El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, indagó a esta tarde a tres hombres acusados de ser miembros de la Triple A y de haber actuado en crímenes del terrorismo de Estado, quienes fueron detenidos ayer en la misma causa en la que se prevé la indagatoria para el pŕoximo 27 de agosto del presidente de la Cámara Federal de esa ciudad, Néstor Luis Montezanti. Todos están imputados de "haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli se negaron a declarar y quedaron detenidos. Los tres fueron imputados por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani en el marco de la causa en la que el 1° de abril pasado pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".

En aquella presentación, los representantes del Ministerio Público identificaron como líderes de la banda al ex diputado nacional Rodolfo Antonio Ponce y al entonces rector interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu.

En el marco de esa causa, ya se encuentra detenido Héctor Oscar Chisu, otro miembro de aquél grupo que en esa época se desempeñó como personal de seguridad de la UNS. En efecto, los ahora detenidos Curzio, Forcelli y Pallero integraban también la "seguridad" de Tetu. Curzio, además, fue identificado entre "los matones de la patota de la UOCRA" local.

En el auto que ordenó sus detenciones, el juez indicó que los imputados están acusados de haber integrado "una asociación de personas de carácter permanente y de formación parapolicial denominada Triple A conformada para la comisión de hechos ilícitos indeterminados constitutivos de lesa humanida, como parte de un plan sistemático y generalizado de persecución y eliminación de opositores políticos, para infundir temor público mediante diversas acciones, como así también para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor".

"Esta asociación ilícita provista de recursos materiales y de información para el despliegue de su accionar criminal contaba, al menos en la ciudad de Bahía Blanca, con contratos de servicios en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur en favor de algunos de sus integrantes así como con diversos medios (espacios físicos, automóviles, fondos dinerarios, etc.) provenientes desde los mismos sectores, la UNS y desde las propias Fuerzas Armadas y de Seguridad que le suministraban armamentos, desarrollaban actividad de inteligencia, liberación de zonas y aportaban medios logísticos", indicó el magistrado al ordenar las detenciones.