La Red Especializada en Temas de Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) realizó la primera reunión virtual de 2021, cuya coordinación está desde septiembre del año pasado en manos del Ministerio Público Fiscal de la Nación argentina. El objetivo del encuentro, además de abrir las actividades anuales de la REG formalmente, fue discutir el rol de los Ministerios Públicos frente a las nuevas modalidades de violencia en el contexto de la pandemia de COVID-19 y presentar el plan de trabajo anual de la Red.

De la reunión participaron la fiscal encargada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del MPF (UFEM), Mariela Labozzetta; la fiscal interinamente a cargo de la Dirección General de Políticas de Género, María Piqué; y el titular de la Dirección de Relaciones Institucionales del MPF, Luis Lozano, junto a sus respectivos equipos de trabajo.

Durante la jornada expusieron Agata Szypulska, experta del equipo de violencia del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, y Françoise Roth, consultora de ONU Mujeres. También participaron fiscalas especializadas de los ministerios públicos de Andorra, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Paraguay, Panamá y Portugal y representantes del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.

La especialista Szypulska presentó un informe que da cuenta del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el acceso al sistema judicial por parte de mujeres víctimas de violencia de género. “El desafío de organizaciones públicas y civiles fue la continuidad de la prestación de servicio junto con el incremento del nivel de demanda”, remarcó. Agregó que debieron encontrarse otras maneras de proveer apoyo y mantener el contacto con las mujeres denunciantes.

Habló también de la situación en distintos países de Europa y expuso sobre una serie de recomendaciones para que mujeres y niños/as en situación de violencia doméstica estén mejor protegidos. Mencionó planes de acción a largo plazo y abogó porque los servicios de apoyo sean considerados esenciales para que puedan funcionar durante los períodos de crisis. En tal sentido, puso de relieve la importancia de la financiación y de la utilización de nuevas tecnologías para que las víctimas puedan utilizar distintos canales de contacto.

La abogada marcó la necesidad de implementar medidas no sólo en cuanto a mejoras en los refugios donde son derivadas las mujeres sino en la posibilidad de que se pueda separar a su agresor y que puedan estar seguras en su propio hogar. Por último, hizo hincapié en actualizar los procedimientos de evaluación de riesgo y una mejor capacitación.

En el cierre de la jornada, la fiscal Labozzetta presentó el plan de trabajo para todo el año y las distintas líneas de acción que lo integran, con una planificación mensual y por grupos de trabajo en función de las distintas temáticas. Se refirió en primer lugar a la adaptación del modelo de “Protocolo Latinoamericano Sobre Investigación y Litigio de Casos de Femi(ni)cidios” por parte de los países, sobre el cual ya se ha realizado un diagnóstico del estado de situación de cada uno de los Ministerios Públicos (presentado en la reunión por Francoise Roth). Luego mencionó el eje de medición de femicidios, cuyo objetivo es elaborar un informe sobre los criterios de medición que se utilizan a nivel interno de cada país y formular una propuesta para que se tomen indicadores mínimos comunes a nivel regional.

Otro de los ejes de trabajo de la Red ya se había planteado en las reuniones del año pasado y se refiere a los femicidios en contextos de criminalidad organizada, para lo cual se convocará en los próximos días a la primera reunión del grupo de trabajo. Con respecto a la violencia sexual, el objetivo será elaborar un protocolo o guía de actuación y litigio para ese tipo de casos a nivel regional. Además, se mencionó la importancia de la transversalización del enfoque de género, para lo cual también se ha conformado un grupo de trabajo coordinado por la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación para construir estándares comunes que garanticen condiciones de equidad y paridad de género al interior de los Ministerios Públicos.