El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a prestar declaración indagatoria a tres exmiembros del Ejército imputados en la causa que investiga la sustracción de expedientes y material probatorio vinculado a crímenes de lesa humanidad ocurrido el 8 de octubre de 1984 en el edificio de los Tribunales Provinciales de esa ciudad santafesina.

Se trata de V.H.R., E.R.C. y W.D.P., quienes integraron la estructura del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino. La medida fue dispuesta el 8 de octubre pasado, a instancias de un dictamen del fiscal general Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de Rosario.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían organizado y ejecutado el asalto con el objetivo de sustraer y destruir pruebas obtenidas en distintos allanamientos realizados pocos días antes. Según los testimonios incorporados a la investigación, ese material comprometía a integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Rosario y sus alrededores.

Las nuevas citaciones buscan avanzar sobre las responsabilidades individuales de quienes habrían intervenido en la ejecución del operativo. Según la hipótesis fiscal, el hecho fue cometido por una estructura organizada, integrada por distintos actores que coordinaban sus acciones para sustraer pruebas y obstaculizar deliberadamente el accionar de la justicia.

Las indagatorias de dos exintegrantes del Personal Civil de Inteligencia (PCI), ambos vinculados al grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri y con múltiples condenas en distintas causas, así como la de quien fuera jefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, se concretarán en las próximas semanas.

El asalto a los Tribunales

Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando un grupo armado irrumpió en el edificio de los Tribunales Provinciales de Rosario, ubicado en la calle Balcarce, entre Montevideo y avenida Pellegrini. Para ingresar, sus integrantes privaron ilegítimamente de la libertad al personal policial que custodiaba el lugar y le sustrajeron sus armas reglamentarias.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían organizado y ejecutado el asalto con el objetivo de sustraer y destruir pruebas obtenidas en distintos allanamientos que comprometían a integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en causas por crímenes de lesa humanidad

Luego entraron al Juzgado de Instrucción N°10, de donde se llevaron la causa N°6/84, posteriormente conocida como la causa “Feced”, y elementos probatorios vinculados con esa investigación.

El operativo también comprendió el domicilio de la calle Dorrego 1638, donde el personal policial apostado como consigna fue privado ilegítimamente de su libertad y despojado de su pistola reglamentaria.

La condena a un exjefe de inteligencia

Uno de los antecedentes centrales de la investigación fue la condena a cuatro años de prisión impuesta en 2023 a Héctor Fructuoso Funes, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia (G2) e integraba el Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército. La sentencia N°19/2023 fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, en el marco de un juicio abreviado.

Entre las pruebas consideradas tuvo especial relevancia la documentación presentada por el teniente coronel Luis Américo Muñoz, entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. A través de distintos reclamos administrativos dirigidos a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al presidente de la Nación —en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas—, Muñoz procuró que se revisara su calificación de “apto para continuar en su grado”, que le impedía ascender a coronel.

En un recurso presentado el 15 de mayo de 1989, Muñoz describió dos hechos vinculados con su gestión como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, a los que denominó “Operaciones Especiales”. El segundo correspondía al llamado “Robo a Tribunales”.

Al referirse a ese episodio, sostuvo que había requerido un “gran despliegue de efectivos y medios” y que su finalidad había sido “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos” que buscaban llevar ante la Justicia a personal militar, civil y policial. También afirmó que el operativo había “cumplido ampliamente su cometido”.

Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando un grupo armado irrumpió en el edificio de los Tribunales Provinciales de Rosario, ubicado en la calle Balcarce, entre Montevideo y avenida Pellegrini.

En otra parte de su presentación, señaló que la operación realizada en 1984 había permitido “disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos y llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

En el marco del juicio abreviado, Funes reconoció los hechos que se le atribuían en su declaración indagatoria. De ese modo, se tuvo por acreditada su intervención en la ejecución del operativo, coordinado con el jefe de Operaciones (G3) del Comando del II Cuerpo de Ejército y llevado adelante mediante la jefatura y el despliegue de personal del Destacamento de Inteligencia 121.

La continuidad de las operaciones de inteligencia en democracia

Otro elemento relevante para el avance de la investigación fue el registro audiovisual de una declaración prestada en 1986 ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por Gustavo Francisco Bueno, quien se desempeñaba como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121.

En esa oportunidad, Bueno afirmó que, al menos hasta 1986, “continuaban montados perfectamente elementos de Operaciones Especiales de Inteligencia”. Consultado sobre ejemplos de maniobras destinadas a impedir el avance de la justicia, se refirió al “robo que se produce en Tribunales sobre pruebas que poseía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP).

En su testimonio, describió la composición del grupo responsable del operativo e identificó, entre sus integrantes, a quienes ahora fueron citados a prestar declaración indagatoria. También explicó que el funcionamiento de esa estructura requería el suministro sistemático de información desde los tribunales sobre las causas en las que investigaban delitos de lesa humanidad.