El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca continúa recibiendo declaraciones testimoniales en el juicio de la denominada “Mega causa Zona 5”, en el que se juzgan las responsabilidades de 37 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado en esa región.

Las audiencias continúan hoy y las próximas están fijadas para los próximos jueves 18, 25 y 29 de agosto, siempre desde las 9.00, y pueden seguirse en vivo por los canales de Youtube de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal está representado en este juicio por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia, la auxiliar fiscal Paula Daniela Molini y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Luego del receso invernal, las declaraciones se reanudaron el jueves 4 de agosto. La víctima Luis Alberto Devia Devia, quien llegó a Bahía Blanca en el año 1974 escapando de la dictadura chilena, narró que en 1976 vivía en el Hospedaje Cumelén, lugar en el que lo secuestraron el 30 de marzo cerca de las 19.00. Detalló que lo llevaron a un lugar donde lo interrogaron y que allí sus captores “jugaron” con él a la ruleta rusa. Contó que luego fue llevado a una comisaría local, donde se encontró con otras personas que vivían en el mismo hospedaje, también secuestradas.

En la misma audiencia declaró, a través de conexión telemática, José Alberto Beltramini, víctima oriunda de Huinca Renancó (Córdoba), quien al momento de los hechos era estudiante de la Universidad Nacional del Sur. Explicó que fue secuestrado el 1° de marzo 1976 en el marco de un operativo militar y policial realizado en la residencia donde vivía, y que fue encapuchado y llevado, primero, a lo que asoció con el Comando Radioeléctrico de Avenida Alem. Contó que allí le decían permanentemente que “si no hablás con nosotros, los azules, van a venir los verdes y te va a ir peor”. Añadió que luego lo trasladaron a un galpón oscuro y caluroso donde fue brutalmente torturado: “Lo peor fue el submarino seco con doble capucha acordonada en el cuello. Estaba tirado en un catre duro, boca abajo, con las manos atadas a la espalda, y pedía aire, aire, me estaba asfixiando”, recordó Beltramini e identificó este lugar con el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”.

Por el mismo caso ya había prestado declaración el 7 de julio uno de los compañeros de pensión de Beltramini, Horacio Raúl Pérez, quien describió los tres allanamientos ilegales en aquél alojamiento, entre marzo y mayo de 1976 -el primero de ellos por parte del Ejército y los siguientes por fuerzas policiales-, y dio cuenta de las graves secuelas físicas y psicológicas sufridas por la víctima, producto del secuestro.

“Lo peor fue el submarino seco con doble capucha acordonada en el cuello. Estaba tirado en un catre duro, boca abajo, con las manos atadas a la espalda, y pedía aire, aire, me estaba asfixiando”, relató un sobreviviente de "La Escuelita".

Testimonios

En la audiencia del 30 de junio pasado, en tanto, declararon María Andrea y Juan Esteban Gini en relación al secuestro de su madre, Marta Favini, y su tío, Jorge Gini, en la localidad de Huanguelén en octubre de 1976.

Narraron que, para entonces, la familia Gini ya había sufrido el asesinato de Rodolfo Celso Gini –marido de Favini y padre de los testigos– a manos de la Triple A en diciembre de 1974, hecho que fue analizado en el juicio a miembros de esa organización celebrado en también en Bahía Blanca.

El y la testigo explicaron que, tras su secuestro, Marta Favini y Jorge Gini fueron trasladados a la localidad de Pigüé y, posteriormente, al Batallón de Comunicaciones Comando 181 de Bahía Blanca.

Sobre el gran despliegue operativo en Huanguelén, María Andrea Gini describió: “Estábamos en la escuela con mi hermano, nos fue a buscar un soldado con un Fal y nos dijo que saludáramos a mi mamá porque no sabía si la íbamos a volver a ver”. Precisó que a su madre se la llevaron en un Falcon verde y que también secuestraron a su tío y a gente amiga de la localidad. Destacó la impresión que le provocó ver tantos soldados en el pueblo.

Ambos testigos dieron cuenta que, tras la liberación, su madre fue cesanteada de su cargo docente y que la familia atravesó una dura situación de desamparo y desarraigo, luego de tener que abandonar el pueblo.

En esa misma jornada del 30 de junio pasado, declaró un testigo que realizó en 1976 la conscripción en el Batallón de Comunicaciones 181, quien solicitó que su testimonio no fuera difundido.

