La Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló por mayoría el fallo de la Cámara Federal porteña que había otorgado la prisión domiciliaria al ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, en la causa en la que se lo investiga por homicidios de las víctimas del centro clandestino "Protobanco" (Brigada Güemes) y le ordenó el dictado de una nueva resolución.

La anulación del beneficio al represor se dio por defectos de forma, como la marginación de la Fiscalía en la audiencia previa a la resolución, la falta de tratamiento posterior a sus argumentos presentados por escrito y por tomar en cuenta sólo los dictámenes de los médicos penitenciarios que se pronunciaron en favor de la defensa. Son los profesionales de la salud que están siendo investigados en La Plata por fraguar datos sobre el peso del represor con el objetivo de beneficiarlo.

Con las firmas de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y la disidencia de Juan Carlos Gemignani, para quien corresponde que Etchecolatz permanezca detenido en su domicilio por "razones humanitarias", la Sala IV falló este martes sobre el recurso de la fiscal federal María Ángeles Ramos, quien había pedido que se revocara la domiciliaria dispuesta en segunda instancia.

La decisión de la Cámara de Casación no fue revocar y, por lo tanto, revertir la domiciliaria, sino anular la resolución del tribunal inferior por defectos de forma, de manera tal que el expediente regresará a la Cámara Federal para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

El caso había llegado a la Cámara Federal porteña por la apelación de la defensa de Etchecolatz a la resolución del juez federal Daniel Rafecas, quien había negado el beneficio del arresto domiciliario.

El juez Hornos -que contó con la adhesión de Borinsky- señaló que la Fiscalía se vio privada de participar de la audiencia previa a la resolución del caso por parte de la Cámara Federal, pues se la notificó del día de la celebración pero no del horario en el que debía realizarse, "lo que en efecto privó a la parte de la posibilidad de ejercer los derechos de exposición que la misma normativa prevé". En el mismo sentido, señaló que si bien la Fiscalía pudo presentar su posición en el caso por escrito mediante un memorial, en la resolución objetada "no se advierte que se hayan tenido en consideración -y menos que se hayan rebatido- los argumentos que la parte oportunamente puso a disposición del tribunal".

En efecto, Hornos puso de relieve en su voto que los camaristas federales no trataron los argumentos de la Fiscalía sobre los riesgos procesales que una resolución de este tenor podría acarrear en un caso de crímenes de lesa humanidad. En concreto, la fiscal Ramos había señalado que "el imputado ha integrado el aparato represivo estatal que operó durante la última dictadura militar [...] y que también ha sido entrenado para actuar en la clandestinidad, para eliminar cualquier tipo de prueba o rastro que lo incrimine, y de tal modo fugarse del accionar de la justicia".

No obstante las resoluciones contradictorias de diferentes tribunales, Etchecolatz continúa detenido en el hospital intramuros de la cárcel federal de Ezeiza.

Hornos aseveró que "ninguna de esas observaciones fue tomada debidamente en cuenta en la resolución bajo análisis y ello, así, importó efectivamente un cercenamiento del adecuado ejercicio de los derechos que asisten al Ministerio Público Fiscal en el marco de un recurso de apelación interpuesto por la defensa, amén de un apartamiento de la inveterada doctrina que, para supuestos como el presente, ha establecido la Corte Suprema". De hecho, el máximo tribunal constitucional del país ha establecido en su jurisprudencia que en casos de lesa humanidad deben analizarse especialmente los riesgos procesales.

Por otro lado, Hornos subrayó que la decisión adoptada por la Cámara Federal "reconoce como único basamento fáctico el informe médico de galenos [del Servicio Penitenciario Federal] que asisten cotidianamente a Miguel Osvaldo Etchecolatz, aportado por su defensa pública", con la ausencia del MPF en la audiencia respectiva y "en desmedro del dictamen emitido por los peritos del Cuerpo Médico Forense, contrario a la pretensión de la defensa".

Recursos pendientes

Mientras tanto, en la Cámara de Casación aguardan por una resolución los recursos formulados por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, de la Unidad platense que interviene en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado, quienes solicitaron que se revoquen dos resoluciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata por las que se concedió al ex comisario la prisión domiciliaria en la causa que irá a juicio por los delitos en los pozos de Banfield y Quilmes y en la que fue condenado por secuestros, torturas y homicidios en el "Circuito Camps".

No obstante las resoluciones contradictorias de diferentes tribunales, Etchecolatz continúa detenido en el hospital intramuros de la cárcel federal de Ezeiza por disposición del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien siguiendo el criterio de los fiscales de esa ciudad rechazó el pedido de la defensa en las tres causas en las que se lo investiga en primera instancia por los crímenes en las brigadas de Banfield, Lanús y Quilmes.

Paralelamente, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak investiga, por denuncia y pedido de la Unidad Fiscal de La Plata, si los médicos penitenciarios que dictaminaron en favor de la domiciliaria a Etchecolatz -que le concedió la Cámara Federal porteña y el TOCF 1 platense en diferentes causas- fraguaron datos sobre su peso real con la intención de beneficiarlo. En ese expediente, se analiza la historia clínica del represor, secuestrada en un procedimiento realizado en la cárcel de Ezeiza el 26 de agosto pasado.