La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) elaboró un relevamiento del estado de las investigaciones judiciales por muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2015 y 2020. De acuerdo al trabajo, el 60% de los femicidios/travesticidios ocurridos en ese período cuentan con sentencia

Este año, el informe conforma el primer trabajo de la campaña institucional que realizará la UFEM (a cargo de Mariela Labozzetta), la Dirección General de Relaciones Institucionales y la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, en torno a los 10 años de la sanción de la Ley 26.791, que incluyó las figuras de femicidio, femicidio vinculado y crimen por discriminación de género y orientación sexual en el Código Penal.

Avances de los procesos durante el período 2015/2020

Según el relevamiento realizado, de los 133 homicidios de personas con identidad femenina cometidos entre 2015 y 2020, un 62% fueron clasificados por UFEM como femicidios /transfemicidios/travesticidios, lo que representa 82 casos en 79 expedientes.

En cuanto a la evolución y tiempos de las investigaciones –aspecto sobre el que se hace foco en el informe– el 59% de las causas relevadas del período se encuentran en trámite en distintas instancias del proceso penal: 69 expedientes tienen sentencia mientras que otros 22 continúan en investigación o a la espera de juicio. Las restantes 37 causas (29%) fueron reservadas/archivadas por no haberse identificado al autor o por haberse decretado el sobreseimiento por motivos de salud mental o fallecimiento de los perpetradores de los crímenes.

Con respecto a las personas imputadas, en ocho de cada diez casos se identificó al menos a un autor o presunto autor del hecho. Durante 2021, se identificó a dos autores que aún no habían sido identificados y una persona que estaba prófuga fue hallada.

Entre 2015 y febrero de 2022 se enjuició a 74 personas: 64 fueron condenadas, dos se encuentran sin resolución de imposición de pena al momento del relevamiento y ocho fueron absueltas.

Dentro del informe se destacó que por primera vez desde el inicio de los relevamientos de UFEM no se registraron causas en investigación sobre hechos ocurridos en el año 2015: todas tienen sentencia o ya fueron archivadas/reservadas. “Ello traza una media global de seis años para la resolución de la totalidad de las muertes violentas ocurridas en un mismo año, arrojando una distribución de 6 de cada 10 causas con sentencia y 4 de cada 10 archivadas/reservadas”, se explicó en el trabajo.

En ese sentido, 2021 marcó un récord en la cantidad de juicios y sentencias: se dictaron 23 sentencias por homicidios dolosos de mujeres (femicidios y no femicidios), un 12% más respecto del año anterior. Fueron 21 sentencias condenatorias y 2 absolutorias: 12 casos fueron clasificados por UFEM como femicidios, transfemicidios/travesticidios y 11 como no femicidios Otras 12 causas se encuentran ya elevadas a juicio.

Por este motivo, para febrero de 2022 y respecto del mismo mes del año anterior, creció la cantidad de causas con sentencia para el global del período 2015-2020 y en menor medida aumentaron las reservadas/archivadas. Las causas en investigación se redujeron principalmente en función de la cantidad de juicios celebrados durante el último año.

Desde el inicio de la medición y hasta febrero de 2022, se enjuició a 74 personas: 64 fueron condenadas, dos se encuentran sin resolución de imposición de pena al momento del relevamiento y ocho fueron absueltas. En promedio, transcurrieron 25 meses entre los hechos y la sentencia en primera instancia. Además, el 84% de las sentencias fueron recurridas a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Más del 75% de las sentencias incluyen algún tipo de agravante: el 37% incluye el agravante de género previsto en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal. En siete de cada diez sentencias se fijaron penas perpetuas.

Con respecto a las calificaciones de los casos, más del 75% de las sentencias incluyen algún tipo de agravante: el 37% incluye el agravante de género (inciso 11 del artículo 80 del Código Penal). En siete de cada diez sentencias se fijaron penas perpetuas.