Durante esa audiencia, el tribunal reprodujo el registro audiovisual de la declaración del exconscripto del Batallón de Comunicaciones 181, Gustavo Florencio Monforte, prestada en el marco del juicio “Armada I”. El testigo relató haber participado en los operativos realizados en Tres Arroyos, Algarrobo y Coronel Dorrego, donde se detuvo a distintos ciudadanos, algunos de ellos víctimas en el juicio en trámite. También detalló que vio, en distintos sectores del Batallón, a personas detenidas en condiciones deplorables y con signos de haber sido golpeadas, y que incluso observó cómo ingresaban a una mujer embarazada en la oficina del jefe de la unidad, el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber.

En la audiencia del 4 de julio pasado declaró Carlos Alberto Paschetta, quien al momento de su detención ilegal —el 15 de diciembre de 1975— era estudiante de Ingeniería Química. Paschetta precisó que fue secuestrado de su domicilio del barrio universitario y llevado a un edificio, donde fue interrogado por una persona que, después supo, era uno de los imputados de este juicio, Walter Bartolomé Tejada (fallecido). Añadió que luego lo llevaron a una comisaría local, en donde constató la presencia de Laura Manzo. Indicó que allí le hicieron observar las torturas aplicadas a una mujer, que no supo si se trataba de Manzo u otra detenida.

En las audiencias del 4 y 7 de julio pasados declararon también víctimas de la Residencia Universitaria Católica “José Manuel Estrada”, sita en calle Zapiola 428 de la ciudad de Bahía Blanca, dependiente de la Curia local. Esos testigos solicitaron que su testimonio no fuera difundido.

De acuerdo con la acusación, en a madrugada del 23 de marzo de 1976 personal del Ejército Argentino y de la Policía provincial desarrolló un operativo en ese pensionado. Los uniformados irrumpieron violentamente en el domicilio, requisaron el lugar y secuestraron a los estudiantes que vivían allí, quienes fueron conducidos a la Comisaría 2ª, donde permanecieron incomunicados aproximadamente tres días. Uno de ellos declaró que fue sometido a interrogatorios y malos tratos, incluso a falta de alimentación.

Un exconscripto del Batallón de Comunicaciones 181 relató que vio en esa unidad a personas detenidas en condiciones deplorables y con signos de haber sido golpeadas, y que observó cómo ingresaban a una mujer embarazada en la oficina del jefe de la unidad.

Otros testimonios recibidos durante las últimas audiencias fueron los de Diana Pizá y Víctor Enrique Tomaselli, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de Bahía Blanca, quienes describieron el contexto de militancia en la ciudad en los años previos a la dictadura e hicieron referencia a la participación de numerosas víctimas cuyos casos se ventilan en el juicio. Los testigos narraron que fueron secuestrados en Trelew, junto al padre de Pizá.

La testigo dio cuenta de la presencia en la Unidad Penitenciaria de Villa Devoto –donde permaneció cautiva– de Graciela Juliá, Laura Manzo y María Emilia Salto, quienes integran la nómina de víctimas de esta mega causa. En su declaración, reflexionó sobre la dictadura y señaló que fue “de a poco armando enemigos internos. Planteaban a las agrupaciones estudiantiles como peligrosas. Nuestro compromiso con la realidad era lo peligroso para ellos… Pibas y pibes que andábamos en apoyo escolar y obra de títeres, éramos el enemigo interno, los elementos subversivos… Eso fue lo que se comunicó y lo que se hizo creer. La mentira se institucionalizó”.

Por su parte, Tomaselli relató que estuvo, durante seis años, en el penal de Rawson, en donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

Registros audiovisuales

En la última audiencia antes de la feria judicial se reprodujo el registro audiovisual de dos testimonios prestados en la causa “Ejército I”, primer juicio de lesa humanidad celebrado en la ciudad. Uno de ellos fue el de Julio Lede, oriundo de Huanguelén, quien fue secuestrado en el marco del mismo despliegue militar y policial en el que resultaron privados de la libertad Favini y Gini. Explicó que fue trasladado desde la comisaría local a Bahía Blanca junto a Marta Bravo, otra víctima de esta causa. El testigo contó que fue mantenido en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181 y en “La Escuelita”, lugar en el que lo interrogaron bajo tortura durante tres días.

También se proyectó el testimonio de Julio Güeper, ciudadano de la localidad de Algarrobo, quien contó que fue secuestrado en septiembre de 1976, en virtud de su ideología política, “ya que militaba en el partido comunista”, según explicó. Güeper también fue llevado al Batallón de Comunicaciones 181.

37 acusados

A la fecha, los imputados son 37 en virtud del fallecimiento de Walter Bartolomé Tejada, quien ya contaba con dos condenas a prisión perpetuas en otros juicios anteriores realizados en la ciudad. Tejada realizaba tareas en el Destacamento de Inteligencia 181 y fue condenado como coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio calificado y sustracción, retención y ocultamiento de menores.