La Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, presentó por quinto año consecutivo el relevamiento anual sobre la situación de las investigaciones judiciales iniciadas por femicidios, transfemicidios y otros homicidios dolosos de mujeres cis, trans y travestis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cometidos entre 2015 y 2022.

El estudio actualizó, a febrero de 2024, la situación judicial de las 162 investigaciones iniciadas entre 2015 y 2022 que comprendieron los casos de 167 víctimas. La UFEM clasificó al 62% de las causas como femicidios, transfemicidios o travesticidios a través del sistema de indicadores de medición, lo que representó un universo de 100 casos con 103 víctimas.

El documento sistematiza el estado actual y el recorrido judicial de las causas que investigan estos hechos, por lo que brinda información consolidada y exhaustiva sobre las respuestas del sistema de justicia sobre este tipo de fenómeno criminal. Cabe resaltar que la producción de información sobre violencia contra personas con identidades femeninas es una obligación que el Estado argentino ha asumido frente a la comunidad internacional (de acuerdo a lo señalado en el artículo 8, inciso H de la Convención de Belém do Pará y lo que se desprende de la Declaración sobre el Femicidio de 2008 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-)

En esa línea, el principal propósito es el de hacer público y continuo el estudio sistemático de las respuestas del sistema de justicia en los casos de violencia letal contra mujeres cis, mujeres trans y travestis en general y, particularmente, de los movimientos relevantes que se produjeron en las causas durante el último año.

Los datos

Sobre el total de 162 casos, a febrero de 2024 se relevaron 89 sentencias: 80 fueron condenatorias y 9, absolutorias. Con respecto al resto, un 15% está bajo investigación o a la espera de juicio (24 causas) y 49 causas fueron archivadas.

En 64 de las 80 sentencias condenatorias se incluyó algún tipo de agravante en su calificación jurídica: en 38 de ellas por vínculo prexistente (artículo 80, inciso 1 del Código Penal) y en 30 por haber sido contra una mujer mediando violencia de género (artículo 80, inciso 11). El 64% de las sentencias condenatorias establecieron prisión perpetua como monto de pena.

En cuanto a los tiempos de tramitación, entre los hechos y la elevación a juicio transcurrieron en promedio 9 meses mientras que entre la elevación y la sentencia pasaron 18 meses. En cambio, el tiempo promedio entre la ocurrencia del hecho letal y el dictado de la sentencia en primera instancia es de 26 meses. Sin embargo, el 84% de las sentencias (75 casos) fueron recurridas a la Cámara Nacional de Casación Penal.

De los 75 recursos de casación, 49 ya fueron resueltos, con un tiempo promedio de tramitación en esta instancia de 31 meses. Durante 2023, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió 11 recursos de revisión sobre sentencias y recibió 8 nuevas presentaciones. En ese mismo período, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió 3 recursos de queja, por lo que permanecen 22 presentaciones ante la Corte a la espera de resolución. En promedio, la Corte Suprema resuelve los recursos de queja en un tiempo promedio de 26 meses.

De acuerdo al informe, si se analizan los plazos de las 10 causas de este universo que al momento del relevamiento transcurrieron por todas las instancias previstas en el sistema judicial, desde el hecho (y la apertura de la instrucción de la investigación) y hasta la resolución del recurso de queja ante la Corte Suprema, se obtiene un tiempo de tramitación de 6 años en promedio. Otros procesos se finalizan en un tiempo menor, ya que aún obteniendo sentencia no son recurridas a Casación y/o a Corte Suprema; o se archivan por sobreseimientos (por salud mental, fallecimiento) y por autor no identificado, entre los principales motivos.

Casos con motivos de género

En el relevamiento, se destacó que sobre las 100 causas clasificadas por UFEM como femicidios, transfemicidios o travesticidios ocurridos entre 2015 y 2022, se alcanzó sentencia en 63 casos: 57 resultaron condenatorias y 6, absolutorias.

En 30 de esos casos con sentencia condenatoria y clasificados por indicadores de UFEM como femicidios se incluyeron agravantes específicos de género, incluidos en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal).

Durante 2023, se realizaron ocho juicios orales por muertes violentas de mujeres cis y trans, con condenas en todos los casos. 7 de ellos fueron clasificados por los indicadores de medición de UFEM como femicidios, aunque solo 3 obtuvieron la correspondiente calificación jurídica.

Al cierre de este informe, otras 6 causas clasificadas como femicidios se encuentran elevadas a juicio (4 de ellas bajo la calificación jurídica por mediar violencia de género) y 7 se encuentran bajo investigación, en diversos estados procesales. Las restantes 24 causas se encuentran archivadas o reservadas, principalmente por sobreseimientos (16) en razón de la salud mental o el fallecimiento del autor del hecho.