El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal dio inicio hoy, mediante la plataforma virtual Zoom, al cuarto juicio oral por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio “Atlético”, que en esta ocasión alcanza a un ex agente policial y un ex militar  Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella.

El agente de la Policía Federal Argentina e integrante de la Superintendencia de Seguridad Federal Miguel Ángel Britos llegó al debate oral acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía, mientras que el integrante del Batallón de Inteligencia 601 Ariel Darío Pituelli por amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad.

Durante la audiencia de inicio del juicio no hubo planteos de cuestiones preliminares y se leyeron los requerimientos de elevación a juicio formulados por el MPF al término de la etapa de instrucción. La próxima audiencia será el viernes 26 de febrero a las 9 30 hs, ocasión en la que Britos y Pituelli podrán brindar sus declaraciones indagatorias.

Según detalló la acusación al solicitar el juicio, ambos imputados integraron las actividades delictuales que dependían del Comando I del Primer Cuerpo del Ejército, vinculadas a la “maquinaria estatal del terror, en tanto engranajes del sistema clandestino de represión ilegal instaurado durante el terrorismo de estado”. El circuito represivo conocido como A-B-O, se denominó secuencialmente "el Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, debido a que cada uno de los establecimientos fue remplazando al anterior. Este juicio corresponde al cuarto tramo de la causa sobre crímenes cometidos allí, aunque los hechos se centran en acciones perpetradas en el primero de esos lugares.

El CCD "Atlético" funcionó hasta diciembre de 1977 en el subsuelo de la División Suministros de la Policía Federal, en la avenida Paseo Colón. Fue desmantelado, ya que lugar se encontraba en el trazado de los planos de la autopista “25 de Mayo”.

Homicidios y coacciones después del cautiverio

A Britos se le imputa su responsabilidad en un operativo ilegal que culminó con el asesinato del perseguido político Eduardo Edelmiro Ruival y la privación ilegal de la militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Adriana Claudia Marandet, quien luego fuera privada de su libertad y está desaparecida desde entonces. Mientras a que Pituelli se le endilga el régimen de coacción que sufrieron las víctimas Alberto Rubén Gildengers y Elsa Liliana Ortega luego de ser liberadas.

La fiscalía sostiene que Britos intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas a Marandet- y en el homicidio -agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas- de su pareja Ruival. El hecho ocurrió el 17 de febrero de 1977 en el domicilio de las víctimas, en la calle Pergamino 397 de Capital Federal.  Según detalló el requerimiento de elevación a juicio, la existencia del operativo ilegal que terminó en una muerte y en una privación ilegal de la libertad ya fue comprobada en el histórico Juicio a las Juntas. Ambos casos recibieron el tratamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al gobierno argentino en noviembre de 1978 que se ponga en libertad inmediata a la señora de Ruibal o someterla al debido proceso y asegurarle condiciones de encarcelamiento que no vulneren los derechos humanos.

En relación a Pituelli, la acusación lo señala por las tareas de seguimiento y control sobre Ortega y Gildengers ejecutadas luego de haber sido liberadas del CCD “Atlético”, entre el 21 de abril de 1977 y agosto de 1977. El objetivo del agente de inteligencia era concretar amenazas con el fin de coaccionar su libertad.  En este sentido, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las víctimas “fueron sometidos a coacciones que se velaban eufemísticamente con la excusa de la protección”. De este modo, Pituelli realizaba a los perseguidos políticas preguntas vinculadas a la convocatoria a “citas” militantes que se vinculaban a “la misma lógica de la represión clandestina sistemática instaurada en los centros de detención y tortura: el terror, la despersonalización y cosificación de las víctimas con el horizonte de su despolitización, su aislamiento y reclusión en lo privado”.

Bajo la fachada de protección y tras la liberación, para el MPF se produjo "la despersonalización y cosificación de las víctimas con el horizonte de su despolitización, su aislamiento y reclusión en lo privado"

“Fue en ese contexto de absoluta vulnerabilidad y temor que Ortega y Gilgengers fueron colocados bajo la ´protección´ de Pituelli, de modo que los controles ejercidos por Pituelli, configuraron un estado de amenaza permanente, latente, destinada a coartar su libertad en un sentido mucho más amplio que la mera locomoción, ligado a la posibilidad de desarrollar un plan de vida autónomo”, explicó en la pieza el MPF.

Circuito A-B-O

El circuito represivo A-B-O tuvo inicio a mediados de 1976. El primero CCD en entrar en actividad del circuito mencionado fue "Atlético", que funcionó hasta diciembre de 1977 en el subsuelo de la División Suministros de la Policía Federal, en la avenida Paseo Colón. Fue desmantelado, ya que lugar se encontraba en el trazado de los planos de la autopista “25 de Mayo”. Cuando la obra vial fue construida la edificación fue demolida. Las víctimas fueron trasladas unos meses déspues al “Banco”, ya que “Olimpo” todavía se encontraban en preparación para ser convertido en un CCD.

De esta manera, “Banco” funcionó entre fines de 1977 y mediados de 1978, en un predio rodeado por edificaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en las cercanías de la Autopista Ricchieri. Finalmente, el 16 de agosto de 1978 comenzó la actividad delictual en “Olimpo”, localizado Lacarra y Ramón L. Falcón, en el barrio porteño de Floresta. El establecimiento concluyó su funcionamiento a inicios del año 1979 con su desmantelamiento. En "Olimpo" el sistema organizativo represivo ilegal contaba con una mayor organización que en los predios anteriores. A modo de amedrentamiento, el CCD tenía una sala de inteligencia con un cartel que rezaba “Bienvenido al Olimpo de los Dioses”, firmado por “Los Centuriones”. En los tres centros fueron perpetrados múltiples crímenes de lesa humanidad: privaciones ilegales de libertad, torturas, asesinatos y violencia sexual, entre otros delitos.