La Red Especializada en Temas de Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) realizó ayer la quinta reunión virtual en el marco de su agenda regional de trabajo, en cuyo marco se oficializó el traspaso de la coordinación de la REG del Ministerio Público de Guatemala al Ministerio Público Fiscal de Argentina. 

Del encuentro participaron el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; la fiscal encargada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del MPF (UFEM), Mariela Labozzetta; la titular de la Dirección General de Políticas de Género, Romina Pzellinsky; el director general de Cooperación Internacional de la Procuración General, Diego Solernó; y el titular de la Dirección de Relaciones Institucionales del MPF, Luis Lozano.

En el acto oficial de traspaso expusieron Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del Ministerio Público de Guatemala; la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta; el procurador Casal; la coordinadora del Área de Género de EUROsociAL+, Dominique de Suremain; y la directora adjunta regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Cecilia Alemany.

La primera en exponer fue Vásquez, quien hizo un recorrido sobre las principales líneas de trabajo de los últimos dos años. Cabe resaltar que en 2018 se aprobó la transformación del antes Grupo Especializado en Género en la Red que funciona en la actualidad. La secretaria detalló los avances en la revisión del protocolo regional con perspectiva de género para delitos contra las mujeres y muertes violentas. Hizo hincapié en el desarrollo del Plan Estratégico de Trabajo Quinquenal (2019-2023), cuyo eje central es la investigación, persecución y sanción de la criminalidad de género y reparación transformadora. Recalcó también que el Grupo Especializado comenzó con siete países involucrados y ahora son 17 los participantes.

Luego se expresó la fiscal general Porras Argueta, que formalizó el traslado de la coordinación de Guatemala a Argentina. La jefa del Ministerio Público consideró que se continuarán de manera eficiente los trabajos, los intercambios y los avances en cuanto a incorporar la perspectiva de género en la investigación y persecución penal.

El procurador Casal resaltó a continuación el compromiso tanto de la fiscal general Porras Argueta como de todo su equipo en Guatemala en el avance y las mejoras en la administración de justicia hacia las mujeres. Remarcó la importancia de profundizar la cooperación internacional, ya sea compartiendo instrumentos y experiencias como impulsando las modificaciones legislativas que hagan falta. Hizo hincapié en la capacitación en perspectiva de género para los operadores del sistema judicial y en la asistencia a las víctimas. “A través de nuestras intervenciones y dictámenes seguiremos tratando de guiar y orientar la jurisprudencia de tribunales para que los principios y criterios se consoliden en decisiones judiciales”, manifestó y agradeció al Ministerio de Guatemala por su labor y por la confianza en trasladar la coordinación a la UFEM.

Dominique de Suremain, coordinadora del Área de Género de EUROsociAL+, reiteró su apoyo a la Red y al trabajo que se realizó durante la pandemia, resaltando el cambio cultural que debe hacerse hacia la igualdad y la prevención y sin dejar de lado las sanciones justas para estos delitos y el camino de lucha contra la impunidad.

A su turno, Cecilia Alemany, directora adjunta de ONU Mujeres, describió las dificultades que se visibilizaron durante la pandemia con respecto al acceso a la justicia: "Existen grandes masas de mujeres que no tienen acceso a la conectividad y en eso debemos trabajar en red y de manera conjunta". En ese sentido, si bien destacó las prórrogas automáticas que se dieron en las medidas cautelares en casos de violencia de género en varios países, consideró que se debe evitar que las barreras estructurales que tienen las mujeres en acceso a la justicia se profundicen en este contexto. Por último, manifestó el compromiso de ONU Mujeres en seguir acompañando a la REG en su próxima etapa.

Femicidios en contexto de criminalidad organizada

La segunda parte de la reunión estuvo coordinada por la fiscal Labozzetta, que presentó a las especialistas que iban a exponer sobre una temática que comenzará a trabajarse dentro de la Red. Denise Neves Abade, representante del Ministerio Público de Brasil, expuso sobre la situación que se vive en el Estado de Ceará, donde la cantidad de niñas y adolescentes asesinadas por facciones criminales aumentó del 2 por ciento al 14 por ciento del total de muertes entre jóvenes de 10 a 19 años, detectándose que los femicidios están asociados a prácticas disciplinantes y cruentas hacia las mujeres por parte de las organizaciones criminales de ese país. Contó, además, que el feminicidio está atravesado por las desigualdades sociales y que en Brasil el racismo es un factor determinante.

La fiscala de Guatemala Berónica de León, especializada en femicidios, manifestó que en la experiencia que ha recogido la fiscalía se ha evidenciado que las estructuras criminales reproducen los parámetros que ya se encuentran dentro de la sociedad, donde muchas veces las mujeres son consideradas como un objeto de pertenencia. Analizó los distintos móviles por los cuales se pueden generar estos feminicidios, desde la pertenencia o no al grupo criminal hasta una forma de “advertencia” o mensaje a la sociedad sobre lo sanguinario que puede ser el grupo.

La experta internacional ONU Françoise Roth, consultora de ONU Mujeres, presentó una propuesta elaborada junto con la UFEM sobre el primer trabajo que se abordará desde la coordinación argentina, vinculado con los feminicidios en contexto de criminalidad organizada. El objetivo es dotar de herramientas a los Ministerio Públicos de Iberoamérica de herramientas para la investigación de este tipo de casos. Para ello, se propuso un trabajo en tres etapas: un estudio de base para entender el fenómeno criminal, el desarrollo de encuestas sobre el abordaje de los Ministerios Públicos y, como corolario, la elaboración de pautas de investigación y de litigio de estos casos por parte de los y las fiscalas de la región.