La fiscal federal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y los auxiliares fiscales de la misma dependencia, Esteban Bendersky y Viviana Sánchez, iniciaron el viernes pasado su alegato frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio a cinco acusados por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) "Puente 12", que funcionó en la División Cuatrerismo de La Matanza, dependiente de la Policía Bonaerense.

La exposición del Ministerio Público Fiscal se desarrollará en otras dos audiencias. La próxima se llevará adelante el viernes 1° de marzo, de acuerdo a lo estipulado por el tribunal integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado e Ignacio Carlos Fornari y la jueza Sabrina Namer. En el juicio, se abordan las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, la aplicación de tormentos agravados, los tormentos seguidos de muerte, los abusos deshonestos y los homicidios en perjuicio de 183 perseguidas y perseguidos políticos.

Los acusados son el exteniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino Enrique José Del Pino; el excabo Carlos Alberto Tarantino y el excabo Ángel Salerno, que revistaban en la División Cuatrerismo de La Matanza. A la lista se suman el exoficial de la Policía bonaerense Néstor Alberto Ciaramella; y el excapitán de infantería del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino Walter Roque Minod. También se encontraba acusado el exoficial principal Enrique Osvaldo Gauna pero fue declarada extinta la acción penal en su contra tras su fallecimiento durante el juicio.

El alegato

En el inicio de la audiencia -que fue trasmitida en vivo por Youtube por el medio comunitario La Retaguardia- la fiscalía recordó que los hechos que están siendo juzgados son parte del tercer tramo de los delitos perpetrados en el centro clandestino de detención (CCD) conocido bajo los nombres de "Cuatrerismo", "Puente 12" o "Protobanco". Además, el MPF recordó que ya existen "dos sentencias de tribunal que confirmaron la existencia del sistema represivo y afirmaron la existencia del CCD y la ocurrencia de la mayor parte de los casos que hoy nos toca juzgar".

En este marco, la fiscalía desarrolló los distintos casos y los delitos perpetrados en perjuicios de las víctimas, que sufrieron secuestros, torturas y homicidios y adelantó que la próxima semana abordará la responsabilidades de los acusados. También mencionó los antecedentes relativos a la causa y señaló que ya se cuenta con "la acreditación de un plan sistemático incluso con anterioridad al golpe de estado, el encuadre en delitos de lesa humanidad y como consecuencia la imprescriptibilidad".

"La actuación en el marco del plan cumpliendo distintas tareas en un reparto alternado, sucesivo o conjunto, dentro de un CCD, fue realizada con absoluto conocimiento del plan y en miras de cumplirlo, acompañándose entre ellos. Los agentes policiales que actuaron dentro de la estructura represiva lo hicieron de forma concertada con conocimiento conjunto en los referente a la detención clandestina, mantenimiento de esa situación, tormentos y ulterior disposición de las víctimas", recordó la fiscalía al citar un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre los distintos casos expuestos, se mencionó lo sucedido con los hermanos Néstor Eduardo (30) y Leonardo Blanco (28), víctimas de los delitos de privación ilegal de la liberta y tormentos, por los que deberá responder el imputado Ciaramella. Ambos fueron secuestrados el 8 de noviembre de 1975, como resultado de la caída previa del un colectivo de militancia vinculado al PRT-ERP conocido como "el grupo de la calle Honduras” (sus víctimas forman parten de los hechos abordados en este juicio). La fiscalía indicó que el hermano mayor trabajaba como obrero metalúrgico y militaba en el PRT-ERP y el menor había militado en la Juventud Peronista.  El secuestro fue ejecutado en un operativo de gran magnitud de Ejercito y fueron trasladados a Puente 12 donde fueron torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detenciones. Sobre la secuencia en la cual fueron secuestrados, Leonardo recordó en su testimonio que los uniformados levantaron a su hijo de la cuna y luego lo volvieron arrojar violentamente sobre la misma.

Luego, el MPF detalló el caso de Jorge Ricardo Maeda, un perseguido político de orígenes japoneses e integrante de la agrupación PRT que fue secuestrado y fue llevado a Cuatrerismo donde fue sometido a tormentos y condiciones inhumanas de detención. Maeda permaneció en ese lugar, por lo menos hasta el 16 de noviembre de 1975, fecha en la que fue trasladado a la Brigada de Avellaneda. Además, la fiscalía se refirió a un grupo de 22 militantes del ERP vinculados a la parte logística de la organización que fueron secuestrados entre el 7 y 9 diciembre de 1975 y presentó sus casos de forma unificada ya que comparten prueba en común. Por estos hechos deberá responder Ciaramella y Minod, según cada caso.

El listado de esas víctimas lo integran Juan Eliseo Ledesma, Ricardo Elías Abdón, Alicia Mabel López de Olivera, Ángel Salomón Gertel, Víctor Miguel Pérez Fernández, José María Pellado, Jaime Villamarín, María Josefa Méndez,  Ismenia del Rosario Inostroza, María Cristina Lonardi, Ricardo Cravello, Diana Miriam Triay, Sebastian Llorens, Ofelia Máxima Ruiz Paz de Santucho, María Ofelia Santucho, María Emilia Santucho, María Susana Santucho, María Silvia Santucho, Ana Cristina Santucho, Marcela Eva Santucho, Esteban Abdón y Graciela Inés Santucho.

También, durante el alegato se desarrolló el caso de M.F. (28), una militante de PRT-ERP víctima de privación ilegal de la libertad y tormentos y delitos sexuales. La joven permaneció cautiva entre fines de marzo y abril de 1976 y por esos hechos se encuentran acusados Tarantino, Salerno y Ciaramella.

El centro clandestino

“Puente 12” funcionó en las instalaciones de la División Cuatrerismo de La Matanza, localizada en Autopista Richieri y Camino de Cintura, bajo la esfera de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. En la distribución militar del territorio, el lugar se encontraba emplazado en el área geográfica 114 de la subzona 11, bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. El establecimiento fue conocido originalmente por el nombre de “Cuatrerismo Brigada Güemes”, aunque también adquirió la denominación “Puente 12" por su ubicación geográfica. Ya hay sentencias que probaron el funcionamiento de CCD con anterioridad al golpe de estado de 1976 y en él actuaron en forma conjunta o alternada personal del Ejército, de las policías Federal y bonaerense, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).