Dentro de los 79 causas que fueron clasificadas por UFEM como femicidios, transfemicidios o travesticidios ocurridos entre 2015 y 2020, se contabilizaron 47 sentencias: 42 fueron condenatorias, cuatro absolutorias y en una se encuentra pendiente la imposición de pena. Eso significa que el 60% de los casos de femicidios tuvieron sentencia (firme o recurrida) mientras que en los otros homicidios dolosos sin componentes de género hubo sentencia para el 45% de los casos.

Si se hace foco en los agravantes, sobre 42 hechos categorizados por UFEM como femicidios, transfemicidios o travesticidios y que cuentan con sentencia condenatoria, en 23 (sólo poco más de la mitad) se aplicó el agravante específico de violencia de género reflejado en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal.

Por otra parte se resaltó que los femicidios/transfemicidios/travesticidios tuvieron un nivel de identificación de los autores del 94%, lo cual contrasta con lo que sucede en los homicidios dolosos de personas con identidad femenina sin componentes de género. Allí, la identificación de los agresores llega al 67%.

La diferencia se explica por varios factores, especialmente el elevado grado de conocimiento y vínculo previo entre víctima y victimario que tienen los casos de femicidios/transfemicidio/travesticidio donde seis de cada diez víctimas tenían vínculos de pareja/ex pareja o familiares con los agresores.

Denuncias e investigaciones judiciales previas en casos de femicidios

En otro de los ejes del informe se resaltó que el 17% de las 82 víctimas de femicidio en la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2020 habían denunciado con anterioridad a los varones que las asesinaron. La existencia de esas denuncias surge, en algunos casos, de la causa donde se investiga el femicidio y en otros, de las bases de datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o del sistema de registro del Ministerio Público Fiscal.

"Una parte importante de las denuncias previas no representan eventos de proximidad temporal con el hecho letal, pero sí expresan la longevidad en los contextos de violencia y agresión que las denunciantes transitaron respecto de sus agresores”, resaltó la UFEM.

Fueron 18 denuncias las que se relevaron: diez mujeres que denunciaron en una ocasión a su agresor y otras cuatro, en dos hechos diferentes. Además, se registraron en tres oportunidades “denuncias cruzadas” donde los implicados accionaron judicialmente contra las víctimas.

La mayor parte de las denuncias fue hecha en comisarías y luego en la OVD. De los 11 casos con intervención de esa Oficina, la evaluación de riesgo realizada por los equipos interdisciplinarios fue altísima o alta en cinco denuncias y media o moderada en las seis restantes.

Al analizar el tiempo de tramitación de las causas civiles y penales iniciadas por las denuncias previas a los femicidios, se observó que el 72% presentaron menos de un año de trámite hasta ser desestimadas o archivadas. Por otra parte, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la denuncia civil y/o penal (considerando la fecha de la última presentación en el caso de víctimas con más de una denuncia) y los femicidios se registró una considerable amplitud de frecuencia, con un mínimo de quince días y un máximo de diez años.

“En este sentido, una parte importante de las denuncias previas no representan eventos de proximidad temporal con el hecho letal, pero sí expresan la longevidad en los contextos de violencia y agresión que las denunciantes transitaron respecto de sus agresores”, se explicó en el informe.

Nueve de las 14 mujeres que denunciaron a sus agresores obtuvieron medidas de protección, con una duración de entre 30 y 180 días. En algunos casos, las medidas alcanzaron también a los hijos/as. El tipo de medida de protección más utilizada es la restricción de acercamiento o contacto con la víctima por parte del agresor, seguido por la exclusión del hogar y el botón antipánico. Cuatro víctimas contaban con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

El tiempo de tramitación de las causas penales iniciadas por estas denuncias fue, en promedio, de 7,5 meses. En la única causa por denuncias previas en la que se obtuvo sentencia, la pena fue dictada en el mismo juicio en el que se condenó al agresor por el femicidio. Las restantes se encuentran en su totalidad reservadas o archivadas: en siete causas con sobreseimiento del agresor (incluyendo un acuerdo de suspensión de juicio a prueba no ejecutado por vencimiento del plazo) y en otras seis causas no se llegó a recibir la declaración indagatoria del denunciado.