contaban con una plataforma de estas características para propagarse. También destacó que el ámbito penal no siempre es el más propicio para dar respuestas a este tipo de violencias; que es fundamental trabajar con los Estados en políticas integrales de prevención y también identificar qué fenómenos pueden tener un mejor curso en el ámbito del derecho civil para garantizar la reparación de las víctimas.

En tanto, Jiménez-Santiago se refirió el trabajo de la sociedad civil a nivel regional y señaló que en este proceso debe mirarse lo que está ocurriendo a nivel global. Detalló la discusión que culminó con el Pacto Digital Global que, si bien no es vinculante, trata la regulación del mundo digital y ha incluido la necesidad de promover la cooperación multilateral para que los Estados puedan compartir evidencias o información de agresores que están en otros países.

En el marco de la agenda pautada, se abordó también la temática de la violencia de género asociada al crimen organizado. El panel fue moderado por Labozzetta, quien explicó el trabajo interredes en el que están participando la REG, la REDTRAM y la RFAI con el apoyo del COPOLAD. Mencionó que ese proyecto está destinado a la elaboración de indicadores para la detección temprana de las mujeres criminalizadas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico que podrían resultar víctimas del delito de trata de persona. Acerca de los resultados de la primera etapa de este proyecto, la consultora de COPOLAD Analinda Solano expuso de manera virtual y brindó detalles de los documentos elaborados en torno a la detección temprana de casos de trata en mercados ilícitos y de mujeres imputadas por narcotráfico, y detalló los lineamientos propuestos: detección temprana con enfoque de género; no criminalización de las víctimas perpetradoras; investigación centrada en las víctimas; articulación interinstitucional; e implementación de las políticas públicas sensibles al género.

La coordinadora de litigio estratégico de la UFEM, Agustina Calabró, moderó el panel sobre violencia contra personas LGBTIQ+. Foto: AECID

A continuación tomó la palabra la coordinadora general de la UFEM, Agustina Rodríguez, quien presentó el trabajo que la coordinación de la REG está programando llevar adelante con el Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (PACCTO 2.0). En esta línea, destacó la inclusión en ese programa de un pilar de género para transversalizar el trabajo que viene haciendo el PACCTO, y resaltó el desafío que representó explicar qué significa incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad en investigaciones de delitos complejos.

Para terminar este bloque, la directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público de Chile, Ivonne Sepúlveda Sánchez, describió los debates producidos en el encuentro con COPOLAD en el que participaron las tres redes de la AIAMP y expresó que el objetivo fue desarrollar una estrategia desde los ministerios públicos para abordar estos casos con perspectiva de género.

Finalmente, se llevaron a cabo los paneles del subgrupo de trabajo de transversalización del enfoque de género en la gestión de los ministerios públicos, coordinados conjuntamente por la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía General de la República de México, Marisol Ruíz Ruvalcaba; la fiscal delegada provincial contra la violencia sobre las mujeres de Cádiz de la Fiscalía General de España, Lorena Montero, y la integrante de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de Argentina, y Patricia Parra.

Durante el primer panel, Ruíz Ruvalcaba presentó los resultados de la Consulta sobre planes y programas de igualdad en los ministerios públicos. Detalló las características comunes de los planes de igualdad vigentes en los Ministerios Públicos de Costa Rica, Chile, Guatemala, España y Uruguay, que cuentan con esta herramienta. Indicó que esos elementos comunes son la capacitación, investigación y persecución de delitos con enfoque de género; la atención a víctimas; la construcción de estadísticas y estudios diagnósticos; la elaboración de compendios de jurisprudencia; la transformación de procesos de reclutamiento, selección y ascensos a cargos con paridad; la conciliación de labores de cuidado con el desarrollo profesional; y el abordaje del hostigamiento y el acoso en el ámbito laboral. En ese contexto las delegadas participantes generaron un debate que terminó con la decisión unánime de avanzar en la elaboración de un modelo de plan de igualdad, tomando como referencia los ya existentes en aras de que sirva para aquellos organismos que no cuentan aún con esta herramienta de trabajo.

En la última jornada, Parra y Montero presentaron los resultados del Informe diagnóstico sobre representación igualitaria “Mapa de género de los Ministerios Públicos de Iberoamérica”, construido con datos de 19 ministerios públicos de la AIAMP. El informe tuvo por objetivo conocer la distribución por género en la estructura de cargos para identificar, especialmente, los niveles de participación de las mujeres en los puestos de decisión de forma comparada, tomando en cuenta las obligaciones contenidas en la CEDAW, especialmente la Recomendación N° 40 sobre paridad de género aprobada en octubre de este año.

Luego del debate se decidió por unanimidad darle continuidad a esta línea de trabajo para construir un análisis cualitativo que permita una comprensión más profunda del por qué en algunas instituciones existen altos niveles de subrepresentación y/o sobrerrepresentación de las mujeres en el ejercicio de los cargos de decisión, en atención al concepto de igualdad de poder contenido en aquella recomendación de la CEDAW, que comprende el análisis de los recursos asignados, el reconocimiento de las funciones desarrolladas, la masculinización o feminización de las tareas, entre otros aspectos que explican de forma más abarcativa la vigencia o no de la igualdad sustantiva en el ejercicio de los cargos.