El fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia se manifestaron "muy conformes" con las condenas dictadas ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, que receptó la acusación del Ministerio Público y condenó a prisión perpetua a 18 ex militares y dictó penas de entre 8 y 18 años de prisión para otros cuatro, y además ordenó -entre otras medidas- que el diario La Nueva Provincia rectifique y publique que las personas que durante la dictadura informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Los fiscales destacaron cuatro puntos principales de la sentencia: que sostiene la hipóstesis propuesta por la Unidad Fiscal sobre "el complejo funcionamiento de la Armada en la región" en conjunto con el Cuerpo V del Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Peniteniciario provincial. "Se develó un sistema represivo que en otros juicios no pudimos mostrar", resaltó Palazzani, al tiempo que razonó que "las condenas están mostrando que los jueces aceptaron la hipótesis de la Fiscalía, que explicó durante los alegatos el funcionamiento global de ese sistema y luego la responsabilidad penal de cada uno" de sus integrantes.
Los fiscales resaltaron que el Tribunal, además, "visibilizó la violencia sexual". Los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava condenaron por abusos sexuales a nueve de los acusados por el MInisterio Público durante el debate en el marco de una ampliación. "El Tribunal lo autonomizó como lesión al bien jurídico protegido de las víctimas, que era la integridad sexual y pudimos discutir la violencia sexual contra las mujeres, que fue un colectivo especialmente atacado en el ámbito de los centro clandestinos de detención (CCD)", indicó Palazzani.
La reparación
Otro de los puntos destacados por la Fiscalía es "la fijación como CCD de la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías", luego de que las víctimas reconocieran en lugar. Los jueces requirieron al Poder Ejecutivo que lo estatuya como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado".
Nebbia y Palazzani puntualizaron, por último, que los integrantes del Tribunal adoptaron la "inédita" propuesta de "la reparación a la biografía de las víctimas de este juicio con la orden de rectificar la información" en el diario La Nueva Provincia, "para que diga que fueron fusiladas o ejecutadas".
"Ese derecho de rectificación como parte del derecho a la reparación, es una marca de este Tribunal, que ha venido corriendo el límite en cada uno de los tres juicios que se han llevado a cabo. En cada uno dijo algo importante. A pedido nuestro, también. En este caso los jueces entendieron que el MPF titularizaba la posibilidad de reclamar por las víctimas y le ordena al diario esta rectificación, que es inédita. No conozco una situación igual", señaló Palazzani, y destacó que la sentencia se dio a conocer "en una semana desde donde un editorial de un diario se emprendió contra el proceso de verdad y justicia".
En efecto, los jueces dispusieron en el punto 46 del veredicto que, una vez firme la sentencia, "en el plazo de diez días, el diario La Nueva de esta ciudad (ex “La Nueva Provincia”) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias".
Maridajes
El fiscal Nebbia, en tanto, señaló que "el juicio termina de cerrar la historia de La Nueva Provincia, porque se había visto hasta ahora su relación respecto de las víctimas del Ejército. Y uno sabe que su maridaje con la Marina fue aún mayor y eso ha quedado expuesto".
Por otro lado, Nebbia ponderó "la documentación de inteligencia y legajos de marinos que dieron cuenta de la actuación de la Iglesia Católica en maridaje con la Marina" y, en ese sentido, ejemplificó: "El capellán del comando de Operaciones Navales intervino dos capillas de Punta Alta por la tendencia de los curas tercermundistas de allí. Es decir, desde la Capellanía Naval, la Iglesia interviene dos capillas por su 'actividad subversiva'".
Palazzani y Nebbia destacaron, además, que el resultado de este juicio es la consecuencia de la labor coordinada del equipo de la Unidad Fiscal de esa ciudad. En ese punto, Nebbia resaltó que desde el MPF se llevó adelante "un trabajo personal, metódico, diario, con las víctimas, que junto a los familiares reconocieron el trabajo de la Fiscalía".
Entre los logros del juicio, Nebbia destacó una anécdota que ocurrió ayer en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevó a cabo el juicio: "Uno de los secuestrados le vio la cara después de 39 años a tres mujeres que compartieron el cautiverio con él en la Armada. Estuvo meses secuestrados con ellas, escuchó las voces y ayer le puso rostro a esos comentarios. Es un hombre que vivía en Brasil y vino para conocer a sus compañeros de cautiverio".
18 Perpetuas
Las condenas a prisión perpetua -que, en todos los casos, coincidieron con las requeridas por la Fiscalía- recayeron sobre el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; el ex capitán de navío Enrique de León; el capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; el ex capitán de fragata José Luis Ripa; el ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; el ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; el ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; el ex prefecto Néstor Alberto Nougues; el ex prefecto Luis Ángel Bustos; el ex coronel Carlos Andrés Stricker; el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; el ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Felipe Ayala, y el ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
En tanto, el Tribunal condenó al ex prefecto Pedro Alberto Pila a 18 años de prisión (la Fiscalía le había pedido 25), y al ex oficial Alejandro Lawless, al ex jefe de la Unidad Penal N°4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya, y al ex comisario mayor de la policía provincial, Víctor Oscar Fogelman, a 8 años de prisión. Los fiscales habían requerido para Lawless 19 años, para Selaya 18 y para Fogelman diez años de prisión.
"Esperaremos los fundamentos -se darán a conocer el 1° de marzo de 2016- para evaluar si hay cuestiones que debemos recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, pero estamos muy conformes con el veredicto", indicó Palazzani.